El vuelo de los caranchos entre el tumulto de necrófagos (del griego nekros: cuerpo o muerto, y phagos, comer), de animales carroñeros que, sin mesura, ahítan los despojos de Petróleos Mexicanos (Pemex). Y todavía quieren más, como si padecieran el síndrome de Prader-Willi (patología congénita definida por el apetito insaciable) comparable al propósito fundamental de la acumulación capitalista: la ansiedad mórbida por maximizar siempre la tasa de ganancia (mientras más alta sea ésta, más se anhela). No tiene límites el imperativo de acrecentar las fortunas. Les han resultado insuficientes las generosas concesiones obtenidas y los incentivos pavlovianos recibidos por los poderes Ejecutivo y Legislativo desde 1983, con la mirada benévola del Judicial, de manera legalmente dudosa, con su interpretación o la modificación arbitraria de la Carta Magna, es decir, pisoteándola impunemente o con medidas calificadas de ilegales, que desprenden el tufo de la corrupción.

 

Quieren toda la industria petrolera, como coto privado, para depredarla a placer, bajo la cobertura constitucional (como antídoto a las retorcidas interpretaciones legales que podrían convertirse en una pesadilla, ya que, eventualmente, podría llegar un gobierno con la Carta Magna en ristre y la chocarrera ocurrencia de querer instaurar el estado de derecho que acabaría o acotaría los desmanes que privan en la jungla capitalista vernácula). Desde luego no serían los casos de Josefina Vázquez Mota ni de Enrique Peña Nieto, que, para granjearse los deleites de los necrófagos locales y foráneos (y en caso de encaramarse alguno de ellos en la silla presidencial), les prometen la profundización de la reprivatización de la industria. De manera “pragmática”, “audaz”, “despojándonos de ataduras ideológicas”, dijo el delfín del oligarca Emilio Azcárraga Milmo y de otros de la misma pandilla. Andrés Manuel López Obrador, en cambio, es desconfiable. Primero dice que respetará los contratos otorgados a empresas privadas nacionales y extranjeras para la exploración y explotación de petróleo. Pero inmediatamente añade que “no queremos dorar la píldora a nadie” y “más vale que se sepa” que no se concederán nuevos contratos ni se privatizará el crudo, ni la generación de energía eléctrica, que están reservados a la nación. Que “no vamos a caer en la tentación de privatizar Pemex”. Enigmáticamente agrega que “todo eso se va a corregir. No quiero hablar de una segunda expropiación, pero sí se va a aplicar lo que establece la Constitución. Se manejará a Pemex con eficiencia”.

 

 

Por esa inquietante razón, Gerardo Gutiérrez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, consideró “indispensable”, el 19 de marzo de 2012, una “seria revisión” del artículo 27 constitucional y sus leyes reglamentarias, para legalizar la asociación de Pemex con los empresarios (algo así como el dinero sucio que se blanquea y reaparece alegre y legalmente limpio), para abrir las puertas a la participación de la inversión privada, bajo la rectoría estatal, ya que la empresa “necesita una transformación de fondo para acortar la brecha frente a las prácticas dominantes de la industria a nivel internacional y cambios institucionales que lo hagan posible”. Esa medida, agregó, debe ser complementada con la orientación de la renta petrolera hacia la inversión, en activos productivos capaces de suplir en el futuro esta riqueza no renovable y generar en el ínter un valor agregado sustantivo y sostenible para la sociedad, y la corrección de las restricciones fiscales, sindicales y legales que padece Pemex. Su idea es que la empresa comparta con ellos los riesgos de los proyectos de las inversiones intensivas, como en los yacimientos de aguas profundas, cuya tasa de éxito promedio es de apenas 20 por ciento, pero con un alto potencial de rendimiento si salen adelante.

