El envilecimiento de los funcionarios del Instituto Federal Electoral (IFE) –ya sea por su manera retorcida y servil con la que actuaron ante el duopolio televisivo o por su voraz, descarado y frustrado intento por elevarse sus emolumentos, entre otros escándalos– no debe sorprender a nadie. Primero, porque esas formas de corromperse no son nuevas; no las inventaron Leonardo Valdés y sus secuaces. Son absolutamente normales e inextricables de la vida política de México y la economía-mundo capitalista. Son sistémicas. Afectan e infectan a todos los niveles de gobierno, desde los poderes Ejecutivo y Legislativo hasta el Judicial, desde los niveles federal y estatal hasta el municipal; sean priistas, panistas, perredistas o cualquier otro mercenario, con o sin partido. Los empresarios la requieren para acumular. Las elites, de la época de la ley del hierro del priismo al derecho divino foxista-calderonista, han convertido la función pública en un “democrático” botín para sí mismas y para provecho de la oligarquía. El saqueo que hacen del Estado es legal e ilegal, arropadas por la interpretación chabacana de las leyes establecidas o de las no escritas. Siempre con su complicidad y su amparo, hasta el momento del fratricidio, simbólico o efectivo, como bien sabe Luis Téllez, para garantizar la continuidad del régimen, del sistema político. Es lo que Karl Deutsch denominó “cohesión”, una especie de hermanos conflictivos pero unidos. Su “covarianza”, el cambiar juntos, como un hombre y su sombra que se mueven juntos, pero separados. Son “interdependientes y sus destinos están ligados”. Según Deutsch, Benjamín Franklin aconsejaba a los firmantes de la Declaración de Independencia de Estados Unidos no perder la “covarianza”, aunque extraviaran la “cohesión”, porque “es seguro que nos colgarán por separado”. La voracidad, medianamente fallida, de Valdés y compañía es la misma que la de otros funcionarios públicos, aunque, hay que reconocerlo, la diferencia cuantitativa establece diferencias en las formas de vida entre los príncipes, los cortesanos y los palafreneros. Pero la democracia capitalista ha permitido que en el banquete y en el saqueo participen algunos parias, ayudado por la mano divina, si bien no elimina la prosapia. Codiciosos, el salario neto mensual que dicen que percibe el ejecutivo (145.6 mil pesos) o el gobernador del Banco de México (185 mil), les resultó miserable. Quisieron volar alto, como los ministros de la corte que perciben 343 mil pesos, constantes y sonantes, más sus jugosos complementos, que anualmente les reportan 4.2 millones. Monto nada despreciable que los ubica en el club selecto del 10 por ciento de los dulces hogares que concentra poco más del 40 por ciento del ingreso monetario nacional. Claro, en ese grupo exquisito también hay clases sociales. No es lo mismo ser un pobre ministro, que un Carlos Slim, por ejemplo, y las decenas de familias del país que se consideran los dueños de México. Si desde munícipes, gobernadores, diputados o senadores depredan impunemente al erario, hecho que ha sido más descarado durante el panismo, los ifeños no quisieron verse miserables. Suponen que el pago de sus servicios los vale. Manoseando la Constitución, sólo pidieron salarios justos. ¿Qué es un “pago justo”? A Nancy Cárdenas y Edy Ortiz, de la “nueva izquierda” del Partido de la Revolución Democrática, les parece “justo” 447 mil pesos mensuales acumulados por su ingrata tarea de representar a la patria capitalina, gracias al simpático rubro llamado, caprichosamente, “ciudad de leyes”. Aunque Cárdenas reconoce que no “hay recurso que alcance”, le parece aceptable el sacrificio en nombre de la chusma. Exquisitez de una revolucionaria “nueva izquierda” que, como dice Porfirio Muñoz Ledo, cambió la “transa” por la “transición”. Las “dietas justas” de senadores y diputados de cualquier ideología, si es que tienen, también son ofrendadas con los mismos fines. A los hombres de presa, Felipe Calderón, neoliberales y legisladores les parece justo que 2.4 millones de trabajadores perciban hasta un salario mínimo, 6.7 millones hasta dos veces, 8.5 millones hasta tres veces. Que 23.6 millones obtengan hasta cinco veces, el 80 por ciento de los trabajadores asalariados o subordinados sean exprimidos por salarios de entre 1 mil 596 y 7 mil 979 pesos mensuales, la mitad sin servicios médicos y sin contratos. La otra mitad recibe la humillación del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que les recordará el resto de su vida su papel de mercancía explotable y desechable, mientras los funcionarios públicos de altos puestos, conocedores de la infamia, se pagan servicios privados. Es obvio que Valdés y pandilla también son desechables, según el patético destino de Luis Carlos Ugalde. El error en su concupiscencia fue de cálculo. Justo cuando decenas de miles de trabajadores son arrojados a las calles o se ven obligados a aceptar recortes en sus ingresos nominales. Su tacto fue de parteros improvisados. Prematuramente quisieron darse su festín de los Robert Mugabe mexicanos: sus 2 mil botellas de champán (preferentemente Moët & Chandon y Bollinger), sus 8 mil langostas, sus 4 mil porciones de caviar… Los mayordomos del IFE sólo son una variante de la creativa pudrición, impunidad y soberbia de las elites gobernantes: el nombramiento de “cuates muy capaces”, como dice el panista Gustavo Madero –es el caso del milusos Juan Molinar, cuya única virtud es el ser uno de los porros de Calderón–; el tráfico de influencias; la corrupción; las turbias obras privadas/públicas en Petróleos Mexicanos y la Cámara de Diputados; los pagos inexistentes; las frivolidades del fútil Enrique Peña, que reparte despensas y cheques para cultivar sus narcisistas aspiraciones