Ya lo sabíamos hace varios años: México es una de las tres naciones donde los peligros a los informadores son mayores. Le preceden Irak y Pakistán.
Este año, la organización The Fredoom House señala que nuestro país es uno de los cuatro en Latinoamérica en donde “no existe prensa libre”. Sí, donde es casi imposible investigar acerca de acontecimientos que vulneran a la sociedad. Las otras naciones en este continente, según la institución estadunidense, son Honduras, Cuba y Venezuela.
Según el estudio realizado, México cayó 60 lugares –hasta el 138– respecto de 2010. Todo debido a la guerra contra el narcotráfico. Así pues, no sólo los empresarios mexicanos se quejan de que la violencia evita la llegada de inversiones y posibilita que dueños de fábricas se vayan del país, sino también se constata que los márgenes para informar se ven reducidos por los malosos y sus sicarios.
En el reporte se plantea que “el crimen organizado logró ampliar con amenazas y sobornos su control sobre la agenda informativa” (Reforma, 3 de mayo de 2011). Algo muy obvio si recordamos que El Diario de Juárez publicó un editorial en el que interrogaba no a las autoridades, sino a los barones de la droga acerca de qué hacer para evitar que continuaran asesinando a sus reporteros y baleando sus instalaciones.
Frente a ello, los gobiernos estatal y federal no han hecho nada. Sólo cambiaron a la policía por el Ejército y viceversa, amén de reforzar la guardia personal de las autoridades; pero los ciudadanos de a pie y los informadores no han recibido un trato distinto. Lo sabe muy bien la familia de Maricela Escobedo, que se fue del país luego de los asesinatos de varios de sus miembros.
Pero alguien podría decir “eso es en el Norte”, pues hay estados considerados muy peligrosos para los reporteros. Entre ellos, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Michoacán y Guerrero. En este último, por ejemplo, el periódico El Sur, de Juan Angulo, sufrió diversas agresiones por parte del exgobernador Zeferino Torreblanca. Lo que muestra que los funcionarios son, en ocasiones, más peligrosos que los hampones.
Recientemente, el 29 de abril, el escritor Luis Humberto Crosthwaite, cuando presentaba su más reciente obra Tijuana: crimen y olvido, fue conminado a salir de manera apresurada del Instituto Tlaxcalteca de Cultura por órdenes de su director Carlos Gerson Orozco, ya que éste consideró “peligroso” lo que iba a relatar el escritor.
Dice Luis Humberto: “Mi novela trata de violencia y periodistas desaparecidos” y “suelo explicar que es un reflejo de lo que sucede actualmente en el país: la violencia desatada por el narcotráfico y multiplicada por la guerra que declaró el presidente Calderón” (El Financiero, 3 de mayo de 2011). Extraño, el gobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur, es priista.
Según un reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de 2005 a marzo de 2011 se han reportado en suelo azteca 68 homicidios y 13 desapariciones de periodistas. También se han ratificado 473 expedientes de quejas y 21 atentados a instalaciones de medios de difusión (ídem).
No obstante que han exigido se resuelvan los homicidios, la Fiscalía Especial de largo nombre y gran ineficacia y la nueva comisión que no acaba de conformarse, pero en la que se incluye a la Secretaría de Gobernación y otras dependencias, brillan por su ausencia. Es decir, no hay voluntad política para solucionar algo que atenta contra la democracia, pues ya sabemos por diversos teóricos que sin una prensa libre y robusta, nada marcha bien.
En un desplegado del Frente Nacional por la Libertad de Expresión, se plantea la impunidad existente, la censura y la violencia persistente contra los informadores y los medios de comunicación. Lamenta esa agrupación que el gobierno no lleve a cabo medidas para acabar con la impunidad, la censura y la autocensura (desplegado en La Jornada, 3 de mayo de 2011).
Frente a ese panorama, Felipe Calderón envió un mensaje para felicitar a los periodistas y afirmó que se respetarán las ideas, las propuestas y las expresiones de todos. Aunque, desde luego, es necesario que de las palabras se pasen a los hechos, ya que en un ambiente de incertidumbre no hay mucho que hacer.
Recordemos, por cierto, que hace unas semanas enviaron fuera del país al catedrático universitario y periodista italiano Giovanni Proiettis. No hubo explicaciones al respecto, aunque varios compañeros alegaron que fue por sus críticas a la guerra contra el narco y a las posiciones mexicanas respecto del cambio climático.
No hay que olvidar, tampoco, que la revista Contralínea ganó recientemente una batalla por la libertad de información. Había sido demandada por una empresa que tiene contratos con Petróleos Mexicanos. Y es que el semanario dio a conocer una serie de negociaciones poco claras. La jueza Yassmín Alonso había condenado a la publicación supuestamente por “exagerar” en la difusión de los hechos, pero un tribunal superior le corrigió la plana a la señora, exonerando a Miguel Badillo, Ana Lilia Pérez, Nancy Flores y al caricaturista David Manrique; en este último caso, es la primera vez en varias décadas que se pretendía castigar a un cartonista.
Pero no se crea que las demandas contra reporteros sean algo excepcional. Contralínea ha sido llevada a juicio en varias ocasiones, una en la que este reportero se encuentra involucrado. Pero, además, el góber precioso, Mario Marín, también demandó a Jorge Meléndez por daño moral. Los patos, entonces, tirándole a las escopetas.
Hay otros asuntos graves y poco tratados: la falta de presupuesto a las estaciones gubernamentales, la ausencia de licencias a las radios comunitarias, la publicidad gubernamental exagerada a los medios privados y un largo etcétera.
¿Libertad de prensa o involución de los medios?
*Periodista
