La desclasificación de los documentos ocultados por la Secretaría de Energía (Sener), sobre la extinción de Luz y Fuerza del Centro, corroboran lo que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) ha denunciado desde el cierre de la paraestatal el 11 de octubre de 2009: el decreto de extinción y las justificaciones argumentadas se elaboraron de manera irresponsable y sobre las rodillas.
Luego de que el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenara a la dependencia abrir los estudios hechos como justificación a la ilegal medida, se entiende el porqué tanto a Felipe Calderón como a la extitular de la Sener, Georgina Kessel, les interesaba sobremanera que esos documentos oficiales fueran guardados bajo siete llaves.
El 22 de febrero de 2012, el IFAI ordenó a la Secretaría entregar copias fieles de los documentos clasificados, al considerar que no existen razones válidas para mantenerlos ocultos, como si se tratara de asuntos de seguridad nacional, (si acaso, de seguridad política, por el costo que esto traerá a la larga cadena de mentiras tejida a lo largo del sexenio por Calderón y sus funcionarios).
En la extensa lista de cómplices para dar luz verde al anticonstitucional decreto, aparece el nombre del titular de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, Francisco Leopoldo de Rosenzweig Mendialdua, quien el 28 de septiembre de 2009 (13 días antes del golpe artero a Luz y Fuerza y a los 44 mil trabajadores del SME), recibió de Kessel la solicitud para desaparecer a la empresa. Así, en menos de dos semanas, el negligente funcionario dio su anuencia a una acción que a más de dos años ha resultado contraproducente para millones de usuarios, la economía del centro del país y para las finanzas públicas.
Al analizar a detalle los documentos oficiales, el desaseo jurídico y político son evidentes, como lo es también la supuesta inoperancia de Luz y Fuerza en comparación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a la que Kessel puso como ejemplo de honestidad y eficiencia.
En el “estudio” de la Sener se esgrime la necesidad de desaparecer Luz y Fuerza del Centro y a sus trabajadores, por representar una carga para las finanzas públicas, y se adjudica al gobierno las facultades que le confiere el párrafo sexto del artículo 27 constitucional para manejar la industria eléctrica según mejor convenga a los intereses de la nación, bajo el contexto de reservarse el derecho de no “otorgar concesiones” a particulares en materia de energía eléctrica.
Llena de contradicciones, si bien la evaluación oficial expone que buena parte del quebranto financiero de Luz y Fuerza era porque compraba la energía que comercializaba a la CFE, no refiere con claridad que los costos de venta impuestos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hacían inviable el saneamiento de sus finanzas.
De forma tramposa, la titular de la Sener expuso que pese a haberse establecido convenios de productividad, como el de 2008, para salvar las finanzas de la extinta empresa, éstos no se cumplieron. Esto es falso, pues además de haberse obtenido mejores eficiencias en la prestación del servicio se lograron abatir las pérdidas de energía. De estos logros, el SME posee pruebas irrefutables. Tampoco señala en sus justificaciones que sí existían alternativas para que Luz y Fuerza operara con números negros.
Deliberadamente la funcionaria ocultó la propuesta que el SME hizo, con oportunidad, tanto al entonces director Jorge Gutiérrez Vera como a Kessel, en torno a la creación de una empresa que aprovechara los miles de kilómetros de red de fibra óptica integrados en su infraestructura, que hubieran permitido tener ingresos anuales superiores a los 100 mil millones de pesos, al ofrecer a los usuarios el servicio de voz, imagen y datos a un precio accesible.
Como en su momento se denunció, el trasfondo de extinguir Luz y Fuerza –y de paso acabar con el SME– era el allanar el camino a empresas privadas y trasnacionales para el manejo de recursos tan valiosos y rentables como el de la fibra óptica. También que el estudio no refiere en ninguna de sus líneas las concesiones que el gobierno federal ha otorgado a trasnacionales para la generación de energía y cuya compra obligada de ésta, por parte de la CFE, tiene a la empresa modelo, según Kessel, al borde de la quiebra, al endosar los costos de la desastrosa estrategia en materia de energía eléctrica, a millones de usuarios de escasos recursos.
En uno de los apéndices, “Punto de vista de los sectores interesados”, queda manifiesto que la medida fue adoptada de forma autoritaria e irresponsable: “Toda vez que corresponde a la nación la generación, conducción, transformación y abasto de la energía eléctrica […] Debe entenderse que no hay sectores interesados”.
Es decir que para Calderón y sus funcionarios el adoptar una acción de tal trascendencia –que repercutiría, inevitablemente, en millones de usuarios– no requería de la opinión de los ciudadanos, los sectores productivos y mucho menos de los propios legisladores, quienes de acuerdo con la Constitución son los únicos facultados para modificar las leyes relacionadas con la prestación del servicio eléctrico. Queda claro que nunca se elaboró un diagnóstico serio y responsable antes de emitir el absurdo e ilegal decreto.
En otro de los puntos se señalan las “desventajas de las soluciones propuestas”. El cinismo oficial llega a los linderos del absurdo, pues en el punto tercero no deja lugar a dudas sobre la forma en que a sabiendas de que estaban pisoteando el estado de derecho (y que esto podría tener consecuencias jurídicas), decidieron aplicar el decreto de extinción.
En los documentos desclasificados, se lee: “Instauración de procedimientos judiciales tendentes a demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad de los actos administrativos que se expidan, o bien la actualización de la figura de sustitución patronal, a fin de obtener la consecuente reinstalación de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro”.
Calderón, Georgina Kessel, como dicen los juristas: “A confesión de parte, relevo de pruebas”. De ese tamaño son las atrocidades y mentiras que pretendían ocultar al país.
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
