Los datos duros
Dadme un testigo protegido y moveré al mundo, o me inventaré una “operación limpieza”, con lo cual mato varios pájaros de un tiro: le doy satisfacción al amo del norte que me exigió este acto de purificación de las instituciones antes de regalarme algunos cientos de millones de dólares, me deshago de indeseables que ya no responden al negocio y finjo hacer que todo cambie para que todo siga funcionando igual.
Claro que ahora tendré un mayor control de daños. Soy la autoridad y puedo hacer que delincuentes confiesen las versiones más inverosímiles para acomodarlas a la versión oficial y a la visión de país que quiero transmitir a la sociedad y a la comunidad internacional.
Y es que con poquito que se le escarbe a las declaraciones de estos delatores –que ya son multitud y que firman lo que sea con tal de no ser reducidos a la nada con todo y sus familias– se hallará una antología digna de la más desbocada, truculenta y francamente vitriólica imaginación.
Nada hay que garantice que aparezca algo de verdad en los dichos y graves acusaciones de estos delincuentes convertidos en arma letal contra quien ose retar a las instituciones, contra quien desobedezca a sus jefes mafiosos y a veces, casi por excepción, contra delincuentes reales.
Hoy un testigo protegido es la verdad revelada, es el dogma en el que depositan su fe y a veces hasta su prestigio autoridades que nunca investigan y comunicadores que creen haber logrado la gran exclusiva.
Por supuesto que hay una proclividad a la sospecha, con lo cual la gente acepta las versiones más inverosímiles; pero una cosa es tener historias que cuentan estos sojuzgados rehenes de la autoridad y otra el cruce de información aportada de esa manera, a fin de corroborar si lo que dicen bajo tortura o coacción moral tiene alguna relación con la realidad.
Sin más preámbulos, sospecho que la delincuencia organizada tiene más inteligencia que la autoridad, pero no tanta como para meter espías en Los Pinos, en la Procuraduría General de la República, en la Secretaría de Seguridad Pública federal, en el Ejército y la Marina.
Dar crédito a la declaración de un delincuente confeso de que se trafican armas desde la casa presidencial y de que un oficial recibiera 100 mil dólares mensuales para pasar información de las giras presidenciales, suena a fantasía interesada.
Para que el lector saque sus propias deducciones, he aquí lo que “reveló” (y produjo estertores en Los Pinos) el testigo protegido “Jennifer”, que en realidad es hombre y es abogado, el 12 de agosto de 2008:
1. Elementos del Estado Mayor Presidencial se dedican a vender armamento decomisado por la Secretaría de la Defensa Nacional. El propio “Jennifer” se reunió con el mayor del Ejército, adscrito a Guardias Presidenciales, Arturo González Rodríguez –sobrino del exsecretario de la Defensa Nacional Antonio Riviello Bazán–, a quien le compró ametralladoras G3 de las fuerzas armadas, por las que se pagaron 20 mil dólares.
2. El mayor Arturo González y el excapitán primero de Infantería “retirado” (es decir, desertor) Mateo Juárez Espinoza, “se dedicaban a abastecer grandes cantidades de armas mayoritariamente a los Zetas”. Aunque la venta específica referida fue para Arturo Beltrán Leyva, el Barbas, y para Edgar Valdez Villarreal, la Barbie (que se sepa, eran enemigos entre sí y también irreconciliable el primero con los Zetas).
3. En el estacionamiento de los almacenes Gigante, en Ejército Nacional y Moliere, en Polanco, se contrató al mayor Arturo González a fin de que entregara información relevante de los movimientos del presidente de la República, Felipe Calderón, servicio de espionaje por el cual se pagarían 100 mil dólares mensuales al militar.
4. Lo realmente pasmoso es que esa información, que debería ser extraída de las secciones Segunda y Séptima de Inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Estado Mayor Presidencial, no tenía como objeto atentar contra la seguridad y la vida del mandatario, sino “con el fin de que los miembros de la organización de Arturo Beltrán Leyva y Edgar Valdez Villarreal pudieran evitar encontrarse con el personal de seguridad del presidente”.
5. Prueba de la utilización de estos informes fue el alejamiento de narcos mexicanos que operan en Guatemala cuando Calderón visitó ese país centroamericano en diciembre de 2007, según el testigo “Jennifer”.
6. El mayor Arturo González ayudaba, además, a reclutar personal militar para incorporarse a las filas de la organización de los Beltrán Leyva, “los que contaban con las mejores curriculas (sic), para cubrir tareas de seguridad como sicarios, así como transportar cargamentos de drogas y como halcones que alertaban a la organización sobre el movimiento de las autoridades”.
7. González y el capitán retirado Mateo Juárez poseían una empresa de seguridad privada, en donde se proporcionaba capacitación a grupos de escoltas de capos de la droga, y a través de la cual se llevaba a cabo la venta de buena parte del armamento que es asegurado en operativos por el personal militar y que no es presentado ante las autoridades ministeriales, sino que se desvía hacia el mercado negro.
8. Las dos primeras entregas de 100 mil dólares llegaron puntuales al mayor González Rodríguez, pero los siguientes pagos fueron de 50 mil y al final uno fue de 20 mil dólares, por lo que el hombre en Los Pinos amenazó a “Jennifer” y a su jefe la Barbie y le exigió entrevistarse en ese momento en la pequeña glorieta que está detrás del Auditorio Nacional. El mayor estaba “totalmente alcoholizado”, vestía pants e iba acompañado de un joven subteniente.
9. Puesto que no le llevó sus 100 mil dólares, el oficial del Estado Mayor le preguntó: “¿Quieres ver que cuando levante la mano toda la gente que está escondida a tu alrededor se levante?” El testigo dijo que no, pero el mayor de todas formas alzó la mano derecha y salieron alrededor de 30 elementos del Ejército Mexicano encañonándolo con sus armas.
10. Esto habría ocurrido a unos cuantos metros de Los Pinos, lo que da idea de la ausencia de seguridad en los alrededores de la casa que habita el presidente de la República.
El lector juzgue si hay que creer a pie juntillas lo que dice este testigo protegido, si hay que creer la mitad e imaginar el resto, si lo que se busca es “empapelar” a personajes que estorban para un negocio que, de todas maneras, se maneja desde el Estado Mayor Presidencial y desde la Secretaría de la Defensa Nacional y que incluye aterrizaje de aviones con droga controlados por los “incorruptibles” hombres de verde olivo, como los llamó Felipe Calderón el 10 de febrero.
