Jesús Adonis Martínez*/Prensa Latina
La distancia entre el Capitolio y la Casa Blanca no ha dejado de ampliarse en términos políticos desde que el Partido Republicano tomó el 6 de enero el control de ambas cámaras en el Congreso de Estados Unidos.
La guerra de posiciones en Washington, Distrito de Columbia, inaugura cada vez nuevos frentes, aunque el presidente Barack Obama haya reiterado su interés en trabajar junto a los republicanos en sus 2 últimos años de gestión.
Durante su reciente discurso sobre el Estado de la Unión, Obama alternó este mensaje contemporizador con la propuesta de una amplia agenda legislativa que presumiblemente no habría de caer demasiado bien a la oposición.
Apoyado en la recuperación del empleo y otros indicadores económicos, el gobernante llamó a sus adversarios a “pasar la página” y apeló a la “decencia” para llevar adelante varias iniciativas.
Entre otras, mencionó la gratuidad en un grupo de centros universitarios –en los 2 primeros años–, mejora del crédito para educación y cuidado de los niños, equidad salarial para hombres y mujeres, y elevación de impuestos a los más ricos.
A todas luces, el mandatario propuso una hoja de ruta para favorecer a la clase media y hacer más competitiva la economía nacional: unos objetivos que estarían en la mira del Partido Demócrata en su conjunto a fin de captar votos para el ciclo electoral de 2016.
El jefe de la Casa Blanca también ratificó sus recientes jugadas unilaterales en temas como migración (amnistía legal que exime de deportación a casi 5 millones de indocumentados) y política exterior (proceso de normalización de relaciones con Cuba, compromiso sobre el cambio climático con China y negociaciones sobre el programa nuclear con Irán).
En todos estos sentidos, Obama hizo –según The New York Times– un “audaz llamado a la acción”: instó a los congresistas al debate para desmantelar el bloqueo económico de medio siglo contra La Habana y adelantó que vetaría cualquier propuesta de sanciones que contamine el diálogo con Irán.
Algunos analistas señalan que la incisiva actitud del presidente –apuntalado por un apoyo del 50 por ciento de la ciudadanía según las encuestas– le permite, aun sin respaldo en el Legislativo, obligar a una respuesta a otros actores políticos (a nivel de estados, por ejemplo).
Claro que nada de esto hace mucha gracia a los miembros del partido rojo, que tras el informe anual del dignatario comenzaron a moverse para minar su proyección política.
El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, se apresuró a invitar al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien aceptó hablar ante el Congreso –a inicios de marzo– sobre el programa nuclear de Irán.
La Casa Blanca echó en cara a Boehner no consultar este paso y anunció que el presidente Obama no recibirá a Netanyahu debido a que –de acuerdo con la versión oficial– su visita será muy próxima a las elecciones en aquel país y se prefiere evitar cualquier influencia en ese proceso.
A su vez, el senador Marco Rubio y varios de sus correligionarios reanudaron sus cuestionamientos al deshielo con La Habana, y agitaron el argumento de que no fueron consultados antes de decretar el inicio de ese proceso.
Paralelamente, el vicepresidente, Joseph Biden, se reunía en privado con 17 senadores republicanos en donde abogaba por “mantener la atención en la clase media”:
“Yo creo que la mayoría del Partido Republicano sigue creyendo en la idea de que tenemos que tener las personas mejor capacitadas en el mundo para atraer a las empresas y la mejor infraestructura”, clamó Biden.
De cualquier manera, el distanciamiento entre Ejecutivo y Legislativo se multiplica en varios frentes y en cada uno de estos casos se ha prometido el veto del Despacho Oval.
Un proyecto apadrinado por republicanos –y aprobado ya en la Cámara de Diputados– financiaría hasta el 30 de septiembre de 2015, cuando finaliza el año fiscal, al Departamento de Seguridad Interior, pero dejaría sin recursos para gestionar la permanencia en el país y la obtención de permisos de trabajo a más de 4.5 millones de indocumentados.
Otra enmienda revertiría una medida de 2012 que favorece a los migrantes que ingresaron con menos de 16 años y cumplen otros requisitos.
Asimismo, los republicanos juegan fuerte para dar luz verde a la construcción del oleoducto Keystone XL (para la explotación de arenas bituminosas en Alberta, Canadá) –sujeto a decenas de enmiendas–, mientras que el Ejecutivo ha indicado que no interrumpirá el proceso de revisión en curso y ha remitido a litigios en el estado de Nebraska.
