Como representantes populares, los miembros del Congreso de la Unión no pueden dejar en segundo término consensar iniciativas de la magnitud social como la reforma al outsourcing enviada por el Ejecutivo y que plantea revertir el retroceso a los derechos de los trabajadores establecido en la reforma laboral del narcopresidente Felipe Calderón Hinojosa en 2012.

Si los diputados y senadores del partido mayoritario pretenden tratar como menores de edad a millones de trabajadores que desde hace 9 años fueron condenados a la inestabilidad laboral, despojándolos de los beneficios de la seguridad social, es cometer el mismo exceso de poder que los entonces legisladores del PRIAN y sus aliados que desoyeron los reclamos de los directamente afectados, los sindicatos independientes y expertos en la materia.

La reforma de entonces fue un acuerdo tácito entre la clase política en el poder y los empresarios para quitarles responsabilidades legales, permitiéndoles ahorrarse miles de millones de pesos en pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit); y de paso, evadir el pago de impuestos. De ahí que en una primera instancia, la iniciativa del Ejecutivo haya ubicado en el rango de delincuencia organizada un delito que le ha costado a las finanzas públicas una evasión superior al billón de pesos.

Hasta aquí todo parece un planteamiento por demás justo, pero el problema de fondo radica en que a la clase trabajadora, como sucedió antaño, no se le entera a detalle del contenido y alcances del dictamen que será aprobado en el terreno legislativo; por ejemplo, la propuesta inicial para que las empresas tercerizadoras solicitaran su reconocimiento ante el Centro de Conciliación y Registro Laboral fue modificada para que ahora les baste registrarse ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), para operar por 3 años, sin requerir una autorización tácita para su funcionamiento.

En las modificaciones se argumenta que por no ser “sindicatos”, dichas firmas no caen en tal obligación, por lo que en cierta medida se les deja fuera un control más eficiente para su operación a pesar de tener el antecedente de que las 6 mil empresas de subcontratación que operan en México, menos de 1 mil tienen registro legal ante la STPS.

Cambios como estos han sido discutidos en el seno de las comisiones del Congreso sin la presencia de los trabajadores. Y de las 90 páginas que se estima contiene el proyecto de dictamen del que saldrán las nuevas reglas de operación del acotado outsourcing, se desconoce en qué argumentos se han basado los legisladores para normar su criterio.

El tema en sí reviste una importancia de primer orden por las implicaciones sociales que traerá en la clase trabajadora. Unos 5 millones de mexicanos –en su mayoría jóvenes–, han ingresado al mercado laboral mediante este esquema que les ha negado la estabilidad laboral, llevándolos de una empresa a otra en la cuerda floja de la tercerización, sin el derecho a prestaciones básicas para su futuro como el crear una antigüedad que les permita acceder a una vivienda y una pensión dignas.

Al no consultar a quiénes representan la fuerza laboral del país, los miembros del Congreso incurren además de una evidente contradicción a lo aprobado por ellos mismos en la Reforma Laboral del 2019, donde en términos de la Ley Federal del Trabajo, donde se establece que no puede avalarse ningún acuerdo a convenio sin que se haya consultado con la base trabajadora.

El fundamento que ha dado sustento a la Reforma Laboral de la 4T es precisamente dar voz a los trabajadores a través de su voto libre, directo y secreto, no únicamente en la elección de sus representantes sino además en temas como la aprobación de los Contratos Colectivos. No negociar nada a sus espaldas.

Es por eso que para que las bases alcancen su mayoría de edad en asuntos de un nuevo orden laboral deben ser tomados en consideración, sobre todo tratándose de una reforma de tal calado como la del outsourcing.

En tal sentido cobra mayor vigencia e importancia la consulta nacional a que han convocado sindicatos independientes y diversas organizaciones sociales para que tanto la clase trabajadora como la sociedad en general voten sobre dos temas fundamentales para el futuro de sus familias, entre estos el reclamo unánime la creación de empleos estables que permitan a los mexicanos gozar de los beneficios de la seguridad social, prohibiendo el outsourcing, que ha generado pobreza a las mayorías y una acumulación indebida a la clase empresarial.

Como ya se difunde en todo el país, en la referida consulta que se realizará del 19 al 24 de abril, se preguntará también a los ciudadanos sobre el rescate de nuestra soberanía energética, seriamente comprometida con las trasnacionales por la Reforma en la materia del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Ajena a todo sentido partidista, la propuesta de consultar a la gente sobre temas de tal importancia surgió un acuerdo mayoritario en la Tercera Conferencia Nacional de la Nueva Central de Trabajadores (NCT), de enero pasado, donde se definió la necesidad de que la sociedad se involucre en los asuntos que competen a todo el país.

Los retos que se avecinan para sacar adelante a la economía nacional, tras los estragos ocasionados por la pandemia de Covid-19, no podrán ser asumidos dejando de lado a la clase trabajadora que, una vez más, ha soportado sobre sus espaldas el peso de la crisis.

En justicia se le debe escuchar y tomar en cuenta su voz y opinión, como también la de las pequeñas y medianas empresas que son generadoras de empleos y que en muchos de los casos otorgaron liquidaciones justas y fueron solidarias hasta la medida de sus posibilidades con sus empleados. Miles y miles de ellas quebraron, pues a diferencia de las voraces cadenas de alimentos, filiales de empresas trasnacionales, no contaron con los recursos para hacer frente al obligado cierre por la pandemia.

Los miembros del Congreso no sólo tienen la responsabilidad de escuchar a los trabajadores en asuntos como el de la tercerización y valorar su opinión, además deben impulsar mecanismos que fortalezcan la economía social como son las cooperativas, para que sea la clase trabajadora la que generé riqueza en su propio beneficio y del país.

La consulta de la NCT en la que participará el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), se llevará cabo de manera virtual y presencial; en esta última modalidad se instalarán módulos de votación e información en las plazas públicas y sedes sindicales y sociales de todo el país. Un ejercicio democrático que dará voz al pueblo que no deberá desdeñarse por parte de los legisladores del partido mayoritario.

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Martín Esparza*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas