Crece la hostilidad de Washington contra México y el mundo. En esa situación, lamentablemente dependemos alimentariamente de Estados Unidos. Y eso es muy peligroso.

Cada nación debe ser capaz de producir sus propios alimentos sin depender del extranjero; sobre todo, si esos vecinos han sido abusivos. México debe ser capaz de alimentar a sus casi 130 millones de habitantes. Para lograr la soberanía nacional, es indispensable la soberanía alimentaria.

Sin soberanía económica, no existe la soberanía política. Los dos pilares de la economía son la energía y alimentos. ¡No podremos tomar nuestras propias decisiones si es el caprichoso y violento vecino el que nos da de comer!

Además de ser estratégica, prioritaria, la alimentación es un derecho humano irrenunciable. De igual manera, se añade el hecho de que puede ser imprescindible para la descontaminación del ambiente y el combate contra el calentamiento global.

En 2022, México importó 17 millones de toneladas de maíz amarillo. En 2023, subió a 19 millones 700 mil toneladas. Y, en 2024, principalmente de Estados Unidos, se disparó a 23.9 millones de toneladas según información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

México se ve obligado a importar, a precios altos, cereales y granos básicos, debido a que la producción interna es incapaz de cubrir la demanda local. Importa el 83 por ciento del arroz, y el 65 por ciento del trigo que se consume.

Las compras al exterior de agroproductos siguen en aumento. El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) informó que, además de ser el primer importador de maíz, México es el tercero en sorgo –usado para el sector pecuario–, pollo y cerdo; noveno en trigo; décimo en arroz;  y sexto en res.

En 2024, las importaciones de maíz en México alcanzaron un valor de 5 mil 366 millones de dólares. Este valor representa un aumento del 7.6 por ciento en comparación con el año anterior. Y para 2024, se aumentó debido a la sequía y a la menor producción, como sucedió en Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. Es grave que el 94 por ciento de los envíos provinieron de Estados Unidos.

La situación es patética, pues ya hemos desplazado a China como el mayor comprador mundial del grano, aun cuando ellos tienen 1.400 habitantes; y nosotros, 10 veces menos. La tierra del maíz… ¿importando maíz?

Hace más de 8 mil años en Tehuacán, Puebla, nuestros antepasados inventaron un nuevo híbrido, el maíz, al combinar dos plantas silvestres el teocintle y el tripzacum. México es la tierra del maíz, y se lo dimos al mundo.

Desde el siglo XIX hasta la época del neoliberalismo, exportamos maíz. Es claro que debemos y podemos ser autosuficientes. Sin embargo, tras habernos endeudado, a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, Washington dictó lo contrario. Buscó que el negocio fuera para las corporaciones estadunidenses. Hoy debemos romper con estos planes de especular con nuestra alimentación.

Además del maíz, los productos alimenticios se han encarecido. México importa, a precios altos, cereales y granos básicos, debido a que la producción interna es incapaz de cubrir la demanda local.

El 85 por ciento del maíz transgénico que se produce en Estados Unidos es tolerante al glifosato. Este plaguicida penetra en las plantas y llega a los granos. Esto envenena nuestras tortillas y a los otros alimentos hechos.

Actualmente, existe un panel de solución de controversias entre los gobiernos de México y Estados Unidos sobre las importaciones de maíz transgénico al mercado mexicano.

En diciembre de 2024, el panel emitió un informe final. Determinó que las restricciones impuestas por México a las importaciones de maíz transgénico, basadas en el decreto presidencial de febrero de 2023, no tienen fundamento científico suficiente y violan los compromisos comerciales con Estados Unidos y Canadá, según fuentes.

La secretaría de Economía no emitió comentarios sobre el informe final, lo que ha sido un duro. No debe ser que un tribunal extranjero esté por encima de los intereses de México y de su soberanía.

Además para garantizar el abasto de carne de cerdo y pollo, trigo, leche en polvo o fórmulas, cereales, soya, pescado, semillas, frutos oleaginosos y frutos diversos, azúcar procesada, edulcorantes y productos de confitería dependemos de las importaciones, a pesar a tener un alto potencial agropecuario. Las frutas, los frutos secos y las verduras también se importan en demasía.

A fin de cuentas alrededor del 50 por ciento de nuestros alimentos provienen del extranjero. En 2024, las importaciones de alimentos de México alcanzaron los 46 mil 284 millones de dólares, un aumento del 6 por ciento en comparación con el año anterior, según La Jornada.

Este valor representa un nuevo récord en las importaciones agroalimentarias del país. Para colmo, el valor de las importaciones de enero a abril de este año alcanzó 3.898 millones de dólares; 4.2 por ciento más al comparado con el mismo periodo de 2024.

Y si bien en el sector agropecuario México tiene un superávit de 7.795 millones de dólares en 2024, se logró a costa de producir lo que demanda el pueblo estadunidense. Lo lógico y necesario es que la producción agropecuaria satisfaga primero las necesidades alimenticias de nuestra población.

Así se le ha dado prioridad a la producción de cerveza, aguacate, tequila, mezcal, jitomate, pimiento y frutos rojos como los berries; además tienen un alto costo ambiental.

