No hay juez más benévolo que el que juzga su propia causa
(por eso Anaya alaba tanto su tribunalito)
Los derechos de la mujer deben salvaguardarse.
La lucha de la mujer por la igualdad frente a los hombres es de las más importantes que se desarrollan a lo ancho y a lo profundo de la geografía planetaria. A diario vemos cómo se le discrimina y se le otorga un trato indigno de su condición de persona titular de derechos. Es legítimo su reclamo de trato equitativo en todos los espacios de la vida social.
Sólo que junto al feminismo congruente ha surgido una tendencia a usar el tema para señalar a los hombres como intrínsecamente perversos, incapaces de entender al otro género y predispuestos a perpetrar agresiones incluso delictuosas en contra de cualquier mujer. Invocando las convenciones internacionales y las normas nacionales que protegen a las mujeres, se tergiversan los hechos y se desnaturaliza una lucha por demás válida.
Es muy valioso que se estén creando mecanismos para proteger a la mujer de actos de acoso, hostigamiento o cualquier forma de abuso en contra de su persona, de su integridad y de sus posibilidades de desarrollo. Pero también hay que prevenir el mal uso de esos mecanismos protectores, para que no se fomente el odio hacia el hombre. Todas las mujeres merecen iguales consideraciones, aunque no odien al género masculino.
En las universidades mexicanas se están presentando casos auténticos de asedio a las mujeres, aunque también falsas imputaciones originadas en frustraciones mal manejadas y en intereses mezquinos. Es inaceptable, por absurdo, cuando se dice que ninguna mujer miente cuando acusa a un hombre de asuntos sexuales (y su correlato de que todos los hombres mentimos cuando rechazamos imputaciones de orden sexual hechas por mujeres).
La protección de los derechos de la mujer debe ser cuidadosa, para no desvirtuar el sentido de la lucha auténticamente feminista, que de ninguna manera se plantea como la “guerra de los sexos”. Mujeres y hombres somos complementarios, y así es como deben entenderse los derechos de unas y otros.
Contra estos principios lógicos y jurídicos, Federico Anaya Gallardo [encargado de la Oficina del Abogado General] creó un tribunalito en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), arrogándose derechos que ninguna disposición legal le confiere.
El tribunalito del “encargado”
Emocionado porque ocupa una posición que considera “de poder” en la Universidad, Anaya se lanzó a la aventura de crear un tribunal para resolver casos de acoso sexual, hostigamiento sexual, abuso sexual y acoso laboral. Pronto se dio cuenta de que no existe nada al respecto en la UACM (“no está reglado”, dijo), pero eso no lo arredró y decidió, de inicio, legislar. Como se le fue ocurriendo, fue dictando normas que sólo él conocía y que él interpretó y aplicó. Lo dispuesto por el Artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le pareció un obstáculo fácil de remontar.
Su primera “genialidad” consistió en hacerse asesorar por la representante legal de las mujeres denunciantes. La intervención de Andrea Medina Rosas se presentó como “garantía de imparcialidad”. De ahí pasó a contratar a un “grupo de expertas” en temas relacionados con la materia, mismas que propusieron las acusadoras –al menos a una– y que él pagó con generosidad, a cuenta de la UACM, por supuesto.
Quiso encontrar un aval moral a sus actos, pero no consiguió que Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), AC, lo acompañara. Tampoco eso lo hizo desistir en su propósito de pasar a la historia como creador de leyes, de instituciones y de procedimientos.
Para que nada escapara a su control, se convirtió en defensor de las “víctimas”, en Ministerio Público, en juez y en magistrado de apelación (pues aseguró que su juicio fue biinstancial). También afiló la guillotina, auxiliado por su colega Héctor Nezahualcóyotl Luna Ruiz, y dictó y aplicó la sanción: despido sin pruebas, basado en sus percepciones y “constataciones”.
Derrochando autoritarismo, Anaya Gallardo hizo a un lado la propuesta de que el obispo Raúl Vera fuese parte del jurado, desechó una veintena de pruebas, ofreció asesoría a las denunciantes incluso para que una de ellas fuese aprobada en su dictaminación. Y ahora quiere que su “obra” permanezca para siempre, cuando la apruebe el Consejo Universitario.