 

Que a Pemex le urge una reforma de fondo, todo mundo lo afirma, salvo Felipe Calderón, quien está convencido que, gracias a su trunca contrarreforma de 2008, que fue remendada en el mismo sentido por los priístas, ha recuperado su “viabilidad de largo plazo”, su papel de “palanca para el desarrollo nacional”. Y el director de la paraestatal Juan José Suárez Coppel, que seducido por el lirismo de Calderón, señaló que con el manoseo legal se puede maximizar el aporte de la empresa al bienestar de todos los mexicanos, olvidándose que cada mes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público enflaquece sus bolsillos con el alza de los precios de los derivados del crudo. Sólo algo empaña el delirio de Calderón: las pensiones de sus trabajadores que, dice, amenazan la viabilidad financiera de Pemex. Puede organizar un asalto militar como lo hizo con los electricistas. Pero le gusta negociar y propone buscar una “solución creativa”. Acaso comprar a los líderes sindicales para imponer el esquema maquinado en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero existe un problema. No es que los capos sean incorruptibles, sino que éstos ya se encolumnaron con Peña, y el capo mayor, Carlos Romero Deschamps, reviró que el problema se debe a que la contrarreforma de 2008 no se tradujo en una mayor eficiencia de la empresa.

 

 

¿Acaso supone Gutiérrez que los empresarios poseen un misterioso halo y que con su sola participación todo se vuelve eficiente, competitivo y rentable? ¿No será que quieren que Pemex y la sociedad asuman los riesgos y los quebrantos y ellos la rentabilidad?

 

En Argentina la firma española Repsol enfrenta una pesadilla: la cancelación de las concesiones en las provincias de Neuquén, Chubut y Santa Cruz, y el riesgo de la nacionalización de su filial Yacimientos Petrolíferos Fiscales. ¿Por qué razón?, porque se dedicó a especular con los precios, repartir dividendos y saquear a la empresa, al enviar los capitales a Repsol, en lugar de invertir el dinero en la infraestructura, en la búsqueda de nuevos yacimientos y en su explotación, por lo que el país huésped sufre la caída de las reservas. La “nueva” generación de banqueros salinistas resultaron simples especuladores y mancillaron los blasones de los hombres de presa. Al igual que los concesionarios de las carreteras. El empresario de nombre de santo, Juan Diego Gutiérrez Cortina (presidente del Consejo de Administración de Gutsa) no queda mejor parado. Ni Gastón Azcárraga (Mexicana de Aviación). Ni Alberto Baillères (Peñoles). Ni los azucareros ni los mineros. Mucho menos Emilio Azcárraga Jean o Ricardo Salinas Pliego, con sus turbios negocios con los priístas-panistas.

 

Pemex sufre una especie de bulimia. Se excede en la ingesta de divisas pero luego las expele, por lo que su delgadez financiera, en su física infraestructura y la oferta de sus productos es alarmantemente ostensible. No lo hace por gusto, sino en virtud a la terapia de purgas, diuréticos, laxantes y enemas a la que es sometido por el gobierno, los directivos de la empresa y los carroñeros empresarios. Es obvio que no la quieren matar, sólo desean maximizar el saqueo de la renta petrolera (mientras no se pueda dinamitar el artículo 27 constitucional). No sería extraño que en lo que resta del calderonato y embriagados por el influjo del santo pastor alemán, Benedicto XVI, Calderón, priístas y panistas hagan el milagro y precipiten su demolición. No sea que llegue el diablo.

 

 

 

Las cuitas de Pemex son harto conocidas y se pueden mencionar brevemente:

 

1) El salvaje pillaje fiscal al que ha sido sometido en el periodo de 1998-2012, justo cuando el precio medio de exportación subió 40 por ciento nominalmente, o seis veces más si se resta la inflación externa a los dólares. En 1998-2011 acumula un rendimiento de operación por 7.1 billones de pesos reales. Si se le resta el pago de intereses netos, las variaciones cambiarias y la posición monetaria, el rendimiento antes del pago de impuestos queda en 7.4 billones. Pero después de la liquidación del montón de tributos, que suman 8.2 billones, las ganancias se convierte en una pérdida por 686 mil millones de pesos (mmp) (ver gráficas).

 

José López Portillo apenas se apropió del 99.9 por ciento de los rendimientos; Miguel de la Madrid, 98.9; Carlos Salinas de Gortari, 92.3; Ernesto Zedillo inició la rapacería: le quitó el 100.4 por ciento; Vicente Fox, sólo el 108.2 por ciento; y Calderón el 112. Ello explica que la deuda de Pemex pasara de 313 mmp, en 2002, a 569 mmp, en 2006, y a 782.8 mmp, en 2011. De menos de 30 mil millones de dólares (mmd) a 52.3 mmd y 56 mmd. Que en 2011 sus pasivos (1.7 billones; 109.8 mmd) superen sus activos (1.5 billones; 123.5 mmd), por lo que su patrimonio es negativo (192 mmp; 13.7 mmd).

