eUna movilización histórica, un pujante movimiento se desarrolla en el Instituto Politécnico Nacional (IPN): por vez primera, en sus 75 años de existencia, la totalidad de sus instalaciones se encuentran en paro por decisión de las y los estudiantes. El detonante fue el intento de imposición de un reglamento de corte neoliberal por parte de la renunciante directora general, así como la modificación de planes y programas de estudio para adecuarlos a las necesidades del nuevo modelo económico privatizador. Pero las demandas de fondo van más allá: se está planteando la autonomía del Instituto e incluso algunos proponen su conversión en universidad politécnica.
La respuesta del gobierno fue mediática. Aprovechando a los grupos priístas que operan al interior del Poli, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, trató de desinflar la movilización otorgando todo lo superficial: la renuncia de la directora (que a fin de cuentas proviene del Partido Acción Nacional), así como la anulación en los hechos del reglamento y de los cambios curriculares en algunas carreras. Vivió el funcionario momentos de gloria, cuando salió de sus oficinas y habló con la multitud que se expresaba estentóreamente. Hizo en un segundo encuentro público el intento de negociar en la calle, pensando que sus huestes priístas eran hegemónicas. Pero no prosperó la maniobra y el paro continúa, ahora con demandas más de fondo.
Estamos ante una movilización histórica que transformará las estructuras del IPN.
Las propuestas y el debate
No hay unanimidad al interior del movimiento porque se enfrentan dos visiones: 1. La de los tradicionalistas, que piensan que el Instituto debe seguir dependiendo del Ejecutivo federal, porque forma parte de un proyecto que lo sitúa como parte del proyecto del Estado. Éste tendría la misión de desarrollar la técnica (al servicio de la patria), para apoyar el desarrollo económico y la justicia social. Lo confrontan incluso con la Universidad Nacional, de quien recuerdan sus nexos con Manuel Gómez Morin el fundador del Partido Acción Nacional (PAN); y 2. La de los autonomistas, que saben que el Estado que dio origen al IPN ya no existe, porque en la actualidad está sometido a los intereses del gran capital trasnacional y le estorban instituciones educativas nacionalistas y con visión de patria independiente y soberana. Por eso proponen la autonomía, que no es bien vista por el gobierno, que siempre ha controlado al Politécnico al designar sus autoridades y manejar su presupuesto.
El debate se da en plenitud.
Autonomía cargada de contenido
Los desgraciados acontecimientos de Iguala tienen al gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) atado de manos; le es imposible reprimir algún movimiento social porque los ojos del mundo están puestos en él. En el IPN se puede ir a fondo, ganar la autonomía y hacer frente al neoliberalismo depredador.
Pero esa autonomía debe estar preñada de contenido democrático y alcanzar varias facetas:
1. La académica, para que nunca más las directrices de la investigación, la docencia y la extensión vengan de funcionarios nombrados por el Estado.
2. La política, pues los integrantes de la comunidad politécnica deben ser quienes designen a sus directivos. Sin miedo a que digan que la democracia no es igual en el mundo social que en el académico; sin temor a que afirmen que los estudiantes de los primeros grados no tienen información ni preparación suficientes para sufragar. La paridad es una antigua aspiración del movimiento democrático universitario nacional.
3. La administrativa y financiera, para que no sea la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que maneje los recursos de la Institución. La historia demuestra que son mejores administradores los miembros de las instituciones de cultura.
4. La cultural, para que se fortalezca esta área en el IPN. La técnica no está divorciada de la expresión artística.
5. La social, para definir internamente los convenios de colaboración con instituciones, grupos y organizaciones sociales que coincidan con los fines del Politécnico.
A lo anterior hay que sumar la exigencia de que el Estado mexicano destine, cuando menos, el 8 por ciento del producto interno bruto a la educación. Se trata de una antigua sugerencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura que no se ha tomado en serio. Los politécnicos pueden hoy alcanzarla. Pero sumándole el compromiso de que el presupuesto de las instituciones educativas no disminuirá de un año fiscal a otro.
De esa forma, la autonomía será expresión del autogobierno que reconoce el Artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y los derechos humanos podrán irse haciendo realidad entre nosotros.
José Enrique González Ruiz*
*Doctor en ciencias políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México
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Contralínea 411 / del 09 al 15 Noviembre de 2014
