Dos acciones espectaculares, cuando menos, las realizadas en Michoacán el 26 de mayo y la que inició a principios de junio en Nuevo León. En la primera, como sabemos, están arraigadas 30 personas; en la otra, se han detenido hasta el 2 de junio 58 individuos, especialmente policías. Ambas, se dice, forman parte de una lucha intensa y sin reposo contra el narcotráfico, en la que han caído en estos dos años y seis meses infinidad de mexicanos, entre militares, policías, maleantes, sicarios y, desgraciadamente, ciudadanos que no la deben ni la temen.
Al reunirse por cuarta ocasión en este sexenio, el Consejo Nacional de Seguridad Pública insistió en lo ya sabido, no obstante que exista una nueva policía y se hagan reclamos airados a quienes seguramente tienen nexos con los traficantes de estupefacientes.
Felipe Calderón, sin referirse a nadie específicamente, dijo que estamos pagando los costos por la tolerancia a la delincuencia, y por acuerdos tácitos o específicos aumentó la impunidad. Algo que no inquietará ni a Miguel de la Madrid –ya senil– ni a Carlos Salinas de Gortari –que muestra su poder a cada rato–, ni a Ernesto Zedillo, el cual da cínicamente lecciones de mala economía hasta en nuestro país, ni mucho menos a Vicente Fox, quien recibe doctorados patito en Estados Unidos, nación que presume tiene la información exacta acerca de los que realizan el comercio de drogas.
Por lo tanto, son arengas más para los votantes, que posiciones con el fin de enjuiciar políticas, señalar culpables y rectificar errores. Pues, incluso, si algunos tuvieron que ver con acuerdos oscuros, serían quienes manejaron la seguridad nacional en el sexenio pasado, Genaro García Luna y Eduardo Medina Mora.
En el desayuno del mencionado consejo, vedado a los medios de difusión, trascendió que Calderón se disculpó con Leonel Godoy por el operativo michoacano –la Secretaría de Gobernación lo desmintió–.
Natividad González Paras, lejos de molestarse por lo que ocurre en su entidad, dijo que todo había sido de común acuerdo entre los poderes federal y estatal. Claro, algunos indiscretos recordaron que el hermano del neoleonés es mencionado como ligado a grupos delincuenciales, tanto que ya se fue de México.
La situación que se vivió no fue nada tersa. Incluso los gobernadores que llegaron con las siglas del Partido de la Revolución Democrática, varios de ellos con actuaciones propias de la derecha –entre los más destacados, el de Chiapas, Juan Sabines, y el de Guerrero, Zeferino Torreblanca, ausente del encuentro– designaron a Marcelo Ebrard para que hiciera varios señalamientos al respecto.
El gobernante del Distrito Federal dijo que las políticas de Estado deben ser de largo aliento y no coyunturales, necesitan involucrar a todos los órganos de gobierno y por encima de toda consideración política y resulta fundamental informar a las administraciones estatales de lo que harán las fuerzas armadas. En síntesis, no se valen las acciones sorpresa contra algunos, por motivos electorales.
Que la famosa guerra contra los malosos va perdiéndose, lo muestra la resolución del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. El Consejo Consultivo de esa agrupación, formado por siete instituciones de educación superior y organismos de la sociedad civil, como Fundar, no encuentran avances sustanciales en las promesas de lograr mayor seguridad; al contrario, pareciera que hay un estancamiento y, en algunas asuntos, un franco retroceso.
Pero lo más preocupante es que lejos de sostenerse la administración federal en los miembros de dicho acuerdo, no los toma en cuenta para nada. Algo realmente inconcebible, pues en Medellín, Colombia, adonde viajó Felipe Calderón, los delitos bajaron, los secuestros disminuyeron y el narcomenudeo sigue en picada, gracias a programas sociales: empleo, transporte, comunicación y, en gran medida, cultura; ejemplo de batalla ciudadana.
Es imposible derrotar a los que diseminan miles de millones de dólares únicamente con el ataque de las fuerzas armadas. Si no involucramos a la gente, todo será efímero.
En una consulta de Mitofsky (finales de mayo), el 49 por ciento de los interrogados dice que Felipe Calderón sigue un rumbo equivocado y el 43 por ciento señala que va en la ruta correcta; 40 por ciento ve en la crisis el mayor problema, 19 por ciento la inseguridad y 15 por ciento el desempleo. Además, 35 por ciento se queja de que, cuando menos, un familiar suyo ha sido desempleado en los últimos 90 días.
Hasta el momento, pareciera que alardear le ha dado una buena aceptación a Felipe: goza de más de 60 por ciento de preferencias. Empero, al irse acumulando las dificultades y no resolverlas, sino postergarlas, amén de creer que los medios pueden seducir a todos, el peligroso cóctel puede estallar en cualquier momento.
La paz, a fin de cuentas, no se finca en la televisión, sino en las calles. Ignorarlo es suicida. Por cierto, en esta guerra ¿cuándo se ha detenido a un lavador importante de dinero? Bancos y casas de bolsa son, prácticamente, intocables.