 

2) Los funcionarios de la paraestatal que deliberadamente administran su desmantelamiento. La Auditoría Superior de la Federación ha desnudado sus obscuros manejos. Periodistas como Ana Lilia Pérez y Nancy Flores (de las revistas Contralínea y Fortuna) han documentado prolijamente sus turbias actividades. Recientemente Flores publicó cómo Suárez Coppel y sus muchachos manejaron 1.2 billones de pesos, en 2010, a través de empresas internacionales creadas con carácter privado, con el objeto de evadir la supervisión pública y manejar los recursos de la empresa a su capricho. Tales operaciones se realizan en los paraísos fiscales, conocidos popularmente como lavaderos o blanqueadores de dinero. (http://contralinea.com.mx/2012/03/18/pemex-envia-1-2-billones-a-paraisos-fiscales/). ¿Dónde está la refinería de Tula? Se ha documentado que la importación de gasolinas (compradas a precios menores y vendidas onerosamente a Pemex) ha sido un jugoso negocio para los vendedores. ¿También para los compradores?

 

3) La conversión de Pemex en una administradora de contratos privados, igualmente oscuros, caldo de cultivo para la corrupción, por bordear el terreno de la ilegalidad y las operaciones anómalas. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la paraestatal ha otorgado el 46 por ciento de sus contratos de manera directa a sus proveedores, mientras que otras empresas petroleras entregan sin licitar sólo 15 por ciento de sus convenios. En su estudio, que revisa a 34 países, señala que esa clase de adjudicaciones ha redundado en sobrecostos, que oscilan entre 10 y 35 por ciento, ya que no existe competencia. ¿Acaso no es el objetivo? Es decir, para que los amigos o los “socios” obtengan y repartan las ganancias extraordinarias. Pemex regentea alrededor de 303 mil 100 contratos. Entre 2009 y 2018, se estimaba que realizaría inversiones (731 proyectos de largo plazo) por un monto de de 227.7 mil millones de dólares. La empresa pública tiene más de 4 mil proveedores registrados en su padrón y alrededor de 50, el 10-11 por ciento son las principales beneficiarias. Para el periodo de 2012-2016 se tienen planeadas inversiones promedio por 325 mmp, con empresas que serán por invitadas, por licitación y adjudicación directa. Según cálculos de la OCDE los sobrecostos en México podrían involucrar entre 32 mmp y 114 mmp. Por ello, la Organización recomienda que se amplíen las licitaciones abiertas y competitivas y que centralice las adquisiciones, para “luchar contra las licitaciones fraudulentas”. También que participe más activamente e indicadores para facilitar la compatibilidad y la posibilidad de evaluarlas en el orden federal, en cooperación con la Comisión Federal de Competencia, como si tuviera una utilidad.

 

La OCDE quiere que se pierda, o al menos se reduzca, el negocio del contratismo. ¿Acaso es muy descarada la corrupción?

 

A contracorriente se ha iniciado el proceso de la segunda ronda de licitaciones de contratos integrales para la exploración y producción de campos petroleros, la versión nueva de los convenciones alemanistas acusadas de anticonstitucionales.

 

4) La negativa gubernamental por instrumentar una reforma fiscal integral, compensada con la expoliación de Pemex. Los grandes empresarios ganan por partida doble: con sus servicios con la paraestatal y otras obras públicas; y con los bajos o nulos pagos de impuestos, por la vía de la evasión o las deducciones.

 

5) La política petrolera neoliberal impuesta por priístas y panistas, conforme los esquemas del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el “consenso” de Washington, cuyo objetivo es reprivatizar la industria energética.

 

Ante la estrategia de desmantelamiento de la industria petrolera existe la opción enseñada por el general Lázaro Cárdenas, por Venezuela, Ecuador o Rusia, cuyos resultados han sido mejores que los alcanzados por los neoliberales.

 

*Economista