El manejo mediático de las supuestas virtudes de la “reforma” laboral que la oligarquía mexicana trata de imponer a través de Felipe Calderón y sus matones de barrio, Javier Lozano, el porro golpeador de los obreros, y Juan Gerardo de los Cobos, el yunquista soldado de Cristo rey, es completamente inútil para tratar de ocultar la naturaleza antisocial, anticonstitucional, pro empresarial y neoliberal de la iniciativa.
Marcos Chávez M / Primera de dos partes
Apenas se cruza el umbral de las “buenas intenciones” que justifican las pretendidas “bondades” del proyecto, las promesas de mayor productividad y mejoría en los salarios, empleo formal y la reducción de la miseria, se cae la grotesca máscara que la encubre para dejar ver su verdadera fisonomía. La rabiosa faz, las filosas garras y los acerados colmillos con los que los empresarios y sus cancerberos del gobierno, sus gerentes de Los Pinos, de la Secretaría del Trabajo y los panistas del Congreso pretenden destruir las conquistas laborales consagradas en el artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo, beneficios que no fueron generosamente otorgados por los gobiernos en turno desde 1917 ni tampoco por los dueños de las empresas, en un gesto piadoso de unos y otros para regular la salvaje explotación a la que eran y son sometidos los asalariados.
La relativa mejoría registrada en los salarios reales y en el mercado laboral –seguridad e higiene en las empresas, estabilidad en el empleo y prestaciones sociales como servicios médicos y jubilaciones, entre otras–, hasta 1976, la modesta recuperación en su participación en el ingreso nacional y la reducción de la pobreza y la miseria, hasta 1982, y la existencia de sus maltrechas organizaciones, reiteradamente golpeadas por el gobierno, las autoridades laborales, los patrones y las mafias de los sindicatos paraestatales y empresariales, han sido resultado de las luchas heroicas de los obreros, desde el porfiriato, a costa de ser brutalmente reprimidos; frecuentemente soportando los despidos, los encarcelamientos, los secuestros, las matanzas colectivas, el asesinato de sus líderes.
Es cierto que el “arte” de la política normalmente tiende a apoyarse en la falsedad embozada para que los gobernantes alcancen sus fines, la cual es a menudo compensada para mantener su credibilidad, salvo en el caso de los déspotas. Pero Calderón y su pandilla, en especial Lozano, han sustituido la política por la mentira permanente, aderezada con la feroz represión y el ultraje en contra de los trabajadores, sin ningún resarcimiento. Peor aún, en sus formas y contenido, su oferta laboral representa un verdadero insulto a la inteligencia de los asalariados. Con argumentos ramplones, que los tratan despectivamente como retrasados mentales, quieren que apoyen su contrarreforma que destruiría un siglo de beneficios laborales y regresaría las reglas bárbaras que normaban al mercado de trabajo en el porfiriato y en la época primitiva de la Revolución Industrial del siglo XVIII.
Los calderonistas y los empresarios suspiran por completar el ciclo neoliberal que en su momento no alcanzaron Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox. Éstos precarizaron a los trabajadores, los hundieron en una mayor pobreza y miseria al reducir deliberadamente sus ingresos reales, lo que explica las ofensivas fortunas acumuladas por la oligarquía. Pero les faltó legalizar la “flexibilidad”, el desmantelamiento de las leyes laborales que ya operan ilegalmente pisoteando la Constitución, para someterlos completamente a la dictadura del salvaje “libre mercado”, sin la menor capacidad jurídica para defender sus intereses.
Que el mercado laboral es un desastre como reconocen Calderón y Lozano para justificar su iniciativa, y como recién señaló el segundo (El Universal, 29 de marzo de 2010), nadie está en desacuerdo: es precario y “flexible”. Es mezquino. La descomposición social, que afecta a jóvenes, maduros y viejos, manifiesta la crisis del sistema. De 13 millones que llegaron a la edad de laborar en 2001-2009 y de los 9 millones que buscaron un empleo, sólo 5.5 millones lo encontraron, la mayoría de pésima calidad, mal pagado y temporal.
Por los 43.7 millones que estaban ocupados al cierre de 2009, había 28 millones, equivalentes a 64 por ciento, que ya no buscan empleo, estaban desempleados, subempleados, sobrevivían en la “informalidad”, trabajaban pero no recibían un ingreso o migraron hacia Estados Unidos. Del total de los ocupados, sólo 15 millones (35 por ciento) tenía acceso a los servicios de salud, laboraban menos de 15 horas a la semana, o más de 48 millones, es decir, estaban subocupados o sobreexplotados, y apenas 4.4 millones (10 por ciento) ganaban más de cinco veces el salario mínimo y menos de la mitad de esa cantidad podía vivir con cierta dignidad.
De los ocupados, 28.8 millones son trabajadores asalariados y apenas 15.4 millones tenían servicios médicos, 17.4 millones contaban con las demás prestaciones sociales y sólo 12.5 millones (43 por ciento) tenían una base de planta, el resto son temporales o carecen de contrato. Ésa es la realidad de la “tercerización”, la subcontratación, los empleos de confianza, los honorarios y “demás indocumentados laborales” como los llama el abogado laborista Arturo Alcalde.
Los residentes en Estados Unidos aumentaron en 2 millones entre 2000 y 2005. El poder de compra de los salarios reales retrocedió a su nivel registrado a principios de la década de 1950. Los trabajadores agrícolas son auténticos esclavos como en el porfiriato. Los urbanos casi lo son. Sin los adornos oficiales (pobres de “patrimonio”, “alimentarios”, “multidimensionales”), 74 millones de 108 millones de mexicanos son pobres y miserables.