presidenciales; el derroche presupuestal del otro suspirante, Manlio Fabio, que pare ratones con sus anodinos foros; el dispendio de los congresistas en prestaciones e inútiles viajes turísticos nacionales e internacionales pagados con nuestros impuestos, además de las ocultas bolsas millonarias de las bancadas para quedarse con los remanentes no ejercidos; las tropelías empresariales; el deporte de hundir al peso y asaltar las reservas del banco central, alimentada jubilosamente por Guillermo Ortiz; los juegos de guerra de Calderón, que fabrica enemigos para justificar la anticonstitucional presencia militar en las calles, aterrorizar a la población y justificar el gradual estado de excepción que impone, con la complicidad del congreso; las 671 violaciones cometidas por el Ejército a los derechos humanos de la población y que al general Jaime Antonio López Portillo le parecen minucias. Además de que se niega a que los de verde olivo sean enjuiciados por tribunales civiles, postura que recuerda a los gobiernos “gorila”, como dicen los argentinos, en cuyo país el gobierno de Cristina Kirchner apenas logró una medida de esa naturaleza, como parte del proceso legal de ajuste de cuentas con las sangrientas dictaduras pinochetistas, videlistas, menemistas o fujimoristas; el acotamiento de nuestros derechos ciudadanos; la persecución y asesinato de periodistas y luchadores sociales. Con ello no quiero que el escándalo social ante la “normalidad democrática” del IFE y las elites sea ocioso. La indiferencia implicaría que lograron su pretensión: la inmovilidad de la población. Sin embargo, ese malestar es insuficiente para contrarrestar sus atropellos. Algunos dicen que afectaron la credibilidad del IFE y su función durante las “democráticas” votaciones. ¿Algún ingenuo piensa que Valdés y sus legionarios fueron nombrados para ser probos cancerberos? En nuestra era “democrática”, ¿acaso fueron diferentes las cosas con el laureado salinista José Woldenberg –famoso no por su pulcritud, sino por su sentido del humor, al decir que a mayor desconfianza, mayor el costo económico de los comicios– o con Ugalde, expulsado con una patada en el trasero? Valdés y aventureros de viaje no llegaron al IFE para velar por algo que no existe: la “democracia” electoral, que Calderón, panistas, priistas y algunos perredistas tratan de hacernos creer que es la democracia “sin adjetivos”. Su designación fue parte del cachondeo de los partidos de Estado. El “cochinero” y el “bodrio”, como los calificó el politólogo César Cansino, en “demérito de la democracia electoral (sic) y los ciudadanos”. Si con la designación de Ugalde consideró que “nuestra joven democracia (sic) había sufrido un golpe fulminante, quedaba mal parada, pisoteada por los propios actores políticos que deberían preservarla y apuntalarla”, con Valdés, camaleón de la política, “izquierdista”, calderonista y amigo de Manlio, Marco Antonio Baños o Benito Nacif, apadrinado por Diódoro Carrasco, exgobernador oaxaqueño y cacique de las Cañadas, “los partidos optaron por inventar un proceso aparentemente democrático de selección de consejeros que terminó revelándose como un burdo montaje para preservar sus intereses y seguir eligiendo mediante cuotas a los consejeros con los que mantienen más afinidades y vínculos políticos. Su designación ahora es más grave que hace cuatro años, porque si antes era un descaro, ahora hubo de por medio una gran mentira a la sociedad, un engaño mayúsculo, una simulación que no hace sino mostrar el poco aprecio que nuestros representantes tienen por la ciudadanía: una masa sin rostro, ignorante y apática, que puede manipularse a conveniencia y sin ningún tipo de reparo. La simulación fue tan sucia que los propios partidos se encargaron de destapar la cochambre con sus declaraciones tan absurdas como contradictorias entre sí”. Pese a sus infamias, los siervos del IFE siguen inescrupulosamente orondos en sus puestos, con la complicidad de las elites. Ello sólo es una manifestación más de la grave crisis del despótico régimen político presidencialista, su descrédito e ilegitimidad, en medio de una crisis económica con su brutal efecto en las mayorías, ante la indiferencia de los poderes de la unión. Lo anterior tiene una virtud: demostrar que el proceso electoral, en su funcionamiento actual, es absolutamente inútil para que la población pueda canalizar legal e institucionalmente sus demandas. Carece de sentido. En otros países el sufragio fue convertido en una concesión para contrarrestar la ira social, incorporar a la oposición, eliminar su radicalismo, sus intenciones revolucionarias, evitar el derrocamiento de los sistemas cerrados. También en México fue útil para castrar a la oposición que aceptó desmovilizarse e incorporarse al sistema político, a cambio de aceptar las reglas del juego impuesto por las elites. En lugar de ser el “motor de la transformación”, la izquierda oficial se convirtió en defensora de la estructura básica del statu quo y sus intereses personales o grupales. En las “democracias” electorales existen mecanismos para atender las necesidades sociales, de rendición de cuentas y de sanción. En México es el reino de la impunidad. En la actual crisis, el capitalismo mexicano no tiene nada que ofrecer a las mayorías, salvo trasladarles los costos, de su mayor empobrecimiento, como siempre. Y aún cuando las tuviera, sólo sería para atenuar sus sufrimientos, preservando intocadas las raíces de las desigualdades, las formas de acumulación que colocan de un lado a los explotadores y explotados. Pero en un desplome que se presagia dilatado, con una fuerte descomposición social que alimenta el golpismo neoliberal, también abre las posibilidades de aspirar cambios radicales poscapitalistas.