La turbulenta y fétida evolución seguida por la llamada licitación 21 –que, por el momento, llevó a la ruptura de la alianza establecida entre los cuestionados ganadores, Nextel y Televisa, en virtud de la medida cautelar emitida por un juez que declara la nulidad de la empresa NII Digital que habían formado para explotar el bloque de 30 megahertz (Mhz) [por ejecutar actos habitualmente ilícitos], demanda “la liquidación inmediata de la misma” e impide realizar cualquier operación con la concesión– no es más que una consecuencia de un conjunto de factores de suyo preocupantes, por turbios, que no se solventan con dicha resolución ni se subsanarán con una nueva licitación más pulcra. Aún falta ver que el divorcio legalmente forzado no impida que Nextel conserve la concesión, porque probablemente el acuerdo no existía más que de palabra, situación desconocida porque Juan Molinar ha escondido, como secreto de Estado, los términos de la autorización. Que no sea parte de una maquinación más para tratar de limpiar el proceso y dejársela a Nextel para consolidar su monopolio. O que, después, Televisa se apodere de ella con una nueva licitación mejor maquillada para evitar nuevas impugnaciones y, sobre todo, otra avalancha de recursos de amparo como hizo Ricardo Salinas Pliego, a través de Iusacell, que en esta ocasión interpuso nada menos que 72 demandas.
Nada garantiza que estemos ante el gatopardismo: cambiar todo para que nada cambie, porque no se ha resuelto de fondo el problema.
Desde luego que las sentencias del juez vigésimo Séptimo de lo Civil con sede en la capital, que formuló el 15 de octubre las medidas citadas previamente, y del el segundo juez de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales con sede en Toluca, que un día antes había concedido la suspensión definitiva de la concesión y los actos jurídicos derivados de ella, son evidentemente importantes. Porque como escribió el diputado panista Javier Corral, “era imposible tanta impunidad, como el engaño mismo en la forma de constitución del consorcio que, ahora sabemos, nunca existió. ¿Cómo resolvió entonces la autoridad?”: por la “parcialidad y falta de seguridad jurídica con que se decide la materia de telecomunicaciones; por la misma ilegalidad e inmoralidad con que se llevó a cabo el proceso [de concesión de] 30 Mhz del espectro radioeléctrico nacional a Televisa y Nextel” (El Universal, 19 de octubre de 2010).
El problema es que “tanta impunidad”, “engaños”, “parcialidad y falta de seguridad jurídica”, como señala Corral, no sólo son “imposibles”, son la norma. Es la manera como ha funcionado el sistema, tanto con los priistas como con los panistas. Porque la alternancia no llegó acompañada con el imperio de las leyes; no instauró por primera vez el estado de derecho en México. Jurídicamente se opera con las mismas arbitrariedades del viejo régimen para alcanzar los fines perseguidos, sin que existan las instituciones ni los mecanismos que impongan los límites a los excesos del bloque dominante, el propio gobierno, integrado por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y los grupos de poder; que los obligue a respetar y someterse a la legalidad constitucional; y que se les apliquen severas sanciones cuando las violenten. Quizá lo novedoso sea que la oposición y la movilización de algunos legisladores, como Corral, y la sociedad, algunos resolutivos de la Corte, los jueces o los tribunales hayan obligado al gobierno a recular en sus desmesuras. Pero esas situaciones son excepciones que no modifican la naturaleza del statu quo, el autoritarismo del sistema político presidencialista y el capitalismo mafioso que ha sentado sus reales en el país. Eso lo sabe Corral.
