Rubén Espinosa Becerril y Nadia Vera Pérez, dos de las cinco personas asesinadas en la colonia Narvarte, en el Distrito Federal, denunciaron que habían sido reprimidos por las mal llamadas fuerzas del orden de Javier Duarte y que por ello habían salido de Veracruz.
Al periodista lo apalearon en varias ocasiones (una, el 14 de febrero de 2014, lo cual denunció ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, CDHDF) y dijo que no quería ser “la próxima víctima”, según comenta su amigo y compañero de tareas Noé Zavaleta, a Yuli García en El Universal Televisión (4 de agosto de 2015). Eso lo tenían muy claro varios compañeros de oficio que lo apoyaban de diferentes maneras, incluso monitoreando sus pasos (Alejandro Meléndez dixit).
Nadia, por su parte –hija de una poeta chiapaneca–, era activista social y participante del grupo Yo Soy132. Fue agredida en Veracruz en 2012 y en 2013, al participar en movilizaciones a favor de causas sociales. Tuvo relación con varios informadores, entre ellos Pedro Canché, a quien Roberto Borge encarceló 9 meses en Quintana Roo, y es hora que el gobernador no se disculpa con Pedro no obstante una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Institución a la que repetidamente los mandatarios no le hacen caso.
Ahora sabemos que las otras víctimas son la señora Olivia Alejandra Negrete, que fue a asear la casa, una colombiana de nombre Mile Virginia Martín y la estilista Yesenia Quiroz Alfaro.
La Procuraduría del Distrito Federal ha tenido graves tropiezos. Primero dijo que la masacre se debió a un robo, algo que le pareció incorrecto a Joaquín López-Dóriga (Milenio, 4 de agosto de 2015) porque no se mata con tal saña por un hurto. También señaló la dependencia capitalina que no se podía hablar de persecución a un fotógrafo porque Rubén estaba desempleado, no obstante que colaboraba en la revista Proceso y estaba por firmar un contrato con la agencia Cuartoscuro, de Pedro Valtierra. Y las imágenes de tres sujetos que abordaron un automóvil Mustang, el cual dejaron en Coyoacán, dice que son borrosas y será difícil la investigación, aunque después se expresó que el dueño del automóvil era Sergio Cervantes Conde. Además, al inicio no se planteó investigar al mandatario Duarte que presumía: “en Veracruz únicamente se roban frutsis y pingüinos” (sic endulzado).
Frente a esta nueva matanza han protestado diversas organizaciones, entre ellas la CNDH, la CDHDF, el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la Sociedad Interamericana de Prensa, Freedom House… Y el asunto ha sido abordado con mucha atención por los diarios más importantes del orbe. Así, pues, es una papa caliente que no será fácil de apagar.
Más aún, Miguel Ángel Mancera, jefe capitalino, no tiene ni debe cargar con los asuntos de Javier Duarte, que con el caso de Rubén suma 15 asesinatos impunes de periodistas y 37 que están exiliados. Y con el asunto de Nadia, ya va 1 decena de activistas sociales ultimadas.
Uno de ellos, que se encuentra en chilangolandia, Rafael Pineda, mejor conocido como Rapé, ha dicho que la cosa está tan grave que está pensando emigrar del país (La Calle, 4 de agosto de 2015). El monero es de los mejores y publica en el periódico Milenio.
Curiosamente, el 30 de junio pasado, en un supuesto acto por la libertad de expresión, Duarte señaló que muchos periodistas estaban coludidos con el narcotráfico; que todos conocían a los involucrados y los llamó a “portarse bien”, ya que si ocurría algo grave a él lo iban a culpar y sacrificar. Rara intervención, ya que antes en dicho encuentro con tecleadores, rifaba hasta carros para los que lo adulaban. Señala bien Denise Maeker (El Universal, 4 de agosto de 2015), si algo sabía el funcionario, su deber era castigar a los responsables y no hacerles advertencias.
Extrañamente, un columnista (El Universal, 3 de agosto de 2015) señala que, según fuentes confiables, el asunto de la masacre puede ser por líos de narcotráfico, debido a que entre las víctimas está una colombiana. Aunque sus informantes le dijeron mal el nombre de esa persona, a quien llamó Yesenia (sic), en lugar de Mile.
A este tipo de periodismo lo considera acertadamente Julio Hernández López como “canalla” (La Jornada, 4 de agosto de 2015). Y es que aparte de matarlos, ahora a Rubén y a Nadia se les revictimiza, dudando de las causas que defendieron y señalándolos como narcos.
Ello es sumamente preocupante. Ambos, Espinosa y Vera, señalaron cómo desde la administración de Fidel Herrera Beltrán –y ahora con Duarte– Los Zetas se han adueñado del estado. Recordemos: los hijos de Enrique Peña Nieto fueron a Veracruz y sus escoltas se tuvieron que enfrentar con ese cártel que cobra derecho de piso y continúa en el trasiego de las drogas.
Por eso actualmente los jarochos tienen dos peligros: los narcotraficantes y un gobierno ineficaz y hasta coludido con los malosos.
Carlos Puig (Milenio, 3 de agosto de 2015) dice que se han creado diversas oficinas para protección a informadores con nulos resultados. Y Jesús Silva Herzog (Reforma, ídem) señala que “la inseguridad del periodista es la inseguridad de todos”.
En México han asesinado, de 2000 a la fecha, a 100 periodistas, más que en la guerra de Vietnam o en las batallas en Oriente (Luis Prados, El País, 5 de agosto de 2015). Nadie de los funcionarios se hace responsable de indagar mínimamente.
Tiene mucha razón Sergio Aguayo (Reforma, 5 de agosto de 2015): es necesario un diagnóstico preciso de la situación de los periodistas en Veracruz, algo que deben realizar la CNDH y la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión, de la Procuraduría General de la República, hoy a cargo de Ricardo Nájera.
Esperemos que no pasen los días sin resultados claros, algo que sabemos ha ocurrido desde el asesinato de Manuel Buendía.
Jorge Meléndez Preciado*
*Periodista
[SECCIÓN: ARTÍCULO]
Contralínea 450 / del 17 al 23 de Agosto 2015
