El panista Juan de Dios Castro es una caricatura de defensor de los derechos humanos, tarea que tiene asignada como subprocurador de la república. No entiende ni quiere saber absolutamente nada que suponga respetar las mínimas garantías. A los periodistas, por ejemplo, los trata con singular menosprecio: dijo que las indígenas asesinadas en Oaxaca, Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez, locutoras de la radio comunitaria La voz que rompe el silencio, eran simples amas de casa que iban a poner música a la estación. Del también victimado periodista Brad Will aseveró que era un “gringo aventurero”, y a la presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Aleida Calleja, de plano le sorrajó el epíteto de “enemiga del Estado”.

Tan inútil y espuria como la de la Procuraduría General de la República, hay otra Comisión de Derechos Humanos que es toda ficción: la de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuyo titular, el general brigadier Jaime Antonio López Portillo, hizo una declaración de antología cuando estimó que 671 denuncias de abusos militares en 2007 y 1 mil 230 durante 2008 “no son muchas” si se toma en cuenta que andan 50 mil soldados y marinos en las calles, carreteras, campos y ciudades.

Estas instancias “defensoras” de fachada pueden coexistir en un país donde el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública es cada día más opaco y permite que lo sean las dependencias oficiales; en donde el Instituto Federal Electoral es un árbitro inútil que se doblega ante el poder de las televisoras; en donde la Secretaría de la Función Pública hace como que sanciona e inhabilita, pero no recupera ni el uno por mil de lo robado por servidores públicos.

Militariza, que algo queda. Chihuahua es un estado mártir, prueba irrefutable de que la presencia castrense únicamente logra disparar la violencia y las ejecuciones. Sólo en Ciudad Juárez hubo, en 2008, 1 mil 664 asesinatos atribuidos a la delincuencia organizada, 10 veces más que en el año precedente. El Ejército llegó para quedarse en marzo de 2008, porque en marzo de 2009 se triplicó su presencia en esa entidad fronteriza.

No se nos olvide que fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que dio el banderazo de salida al Ejército para intervenir en tareas de seguridad pública, reservadas constitucionalmente a los civiles, al resolver la controversia constitucional 1/96. Ya se vieron las nefastas consecuencias de haber permitido esta actuación excesiva.

Es a esa misma tremenda corte a la que toca hoy asumir una justa responsabilidad jurídica y política, y definir, de una vez por todas, si la extensión del fuero de guerra contra la población civil es compatible con la Carta Magna y con tratados internacionales suscritos y ratificados por México.

La arbitraria privación de la vida de cuatro civiles a manos de la tropa en Santiago de los Caballeros, Sinaloa, es un caso que llegó ya a la Primera Sala de la SCJN.

De analizar a fondo y con seriedad el caso de estos arbitrarios homicidios, la Corte “tendrá una oportunidad inmejorable para fortalecer el control civil sobre las fuerzas armadas”, expresaron Luis Arriaga, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y Luis Miguel Cano, de Fundar Centro de Análisis e Investigación.

“La Corte debe asumir su responsabilidad en el tema y actuar con congruencia. No se trata de abolir el fuero de guerra, sino de aplicarlo para lo que es propio (el juzgamiento de militares) y no para casos de violaciones a derechos humanos cometidos en agravio de civiles”, señalaron.

En México no cabe la menor duda de que prevalece un “patrón de impunidad” en los cada vez más frecuentes casos de violaciones de derechos humanos por parte de militares en perjuicio de los civiles. Cuando los expedientes se remiten al fuero militar, ello “no representa la mínima garantía de independencia e imparcialidad y mucho menos de una eficiente investigación”. Represión contra los pobladores; perdón y olvido para militares abusivos.

Más allá de la percepción ciudadana, hay cifras inobjetables: Autoridades civiles remitieron a la justicia castrense no menos de 500 averiguaciones previas, en donde los violadores de garantías eran militares, entre enero de 2006 y noviembre de 2008.