También es claro que la licitación 21 –como la desaparición de la empresa eléctrica del centro y la cesión del servicio a empresas privadas, o los contratos de servicios múltiples en Petróleos Mexicanos, por citar algunos ejemplos– se debe a que los gobiernos de su propio partido han trabajado por y para los empresarios; a sus tentaciones autoritarias para administrar sin respetar la Constitución, porque no hay manera de impedirlo; a su debilidad que les ha obligado a mantener una relación promiscua con los priistas, la cual, a su vez, es compartida por ambos partidos que, en una simbiosis, también mantienen una igualmente promiscuidad con la oligarquía. Desde el Ejecutivo y el Legislativo, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) han defendido sus intereses, en este caso los de los empresarios que concentran las telecomunicaciones: Carlos Slim, Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas.
La privatización de los espacios públicos propiedad de la nación y la monopolización de los medios de comunicación de masas se realizaron al amparo de los gobiernos priistas y panistas. Ellos permitieron su creación, desarrollo y consolidación, con procesos de cuestionable legalidad. No como un “cuarto poder”, como lo calificó Edmund Burke –a quien se le endosa la acuñación del término; considerado el padre del liberal-conservadurismo británico–, expresión que ahora se extiende a la televisión, la radio y los servicios de transmisión de datos. En correspondencia, los empresarios defendieron, a través de los medios, a los priistas mientras gobernaron, y han cobrado espléndidamente sus favores. Ahora protegen a los panistas. ¿Quién olvida su postura ante las campañas oficiales en contra de Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, Santiago Creel, Corral o los movimientos sociales? Desde luego que, al respaldarlos, también defienden sus intereses que sienten amenazados.
La concentración económica conlleva la concentración de privilegios. Telmex, Televisa y TV Azteca son verdaderos oligopolios que controlan las telecomunicaciones, que les permiten manipular los mercados, los precios, la publicidad, la calidad y cobertura de los servicios, el tipo de tecnologías empleadas y el ritmo de aplicación e impedir la entrada de otros competidores. Son enemigos de la libre competencia, con la complicidad de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que nada hacen para democratizar las telecomunicaciones. Al contrario, le otorgan mayores beneficios. Telmex concentra el 80 por ciento de la telefonía fija, y su participación en la móvil y lo servicios de internet no son desdeñables. El 93 por ciento de la televisión abierta es controlada por Televisa, el 65 por ciento, por medio de 225 estaciones que le fueron concesionadas y 32 afiliadas; TV Azteca, el 28 por ciento restante. Ambos también participan en la telefonía y la transmisión de datos. Televisa posee el 95 por ciento de la televisión de satélite con la empresa Sky, el 50 por ciento de la de cable –Cablevisión, Cablemás y TVI Multimedios–, pese a que existen más de 200 compañías en el país, y es dueña de 30 canales de televisión restringida. Su presencia externa es importante. En ningún lugar del mundo existe ese dominio de la telefonía y la televisión. Pero además controlan la radio, medios escritos y tienen presencia en otras actividades, como los servicios financieros, y de apuestas.
La concentración económica les ha dado un gran poder político que les permite manipular los contenidos, la información, el acceso a la publicidad de las empresas o las opiniones diferentes a las suyas: degradar la cultura. Son parte de los aparatos informales de dominación del Estado. Su poder e influencia y manipulación social los ha convertido en grandes aliados indispensables y a la vez temibles para el gobierno y los partidos afines, que aprovechan para influir u obstaculizar la toma de decisiones económicas y políticas, posición reforzada con sus legisladores propios, interferir en la vida de los partidos y los procesos electorales. Adquirieron un poder político que les permite actuar por encima de instituciones y partidos, imponer sus intereses –en un acto delincuencial, TV Azteca tomó y se robó violentamente el canal 40 y no pasó nada–, vender, otorgar o negar legitimidad a las políticas públicas, alabar, desacreditar y aplastar a funcionarios, gobiernos completos, opositores o enemigos de sus negocios. Son enemigos de la democracia.
El rechazo judicial para que Televisa y Nextel usufructúen los 30 Mhz es producto de una feroz lucha entre monopolios que quieren apoderarse del espectro radioeléctrico y reforzar su control, que nada tiene que ver con la competencia, la cobertura, la calidad y los precios, que imponen arbitrariamente y que son pésimos y onerosos. Ninguno se escapa. La medida, además, evidenció otra perversidad del sistema judicial: quien tiene dinero puede llegar a buen puerto.
