El Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal (Copred), creado con base en la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación, fue instalado a finales de 2006 con el objetivo de promover y vigilar el respeto del derecho humano a la no discriminación. Su composición colegiada, con la presidencia a cargo del jefe de gobierno, incluía la participación honorífica de representantes de la sociedad civil, con voz pero sin voto para la toma de decisiones. La Secretaría Técnica, responsable de las tareas operativas, quedó a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso).
El Copred carecía de autonomía y de capacidad para sancionar. Inclusive, se llegó a mencionar que en realidad era una especie de oficialía de partes pues sólo canalizaba las quejas que recibía a otras instancias. No contaba con la infraestructura adecuada ni los recursos económicos y humanos para lograr el impacto que, en un inicio, se había pensado que podría tener. Aún con sus limitantes, el Consejo abría una ventana de oportunidades. Y generó grandes expectativas. Por ello, en sus primeras sesiones estuvieron presentes los titulares de varias dependencias, organismos públicos autónomos y representantes de la sociedad civil con trayectorias reconocidas.
De acuerdo con el Diagnóstico de derechos humanos del Distrito Federal (informe realizado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en colaboración con autoridades del gobierno de la ciudad, el Tribunal Superior de Justicia, la Asamblea Legislativa y organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos, y reconocido por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos), la cultura de la discriminación está institucionalizada y naturalizada en esta ciudad; las servidoras y los servidores públicos reproducen estereotipos, prejuicios y estigmas hacia la población, lo que afecta la manera en que atienden las necesidades de ésta; no existen análisis sobre la discriminación en el Distrito Federal que permitan generar indicadores para el desarrollo, seguimiento y evaluación de políticas públicas no discriminativas, y no existe una cultura de denuncia en contra de actos, conductas u omisiones discriminatorias.
A pesar de que en el Distrito Federal la discriminación es un obstáculo real para el goce y ejercicio de los derechos humanos, el Copred nunca recibió la atención, la difusión ni los recursos necesarios; tampoco, la importancia debida, para pasar de ser un consejo más a ser el órgano rector y orientador de las políticas públicas de la ciudad en materia de igualdad y no discriminación.
Al paso de los meses y los años el Copred se fue desdibujando y en muchas ocasiones le faltó claridad en el rumbo a seguir. La Sedeso cambió en tres ocasiones, en menos de cuatro años, las áreas responsables de la Secretaría Técnica. Durante 2007, Pablo Yanes Rizo, actual director general del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, fue el responsable de esa Secretaría, tiempo durante el cual se realizaron: una audiencia pública en materia de discriminación; una propuesta de reforma a la Ley contra la Discriminación; una encuesta sobre actos de discriminación entre las servidoras y los servidores públicos (cuyos resultados fueron informados al Consejo pero no se difundieron entre la ciudadanía); y se elaboró una propuesta para aplicar una encuesta sobre discriminación entre la población del Distrito Federal.
Con excepción de la reforma a la Ley contra la Discriminación, las actividades realizadas en este periodo no tuvieron seguimiento. La Secretaría Técnica pasó a la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, dirigida por Martha Patricia Patiño, quien intentó dar mayor sistematización y continuidad al proceso.
Desde la creación del Consejo fue necesario formar un Grupo de Trabajo del Copred (GT) que elaborara documentos y propuestas que facilitaran la toma de decisiones de los consejeros y dieran pautas de trabajo a la Secretaría Técnica. El Copred y dicho Grupo siempre trabajaron bajo condiciones precarias. Se presentaban situaciones tan absurdas como la ausencia de minutas de las reuniones que el GT tenía y en donde se vertían propuestas, discusiones, reflexiones e incluso se tomaban acuerdos. Si bien existen actas de las sesiones del Consejo y versiones estenográficas de éstas, gran parte de la memoria de este proceso se perdió.