Solamente este año pasado se acumularon más del 75 por ciento de ese total de averiguaciones (381) enviadas hacia la Procuraduría de Justicia Militar. Es decir, aumenta la cesión de los ministerios públicos federal y común de casos contra civiles en los que los militares terminan juzgándose a sí mismos. Botón de muestra de la impunidad rampante cuando los civiles caen en manos castrenses: de 110 casos “aceptados” por el fuero militar para ser investigados el año pasado, sólo hubo 11 consignaciones. Uno de cada 10 quiere decir impunidad del 90 por ciento.

“La información recabada y corroborada confirma que, mientras los abusos militares van en aumento, la justicia castrense muestra una tendencia a perpetuar la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos de los civiles”, apunta el Centro Miguel Agustín Pro Juárez en un informe titulado: ¿Comandante supremo? La ausencia de control civil sobre las fuerzas armadas al inicio del sexenio de Felipe Calderón.

Banquillo internacional

Durante una audiencia temática sobre la justicia militar en México, dentro del periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, se presentó este informe de crecientes violaciones castrenses contra la ciudadanía a partir de una cada vez más amplia participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

En el título mismo del informe (¿“Comandante supremo”?) va implícita la crítica a la ausencia de controles civiles sobre las fuerzas militares. El análisis reconoce que el problema no comenzó con Felipe Calderón en Los Pinos.

Ni siquiera con Vicente Fox, sino por lo menos desde la última administración priista, la de Ernesto Zedillo, quien creó la Policía Federal Preventiva e incorporó a ese esquema a miles de elementos de tropa, con lo cual avanzó en “la legitimación de nuevas funciones para el Ejército”.

Un esfuerzo por sistematizar abusos cometidos por las fuerzas armadas en los años recientes generó la detección de 120 casos reportados en medios de comunicación.

De ellos, la mayoría se cometieron en Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán, Sinaloa, seguidos en escala descendiente Nuevo León, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Estado de México, Baja California y Tabasco.

Al menos 17 personas perdieron la vida en 2008 a causa de la intervención militar. Hubo 39 heridos también, pero los abusos más frecuentes son cateos ilegales, agresiones físicas, detenciones arbitrarias y ataque con armas de fuego.

Las víctimas de esta violencia castrense (más allá de la confrontación con la delincuencia organizada y el narcotráfico) han sido jóvenes, mujeres, indígenas, migrantes indocumentados, periodistas y menores de 18 años, según ese registro hemerográfico.

“Riesgosos para los derechos humanos, los operativos militares calderonistas son solapados por la insuficiente rendición de cuentas, propia de la ausencia de control civil sobre el Ejército”, es una de las conclusiones del análisis.

En una democracia donde prevalezca el estado de derecho y la división de poderes, el control civil sobre las fuerzas armadas supondría rendición de cuentas ante el Poder Legislativo, transparencia y acceso a la información militar pública, depósito en manos civiles de las secretarías de Estado del ramo castrense, limitación de la jurisdicción castrense a los asuntos que estén estrictamente relacionados con la disciplina militar y no con la justicia para los civiles.

Hace poco más de dos años movía a risa la casaca verde olivo que ostensiblemente le quedaba enorme a Felipe Calderón.

Con el transcurrir del sexenio, lo que le queda grande es el reto por dar a los mexicanos la seguridad prometida.

Calderón echó a andar la maquinaria guerrera verde y ya nadie ríe frente a una violencia desatada que da pábulo a críticas internacionales, base para la especulación: desde meter a Joaquín Guzmán, alias el Chapo, entre los multimillonarios de Forbes hasta juzgar que hay un vacío de gobernabilidad en varias regiones del país.

Por lo pronto, la inepcia demostrada en ocho años de gobiernos de Acción Nacional es tal que ya ha despertado los sueños intervencionistas de Estados Unidos sobre suelo mexicano.