Antes de irse a otro viaje al extranjero y en el momento que la calificadora Standard and Poors viera el futuro económico de México negativo, Felipe Calderón envía un proyecto de reforma política, utilizando su clásico decálogo.
A Felipe le gusta hacer las cosas a última hora, sobre todo en cuanto a nombramientos que debe aprobar el Senado o propuestas importantes. En el segundo caso, muestra con ello inseguridad, falta de planeación, ausencia de diálogo con sus adversarios y posiciones sectarias.
La realidad es que en Los Pinos ya no saben cómo desviar la atención de los asuntos importantes dado el clima turbulento que se ve para el Ejecutivo y su partido en los siguientes meses.
Los 10 puntos en política incluyen de todo: desde exigencias añejas (iniciativa popular y candidaturas ciudadanas), hasta reclamos populares (reducción del número de legisladores, ya que hay la percepción del excesivo costo en política), pasando por urgencias presidencialistas (iniciativas preferentes y observaciones al Presupuesto de Egresos) y discriminación a otros actores (elevación del 2 al 4 por ciento para que nuevos organismos lleguen al parlamento).
Se excluyen cuestiones importantes: la rendición de cuentas –a pesar que se dice será la piedra de toque para la reelección de munícipes y legisladores hasta por 12 años–, referéndum y plebiscito, revocación de mandato, ratificación de parte del gabinete por el Congreso y, desde luego, la figura de vicepresidente o jefe del gabinete.
Que no se incluya a alguien que sustituya al jefe del Ejecutivo por muerte o asesinato –esto último algo terrible aunque posible dados los tiempos actuales–, muestra que el presidencialismo es tan omiso de lo básico que se siente intocable y casi divino.
Los desacuerdos no se hicieron esperar. Tanto el Partido Revolucionario Institucional (PRI) como el Partido de la Revolución Democrática (PRD) estuvieron en contra de varias propuestas, aunque algunas las hacen suyas. Y es que en lugar de una reforma de acuerdos, como la de 1978 de Reyes Heroles y López Portillo o la de Ernesto Zedillo, la actual es, según teóricos, deshilvanada.
Tiene razón Porfirio Muñoz Ledo –otro viajero frecuente y quien ha estudiado largamente el problema, realizando infinidad de foros al respecto–, de no incluirse una modificación en radio y televisión, cualquier reforma política es agua de borrajas. Y es que ya vimos en la anterior elección que la spotización no lleva a ningún lado.
Así pues, quien decía hace poco que iba a transforma el país con varias reformas de gran calado muestra que lo hace de manera incoherente, sin buscar que exista hondura en lo que plantea.
En el PRI hay posiciones encontradas. Francisco Labastida llama a estudiar el asunto con tranquilidad y hacer las modificaciones pertinentes en febrero próximo. Manlio Fabio Beltrones, que presentó hace tiempo una iniciativa, no la ve con malos ojos, aunque insiste en la necesidad del jefe de gabinete (autopostulación). Mientras, Enrique Peña Nieto, que está contra la reelección de cualquier funcionario, dice que no es el momento oportuno para entrar a este debate.
En el caso del PRD, Carlos Navarrete nuevamente dice que no se vale mandar las propuestas el último día; Jesús Ortega, sin fuerza pero con apoyo de medios, se pronuncia en contra de la segunda vuelta y le parece excesiva la reelección por 12 años; y el controvertido Pablo Gómez tampoco aprueba la ya citada segunda votación.
En síntesis, nuevamente parece que lejos de construir un edificio para el futuro, se diseña algo para satisfacer a la opinión pública, ya que los políticos, debido a sus excesos y falta de resultados, son los peor evaluados.
Mientras tanto, el país en este 2010, sin duda, perderá capacidad en muchos terrenos: educativo, científico, en competitividad, en captación de inversión extranjera, en turismo, etcétera. Algo que parece no importar a un Ejecutivo que tiene únicamente como meta 2012.