En 2009, y sin mediar ninguna explicación, el Consejo dejó de sesionar por varios meses. Cuando se convocó a las consejeras y los consejeros, la Secretaría Técnica estaba a cargo de la Dirección Jurídica de la Sedeso, con Alejandro Gil González como responsable. Gil y su equipo de colaboradores intentaron dar impulso a los trabajos del Copred, y en particular al GT, para lograr concretar la reforma a la Ley contra la Discriminación. Después de retomar reflexiones que venían desde 2006, se acordó elaborar una nueva ley, asunto que el GT tomó como prioridad de trabajo durante 2009 y parte de 2010. La propuesta aclara algunas de las competencias del Consejo, da voz y voto a los consejeros ciudadanos, transversaliza el lenguaje de género en toda la ley y protege a un mayor número de grupos de población discriminados, entre otras modificaciones.
Debido a que ni la Sedeso ni el Copred tienen facultad para presentar iniciativas de ley, la propuesta fue retomada por la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, integrante también del Copred. La iniciativa fue aprobada en diciembre de 2010. El 24 de febrero de 2011 fue publicado en la Gaceta oficial del Distrito Federal el decreto por el que entró en vigor la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Distrito Federal. La nueva ley mejora sustantivamente la anterior (2006) y da vida a un nuevo Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, que queda como organismo descentralizado y sectorizado a la Sedeso.
Durante el segundo semestre de 2010, el GT estuvo trabajando en la reforma al artículo 206 del Código Penal del Distrito Federal, que tipifica el delito de discriminación. El tipo penal es ineficaz, ya que hasta la fecha no ha permitido contar con una sola sentencia por este delito. Si bien el Grupo avanzó en las discusiones y se logró una propuesta, ésta quedó pendiente de ser presentada y aprobada por el Consejo debido a que desde noviembre de 2010 el Copred dejó de sesionar y no se ha instalado el nuevo Consejo.
Los artículos transitorios de la nueva Ley contra la Discriminación señalan que el nuevo Consejo entrará en funciones en el ejercicio fiscal en el que la Asamblea Legislativa haya aprobado la suficiencia presupuestal para su funcionamiento. De acuerdo con información de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea, existe una partida presupuestal etiquetada para que el Consejo pueda empezar a operar ya. Los transitorios de la ley también señalan que la Presidencia del Consejo deberá ser nombrada dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor del decreto, pero ya han pasado más de tres meses.
Por otra parte, si no se designa al presidente se posponen acciones como la convocatoria a la Junta de Gobierno, la creación del reglamento interno, la aprobación del plan y del presupuesto para los trabajos del Consejo y se retrasan las convocatorias para los nombramientos de los representantes de la sociedad civil y del sector académico en la Asamblea Consultiva.
Nuevamente da la impresión que este Consejo no es importante para el Gobierno del Distrito Federal. La administración de Marcelo Ebrard y la Sedeso han sido omisos en informar de manera formal a las consejeras y los consejeros sobre la situación jurídica del mismo. A esto sumamos que no ha habido un proceso de transición para compartir los trabajos realizados durante casi cinco años y dotar al nuevo Consejo de algunos insumos para iniciar sus tareas.
Es una verdadera pena que un proyecto que podría abonar tanto en la consecución de una mejor vida para las personas que habitan y transitan en el Distrito Federal sea menospreciado y olvidado. Es necesario exigir a las autoridades competentes que se hagan las convocatorias y nombramientos necesarios para instalar a la brevedad el Consejo. Para ello, consideramos fundamental tomar en cuenta las opiniones de organizaciones civiles y sociales a fin de que este organismo no sea politizado y de que en la composición de su Asamblea Consultiva haya una representación plural, crítica, diversa y comprometida de la sociedad civil y el sector académico, además de garantizar que cuente con un buen reglamento, un buen plan y un presupuesto de trabajo adecuado y orientado a lograr que en el Distrito Federal se garantice el goce y el respeto del derecho a la igualdad y la no discriminación.
*Coordinadora General del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC)