Las autodelaciones de Federico Anaya
El encargado de la Oficina del Abogado General (¿no habrá en la UACM juristas capaces de ejercer ese cargo?) rindió un informe a una Comisión del Consejo Universitario, que sólo fechó en mayo de 2014. En él se delató en varios temas:
1. Él es el “representante” de la Universidad. Habla de ella en primera persona, identificándola con su puesto burocrático.
2. Él ordenó, el 5 de mayo de 2014, la publicación de la resolución completa que rescindió mi contrato de trabajo. Con ello violó las medidas precautorias ordenadas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
3. Hace explícito su desprecio a mi esposa Adriana Terán Enríquez, llamándola “su mujer”. También califica de “execrable” la insistencia de esta maravillosa dama de que se tome en cuenta su denuncia de mobbing. Más notoria no podía ser la parcialidad del “encargado”.
4. Acusa al doctor Hassan Dalband de haber violado la confidencialidad, pero omite decir que fue Clemencia Correa quien lo hizo. Desde entonces comenzó la difamación contra mi persona.
5. Pretende decir que las sanciones que se me impusieron (90 días de suspensión de mis derechos como académico) no fueron sino “una Comisión para Defensa por 70 días”. Se trata de una sangrienta burla, como ahora que dice que no importa que me haya despedido porque todavía puedo defenderme ante los tribunales del Estado.
6. Desechó la participación del obispo Raúl Vera y de Consuelo Mejía, argumentando “que el comité propuesto no era un panel de negociación…” Pero no explicó por qué aceptó la propuesta de las imputadoras de que Alejandra Moreno fuera parte de sus “expertas” (¿qué negoció con ellas?). Tampoco explicó por qué convirtió el dictamen de ese comité en una prueba pericial. Ni clarificó el fundamento legal de su decisión de pagar los honorarios de esas “expertas” (por cierto, con generosidad, pues sólo hicieron cuatro entrevistas).
7. Acepta que fue él quien decidió escuchar la opinión de Carlos Fazio, cuando sus “expertas” dijeron que yo lo propuse desde el principio. No le importa que mientan de forma descarada; de todas formas les otorga plena credibilidad. Y tampoco recuerda que la abogada Medina interrogó a Fazio por 12 horas e hizo una pregunta policiaca refiriéndose a grupos armados del estado de Guerrero con los que yo tendría vinculación.
8. Asegura el encargado que mientras lo declarado por las falsas denunciantes mantuvo coherencia y consistencia, lo que dijimos Fazio y yo no fue creíble. Olvida que no es al acusador, a quien corresponde probar su inocencia, sino a su acusador la culpabilidad. Y la más importante confesión del ciudadano Anaya es que nunca hubo pruebas (porque nunca existieron los hechos imputados).
9. Traicionó el subconsciente al “encargado”, al sostener falsamente que yo llamé “perezosas, desorganizadas y mentirosas” a las señoras Correa y Rodríguez.
10. Se quiere cobijar el “encargado” con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Pero confiesa que no sabe qué me imputan, en concreto, las falaces acusadoras. Dice que fue “más de dos veces”; sin precisión de tiempo, lugar y modo.
Viene una larga lucha jurídica
Llegó el momento de presentar las demandas y quejas: laboral, civil, en derechos humanos, contra la discriminación y tal vez penal. Con paciencia, recordando que algunos casos han tardado hasta 40 años en resolverse en el ámbito internacional.
Hay quienes se han declarado en contra nuestra. Veinticuatro profesores de la UACM se sumaron al gang asediador que encabezan Clemencia Correa y Carmen Rodríguez, pero fuertemente apoyadas por Enrique Dussel y Federico Anaya Gallardo. Trataremos de probar el mobbing que intenta destruir mi familia, mi carrera académica, mi crédito como hombre honrado y respetuoso con todas las mujeres del planeta. Grupos defensores de derechos humanos (como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez) se lanzaron a criminalizarme sin escuchar mi versión de los hechos; mal precedente.
Otros juegan a la neutralidad, confiando en que los tribunales de Estado reparen el enorme daño que causó el “encargado” Federico Anaya, por órdenes de Enrique Dussel.
Por mi parte, no me suicidaré, no dejaré que me etiqueten como acosador sexual, no abandonaré mi vocación de lucha por los desposeídos, no permitiré que dañen a mi familia y no renunciaré a mi vida como profesor de hombres y mujeres a quienes seguiré dedicando lo mejor de mi esfuerzo hasta el último aliento.
23 de junio de 2014.
*Doctor en ciencias políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México
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