No limpia un proceso turbio iniciado en el Congreso. Para subsanar el rechazo de la Corte a la llamada Ley Televisa, que no fue corregida como requirieron los ministros –y compensar la reducción de la publicidad electoral que había enfurecido a Salinas Pliego y Azcárraga–, los legisladores que quisieron imponerla con su fuerza mayoritaria, encabezados por el priista Manlio Fabio Beltrones, inventaron las licitaciones, una con dedicatoria exclusiva para ellos. Felipe Calderón, por medio de Juan Molinar, su patiño Mony de Swaan y Eduardo Mota terminaron de diseñarle el vestido, sin importarles retorcer cuanta ley se les puso por el camino.
¿Por qué razón actuaron así? Por una sencilla: Calderón, el PAN y el PRI requieren de los servicios de Azcárraga para los procesos electorales. El exsubsecretario de Comunicaciones Jorge Álvarez Hoth señaló a Proceso que la licitación fue “el resultado de un acuerdo del gobierno de Felipe Calderón con Televisa, con miras a las elecciones de 2012”. El PRI, porque trata de imponer en la Presidencia a Enrique Peña Nieto. De lograrlo, Azcárraga, que lo proyecta –hasta esposa le consiguió–, tendría su primer presidente.
Azcárraga y Salinas Pliego sometieron y convirtieron en sus vasallos al Ejecutivo y al Legislativo del PRI-PAN-Partido Verde Ecologista de México-Partido Nueva Alianza, que no dudaron en sacrificar parcialmente a Slim para beneficiarlos. En 2002, Vicente Fox, ilegalmente les regaló el tiempo fiscal que dispone el Estado en radio y televisión: lo redujo de 12.5 por ciento a 1.25 por ciento. Les regaló casi 30 mil millones de pesos en su sexenio. También privilegió a Televisa con la publicidad estatal: 15.4 por ciento del total, en promedio, comparado con el 2.5 por ciento que recibieron los medios públicos. En 2004, Fox le dio gratuitamente a Televisa y TV Azteca más de 400 “canales espejo” para que los utilizaran hasta 2021, que les permitirá difundir las señales de televisión digital, la tecnología que sustituirá a la actual (analógica). Entre ambas empresas, poseen 874 canales reservados hasta 2021, con un valor de 2 mil 370 millones de dólares (http://jenarovillamil.wordpress.com/2010/04/21/television-en-mexico concentracion-como-en-la-era-del-pri/).
Ahora Calderón les dará un regalo adicional: con cargo al presupuesto, subsidiará la compra de convertidores de señal analógica. Asimismo, turbiamente les cedió a precio de regalo más de 20 kilómetros de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad a Televisa-Megacable-Telefónica.
Y quieren más. Son insaciables, y el gobierno, generoso.
Todo iba bien hasta que se atravesó Salinas Pliego y echó abajo el negocio de Nextel-Televisa. No porque le preocupe la competencia, sino porque no se lo dieron a él.
Queda en pie el sucio proceso: la suciedad del Congreso y el Ejecutivo; la licitación arreglada; el quebranto al erario y la nación que estuvo a punto de realizarse. Su limpieza implica: 1. Imponer la ley, castigar y destituir a los implicados en el fraude: Calderón, Molinar, de Swaan, Mota, Gustavo Cantú de Nextel, Azcárraga, los legisladores involucrados; 2. Establecer la competencia en las telecomunicaciones, que implicará desmantelar los monopolios, entre ellos Telmex, Televisa y TV Azteca, reducir su presencia, y democratizar el sector con una participación tripartita: empresarios, Estado y sociedad.
Pero eso es una ilusión en un país autoritario y propiedad de los monopolios.