Según Juan Luis Hernández Perez, se calcula que 20 grandes corporaciones controlan el mercado agroalimentario mexicano: Maseca, Bimbo, Cargill, Bachoco, Pilgrims Pride, Tysson, Nestlé, Lala, Sigma, Monsanto, Archers Daniel’s Midland, General Foods, PepsiCo, Coca­ Cola, Grupo Vis, Grupo Modelo, Grupo Cuauhtémoc, Walmart, Kansas City y Minsa. Son las beneficiarias de la actual política agropecuaria.

Desgraciadamente, los productos básicos fueron relegados a un segundo plano. Esta política debe de variar y garantizar primero la producción de productos alimenticios básicos.

Tenemos tierra. En un país de casi 200 millones de hectáreas, con 88 millones con vocación agropecuaria, apenas se siembran 18 millones, y se irrigan sólo 6 millones.

Además tenemos suficiente mano de obra. En México, pueden trabajar 100 millones de personas. Aunque la Población Económicamente Activa –aquellos que tienen o buscan trabajo–, son 60 millones, apenas 5 millones 500 mil trabajan en el campo.

Se puede duplicar la tierra sembrada y triplicar las personas que trabajan en el sector agropecuario. El Estado tiene la obligación de invertir lo necesario para un proyecto de soberanía alimentaria.

No nos dejemos engañar con las cifras “macroeconómicas” que esconden una realidad. Los únicos beneficiados en la actualidad son las grandes corporaciones a costa de nuestro desarrollo productivo.

En el campo, se han consolidado grandes corporaciones agropecuarias frente a un 75 por ciento de productores de subsistencia, y 55 por ciento de la población rural en la pobreza.

Tan sólo en el caso del maíz, cuatro grandes empresas, Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill y Louis Dreyfus, conocidas como las ABCD, controlan una parte significativa del comercio internacional de granos. Tienen influencia en la determinación de los precios internacionales de los alimentos (Oxfam y RedPar).

Y en México, de acuerdo con Juan Luis Hernández Pérez, son cuatro las empresas que controlan 66 por ciento de la oferta y la distribución del grano (nacional e importado): Maseca, Cargill, Minsa y Archer Daniel’s Midland. Además, como lo señalamos, acaparan el agua.

Hace falta que el Estado invierta lo necesario para lograr la soberanía alimentaria y apoyar al mediano y pequeño productor. Se argumenta que no hay presupuesto, pero… ¡Sí hay dinero!

Basta con enfrentar el problema de la deuda, la cual ya ascendía a 18.669 millones de pesos en abril, según estudios del economista Héctor Torres González de la Promotora para la Suspensión del Pago de la Deuda Pública. Este año se va a parar un billón (un millón de millones) por el servicio de la deuda.

Es necesario suspender los pagos, además de auditar y negociar la deuda para que así el gobierno federal tenga la capacidad de invertir para solucionar los problemas internos. Debe pagar la deuda social antes que a los acreedores.

Otra gran necesidad es efectuar una reforma fiscal progresiva para que las grandes corporaciones y los bancos paguen lo justo y no sigan siendo los grandes consentidos.

También, hay que imponer un impuesto a las grandes fortunas que tanto han acumulado en los últimos años, a costa de las y los trabajadores, las y los consumidores y de la explotación de nuestros recursos naturales.

Con estas medidas urgentes, el Estado mexicano puede contar con recursos para impulsar un gran programa nacional agropecuario.

Antes de endeudarse al máximo y de la aplicación de políticas dictadas por el Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, el país fue autosuficiente. A partir de 1976, nos condujeron al neoliberalismo.

No habrá transformación en México si no logramos rescatar al campo mexicano, a las personas que laboran en el sector agropecuario y la autosuficiencia alimentaria que disfrutamos antes del periodo neoliberal.

Para lograr la plena soberanía alimentaria, es necesario revertir las contra reformas implementadas en 1992 por Carlos Salinas de Gortari. Para ello, es indispensable reformar el artículo 27 de la Constitución y la renovación de la ley agraria y de leyes de patentes –que a veces coartan la producción agrícola tradicional para beneficiar a corporaciones–.

Asimismo, se necesita la aprobación de la nueva ley general de agua, la cual revierta la actual privatización que se ha intensificado mediante concesiones del preciado líquido.

En la segunda década del siglo XX,  había 2 mil concesiones, tras ser aprobada la Ley Nacional de Aguas en 1992. Hasta la fecha alcanzan ya el medio millón, que acaparan las grandes corporaciones en detrimento del mediano y pequeño productor, los cuales carecen de la suficiente cantidad de agua para la producción agropecuaria.

Esta problemática fue clarificada en el Foro Nacional de la Asamblea Nacional por la Unidad Campesina para la deliberación de la iniciativa de reforma al artículo 27 de la Constitución celebrada en al Palacio Legislativo, el 27 de junio. Fue impulsada por el gran luchador campesino, José Jacobo, de la Coordinadora Obrera Campesina y Popular (COCYP) y la Asamblea Nacional por la Unidad Indígena y Campesina (ANUIC).

Seamos conscientes de que podemos y debemos rescatar la soberanía alimentaria. ¡Es una tarea urgente!

Pablo Moctezuma Barragán*

*Doctor en estudios urbanos, politólogo, historiador y militante social

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