Dice Felipe Calderón que el Estado le ha declarado la guerra al narcotráfico, pero el Estado somos todos los mexicanos. El empecinamiento en continuar esta guerra falsa y perdida de origen en contra de las mafias de la droga es una decisión que sin duda ha tenido un alto costo para el país y sólo Calderón y su gabinete tendrán que pagar, aunque sea a futuro, las consecuencias de este fracaso.
Y digo falsa porque si el gobierno tuviera alguna intención real de combatir el tráfico de drogas y a los cárteles que las producen y las distribuyen, ya hubiera utilizado toda la información que guarda la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y su Unidad de Inteligencia Financiera sobre el dinero sucio que circula en los circuitos financieros del país, para confiscarlo y capturar a los involucrados en el delito de lavado de dinero, lo que generaría un verdadero golpe mortal a las bandas criminales.
En cambio, Calderón se ha empeñado en castigar al Ejército Mexicano involucrándolo en la lucha contra el narcotráfico, con las evidentes consecuencias: deserciones masivas de militares que se pasan al bando contrario, corrupción en el cuerpo castrense y violaciones y abusos a los derechos humanos.
Si el gobierno modificara la estrategia, debería revisar las cuentas del dinero sucio que circula en instituciones bancarias, casas de bolsa, centros cambiarios, en la Bolsa Mexicana de Valores y en los sectores inmobiliario, turístico y de la construcción, en donde el lavado de dinero producto del narcotráfico es algo común y de todos los días, ante la mirada complaciente de las autoridades. Pero hasta ahora las instrucciones del gobierno es no molestar a la banca extranjera que opera en México ni a los inversionistas foráneos y nacionales.
Es precisamente el dinero sucio, que genera la venta de la droga, el que permite al crimen organizado comprar autoridades; sobornar banqueros, empresarios y burócratas; corromper militares, policías, jueces, magistrados y hasta ministros; manipular a diputados y senadores, alcaldes, gobernadores y políticos y, finalmente, contratar a campesinos, pequeños y medianos productores agrícolas y terratenientes para que presten sus tierras para el cultivo de las drogas. Pero de esto prefieren no hablar Calderón ni sus funcionarios, que dicen combatir al narcotráfico.
Pero qué pasaría si Calderón cambiara su discurso y –en vez de declararle la guerra a los cárteles del narcotráfico y mantener al país en medio de una terrible violencia callejera– le decretara la guerra a la pobreza extrema y determinara un estado de emergencia nacional para impedir que 30 millones de mexicanos –la tercera parte de la población que en su mayoría está conformada por niños, mujeres y ancianos– se mueran literalmente de hambre y de enfermedades curables, porque para esos compatriotas sería un lujo pensar en educación, centros de salud, materiales para vivienda y vestido para soportar las inclemencias del tiempo en regiones apartadas de la montaña, cañadas, selvas, sierras, barrancas y cuevas.
Más aún, cuando oficialmente el gobierno reconoce que los mexicanos pobres alcanzan los 60 millones de personas (el 60 por ciento de la población), de los cuales 30 millones están en pobreza extrema porque carecen de los satisfactores básicos para vivir. Esta batalla contra la pobreza, que sí podría librar Calderón con saldos positivos, debería ser considerada por el gobierno una emergencia nacional para detener la extinción de pueblos indios, que es lo que ahora sucede ante la mirada complaciente de la sociedad y, principalmente, del gobierno en sus tres niveles, quienes tienen la obligación y los recursos para frenar ese exterminio de millones de mexicanos. Aquí sí podría emplearse el Plan DN-III militar para asistir a esa población que vive, como dice la Secretaría de Desarrollo Social, en lugares inaccesibles, razón que da para justificar que nunca les llegue la ayuda de los programas de gobierno que gastan dinero público, como Oportunidades, Seguro Popular y Procampo.
El inquilino de Los Pinos, que en sólo tres años ha logrado meter al país en una profunda crisis económica, social y política, de la cual no tengan memoria de otra crisis igual las últimas generaciones de mexicanos, sumaría apenas un punto a su desgastado gobierno que ha perdido todo, incluida la dignidad.
