La XV Legislatura del Congreso de Baja California Sur, integrada en su mayoría por legisladores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y afines a este partido, aprobó el 10 de diciembre de 2020 el proyecto de ley para el paquete económico del ejercicio fiscal de 2021, que incluye la Ley de Ingresos así como el Presupuesto de Egresos, y lo envió al gobernador para su publicación. El Poder Ejecutivo, además de “vetar” lo aprobado por el Congreso, ejerciendo abuso de poder político, está en el fondo y en las formas usurpando las funciones del Poder Legislativo para comunicar actos de gobierno.

El gobernador Carlos Mendoza Davis, del Partido Acción Nacional (PAN), contraviniendo el mandato constitucional estatal, no publicó el paquete económico, desacatando el ordenamiento que se establece para el titular del Poder Ejecutivo en el artículo 79, fracción II de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur. En cambio, el 31 de diciembre emitió un comunicado en la página de internet del gobierno (http://www.bcs.gob.mx/noticias/veta-gobernador-presupuesto-y-ley-de-ingresos-aprobados-por-el-congreso-estatal/), que fue replicado en la página gubernamental de Facebook y en su página personal. El mandatario informó sobre su decisión de “vetar” el Presupuesto y la Ley de ingresos aprobados por el Congreso y estableció que ejercería el presupuesto repitiendo la distribución económica del paquete fiscal de 2020.

Mendoza Davis se adjudica prerrogativas legislativas que no le corresponden, ya que sus atribuciones en cuanto al manejo de los proyectos de ley o decretos emanados del Congreso, aunque sí contemplan el veto parcial o total de éstos, requieren de un proceso que Mendoza está omitiendo, y que se establece en el artículo 60 de la Constitución. Si el gobernador está inconforme, su único derecho es plantear modificaciones o el veto total en referencia a lo aprobado por los legisladores y debe mandar sus peticiones al Congreso, mismas que pueden ser aprobadas o desechadas. Para ello se requiere que dos terceras partes de los diputados estén a favor o en contra. Si se desechan los requerimientos del inconforme, los diputados regresarán el proyecto al Poder Ejecutivo y el gobernador está obligado a publicarlo oficialmente.

Con este acto Carlos Mendoza Davis abona a un historial de confrontación con el Poder Legislativo; hasta la fecha no ha publicado 17 proyectos y decretos emanados de la XV Legislatura. El pretexto para “vetar” el paquete fiscal se basa en un supuesto que entre otras cosas dice que: “El Congreso ha pasado por alto el derecho de las y los sudcalifornianos a recibir servicios de calidad por parte del gobierno estatal. Sin cumplir con lo que la ley dispone; sin ningún tipo de estudio o análisis en materia de planeación, programación, presupuestación y evaluación; en un claro acto de intromisión en la esfera de competencia del Ejecutivo y, con absoluta irresponsabilidad, abandona a la gente y a sus necesidades al reducir en 60 por ciento el capítulo 3000 del presupuesto relativo a los servicios generales de las dependencias del poder ejecutivo”. Con lo anterior el gobierno estatal se refiere a una reducción de 400 millones de pesos al presupuesto que solicitó, aduciendo que con ello se afectará a servicios de salud, seguridad pública y educación; aunque en sus afirmaciones hay inexactitudes que pueden generar falsas impresiones en la ciudadanía.

De acuerdo con los diputados de mayoría del Congreso, el presupuesto aprobado no fue recortado, ya que autorizaron un incremento de 130 millones de pesos al monto planteado por el Poder Ejecutivo, que fue de 17 mil 140 millones 655 mil 604 pesos, en total 17 mil 270 millones 655 mil 604 pesos, pero con una redistribución de los montos sugeridos por el Ejecutivo. Trasladaron 170.8 millones de pesos del capítulo 3000, que corresponde a gastos generales, al capítulo 6000 que maneja la inversión pública; mientras que 130 millones del impuesto al turista se agregan al capítulo 7000 que corresponde a inversiones financieras y otras previsiones. Por lo tanto, señalan que el capítulo 3000 no fue reducido en un 60 por ciento y en cambio fue disminuido en un 38 por ciento. Monto retirado a operaciones como gasto en telefonía, energía eléctrica, servicios postales, arrendamiento de vehículos, servicios de comunicación social y publicidad, entre otros; que en su mayoría corresponden a erogaciones ejercidas por el personal del Ejecutivo. Cabe enfatizar que ese porcentaje lo destinaron a temas prioritarios para el desarrollo social: construcción de pies de casas, pavimentación e implementación de drenajes, rehabilitación de espacios deportivos, construcción de techumbres escolares; así como para la atención prehospitalaria de la población y para dar apoyos a maestros monitores, a médicos y a miembros de la Secretaría de Seguridad Pública; además de que una parte se destinaría para el soporte económico de La Casa del Estudiante Sudcaliforniano, la electrificación de la Isla Natividad y la elaboración del Plan Hídrico Estatal, entre otros apoyos a los sectores de salud, educativo y de seguridad pública. (https://www.cbcs.gob.mx/index.php/boletines-2022/5354-presupuesto-2021-no-afecta-educacion-y-salud-recortes-solo-a-gastos-suntuosos-diputados-de-mayoria).

El gobernador, además de desacatar la ley al “vetar” el presupuesto aprobado por el Congreso, está comunicando los hechos legislativos desde una perspectiva que tergiversa la realidad. Por si lo anterior no fuera ya alarmante, ha comunicado la acción del supuesto veto en la página oficial del gobierno, así como en las redes sociales, empleando una fotografía en la que aparece en su despacho y en la misma se observan algunas irregularidades. En las redes sociales los internautas dicen que la imagen fue “photoshopeada” y es que en la misma se aprecia una guayabera azul, pero en el escritorio, sobre el que presuntamente Mendoza “veta” el paquete fiscal, se refleja una guayabera blanca. Asimismo, en otros actos de gobierno se ha mostrado una imagen extremadamente similar, en la que el atuendo es blanco como en el reflejo. Gobernar desde el photoshop, transgrediendo la Constitución y contra el desarrollo social es el actuar del PAN en Baja California Sur. Sólo falta ver si el Honorable y vilipendiado Congreso ejerce acciones contundentes como corresponde.

Roberto Galindo*

*Maestro en ciencias, maestro en apreciación y creación literaria, licenciado en arqueología