El mercado laboral exuda miseria y rencor para la mayoría, y riqueza para la minoría. Cierra las puertas y expulsa masivamente a los delincuentes que los aparatos de represión persiguen, encarcelan y cazan con singular alegría, incluyendo a los “colaterales” inocentes.
Pero hasta allí llega el acuerdo con Calderón y Lozano, y se inicia desacuerdo al explicar las causas y las soluciones. Para ellos, la anticonstitucional informalidad del mercado laboral formal se debe a una “flexibilidad” incompleta, que encarece los costos del trabajo de las empresas, afecta su productividad y competitividad e inhibe la inversión, el crecimiento, la creación de empleos y la mejoría salarial.
A las inútiles leyes laborales actuales, la justicia laboral omisa y displicente, los abusivos sindicatos o la terquedad de los trabadores que aún se resisten a asumir sumisamente su condición de corderos que deben ser inmolados al dios-capital, entre otros factores, se debe el mal funcionamiento del mercado. Su solución es legalizar la “flexibilidad” laboral. Cambiar 419 de los más de 1 mil artículos de la Ley Federal del Trabajo, sin tocar la Constitución.
Aunque no lo dicen, la “flexibilidad” laboral es subsidiaria del engendro ideológico parido por los Chicago Boys y “recomendado” por el FMI y el Banco Mundial como parte de sus “modernizadoras” reformas estructurales neoliberales. Según esa receta, el mal funcionamiento de los mercados, entre ellos el rígido mercado laboral, y la productividad se debe a las excesivas regulaciones políticas, institucionales y jurídicas, al poder de los sindicatos que socavaba la disciplina de los trabajadores y los onerosos y excesivos programas y prestaciones sociales, que desincentivan la “creatividad” de los pobres empresarios.
Así que el antídoto es eliminar esas trabas; desregular todo; flexibilizar al mercado laboral. Que sea la “mano invisible” del “mercado libre”, es decir, los empresarios, la que determine el nivel de los salarios y las condiciones laborales (la duración y los términos de los contratos, las prestaciones, los horarios, la extensión y los lugares de las jornadas, etcétera), sin la interferencia sindical y estatal, salvo para que someta a quienes perturben la paz de los sepulcros del “mercado”.
Como dice el economista David Ibarra: “Al neoliberalismo librecambista le estorba el Estado, auspicia el predominio del mercado, quiere la abolición de fronteras e instituciones gubernamentales, así como la consagración de los valores de la eficiencia competitiva sobre cualquier otro criterio social”. Por ello, se ha dedicado a “a demoler las instituciones del Estado-nación para hacer que la libertad globalizada de los mercados reine suprema, en ausencia notoria de normas regulatorias de alcance universal en campos tan importantes como los del empleo, la protección social y la regulación de los sistemas financieros”.
Si los Chicago Boys son los padres putativos de la bestia “flexible”, su padrino fue el criminal dictador Augusto Pinochet. Su ministro del trabajo, José Piñera, Chicago Boy de la Universidad Católica de Chile y de Harvard, dio vida al monstruo con la reforma previsional y el plan laboral en 1979, que privatizó los fondos de pensión, limitó y fragmentó la sindicalización y “flexibilizó” el mercado de trabajo. Desde luego que la misión del católico Chicago Boy fue sencilla. Los trabajadores chilenos “aceptaron” su “flexibilización” porque antes los militares ilegalizaron los sindicatos no leales, a sus líderes los molieron a palos, los encarcelaron, asesinaron y obligaron a exiliarse a un número nada despreciable de ellos.
La contrarreforma pinochetista modificó los contratos individuales para permitir el libre despido sin que los trabajadores puedan reclamar; la afiliación sindical se volvió voluntaria; se permitió la creación de más de un sindicato por empresa para neutralizar su fuerza y se restringió su afiliación a federaciones y confederaciones; se reduce la negociación sindical colectiva dentro de una empresa para eliminar el apoyo de otras organizaciones; se restringe el derecho a huelga al limitarse su duración a un máximo de 60 días y además se permite el reemplazo de los trabajadores mientras están en paro; se legaliza la subcontratación generalizada; se elimina la prohibición que impedía abatir las remuneraciones pagadas, salarios, y se desvincularon las alzas salariales del sector privado de los aumentos de los empleados públicos, entre otras medidas.
Curiosa la similitud del pinochetismo laboral con la propuesta calderonista que, según Lozano, incorpora las iniciativas de la izquierda y la derecha, pero no la de los trabajadores. Ni siquiera, al parecer, de sus “socios” leales, los charros sindicales, la doña Elba, los petroleros, los electricistas, los ferrocarrileros y demás capos priistas y de los empresarios.
Calderón y Lozano aprendieron las lecciones pinochetistas. Tratan con el puño de hierro a los sindicalistas rebeldes como los mineros, electricistas, aeromozas y los que tienen la desgracia, por razones legales, caer entre sus garras. En lugar de arbitrar y aplicar las leyes laborales, las pisotean, con la complicidad de los poderes Legislativo y Judicial. Nuestros pequeñajos dictadorzuelos no alcanzan la estatura de su maestro Pinochet.
Nada dicen que el estancamiento, la falta de empleos, la precariedad de los existentes y el deterioro del poder de compra tienen dos responsables: los empresarios que impunemente violentan las leyes laborales con la complicidad de los gobiernos priistas y panistas, y los gobiernos que aplican las políticas económicas y las contrarreformas neoliberales y reprimen a los trabajadores que defienden sus intereses. En la siguiente entrega analizaremos con más detalle la contrarreforma neoliberal laboral calderonista.