La Cámara de Representantes también sancionó un proyecto que evitaría el pago de cuotas a empresas que no provean seguro de salud a empleados que trabajan menos de 40 horas por semana.
Es decir, llevaría de 30 a 40 horas semanales la definición de trabajo de tiempo completo vigente según la Ley de Asistencia de Salud Asequible (Affordable Care Act), el programa sanitario conocido como Obama Care.
El vocero presidencial, Josh Earnest, aseguró el veto Ejecutivo e indicó que “este cambio en realidad haría mucho daño, no sólo a dicho plan de salud, sino a un número considerable de trabajadores en todo el país”.
Al parecer, el único punto en que están de acuerdo Obama y los republicanos del Capitolio es en cuanto a la pertinencia –con algunas diferencias de forma– de un permiso explícito para emplear la fuerza militar contra el grupo terrorista Estado Islámico en Irak y Siria.
Hasta la fecha, las acciones militares de la coalición liderada por Washington se han realizado bajo el amparo legal de resoluciones aprobadas tras los ataques terroristas del 11 septiembre de 2001, durante la presidencia de George W Bush (2001-2009).
Obama solicitó la autorización de uso de la fuerza en su discurso anual ante el Congreso, pero ya existía acuerdo al respecto desde una reunión celebrada a mediados de este mes entre el mandatario y las cúpulas de ambos partidos en el Legislativo.
Entonces se informó que el jefe de Estado trabajaba en el documento y fuentes de la administración precisaron que continuarían solicitando los criterios de los congresistas a fin de reflejar puntos de vista de ambos partidos.
En diciembre pasado, el secretario de Estado, John Kerry, solicitó al Comité de Relaciones Exteriores del Senado no poner límites al alcance geográfico de las operaciones y al eventual uso de Fuerzas terrestres en la lucha contra los yihadistas, aun cuando en principio la estrategia continuaría acotada a golpes aéreos sobre posiciones en Irak y Siria.
Hechos recientes como los ataques terroristas en París han levantado suspicacias en la oposición sobre si Estados Unidos está preparado para enfrentar actos extremistas similares.
Una vez más el conservador John McCain acusó al gobierno de ser “flojo” en la lucha contra el Estado Islámico y no tener “estrategia para degradarlo o derrotarlo”.
Al juego se suman ahora variables como la inestabilidad política en Yemen –donde ha colapsado el gobierno ante el empuje de milicias de credo chiíta– y la sucesión en Arabia Saudita –aliado fundamental para controlar Oriente Medio– tras la muerte del rey Abdulá.
Durante su reciente visita a India, Obama aseguró que continuará el esfuerzo antiterrorista de Estados Unidos en Yemen, pero la situación en el país arábigo avivó el debate sobre el eventual cierre de la prisión ubicada en la base naval de Guantánamo (en territorio ocupado de Cuba contra la voluntad del gobierno de la isla).
Legisladores republicanos recalcaron que la mayoría de los presos que permanecen allí provienen de Yemen y, por tanto, cargaron nuevamente contra la estrategia de transferirlos a otros países (incluidos los de origen), pues esos hombres podrían volver a alinearse para combatir a Estados Unidos.
El cierre de la prisión en Guantánamo se ha convertido para Obama en “imperativo nacional” debido al desprestigio que han supuesto las violaciones de derechos humanos cometidas en esas instalaciones y al hecho de que tales prácticas constituyen –según hizo notar la demócrata Jackie Speier– un símbolo que utilizan con fines de reclutamiento grupos extremistas como Al-Qaeda.
El Capitolio fue conquistado en noviembre por sus adversarios, pero sondeos de opinión respaldan a Obama y ello pudiera traducirse en nuevas acciones ejecutivas de carácter unilateral.
La mitad de los consultados recientemente por The Washington Post y ABC News justifica tal procedimiento presidencial, mientras que el 46 por ciento lo rechaza.
Obama –quien ha padecido el mayor obstruccionismo legislativo– parece decidido a apuntalar su legado, contra viento y marea, en los 2 últimos años de mandato.
Jesús Adonis Martínez*/Prensa Latina
*Periodista
Contralínea 423 / del 15 al 21 de Febrero 2015
