El 17 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el proceso mediante el cual la Secretaría de Economía convocó a diversos sectores, entre ellos, el laboral, a presentar comentarios y recomendaciones sobre la evaluación del T-MEC, a cinco años de su entrada en vigor, el 1 de julio de 2020.

Durante 60 días –plazo que concluye el 16 de noviembre–, los interesados podrán enviar sus opiniones y sugerencias a la dependencia que encabezará las negociaciones del tratado en 2026.

La convocatoria subraya que procesos similares se realizarán en Estados Unidos y Canadá, al recordar que el T-MEC contiene las disposiciones laborales más sólidas entre los tratados comerciales vigentes en el mundo.

Una condición insalvable para la firma del acuerdo fue el Capítulo Laboral, que derivó en leyes reglamentarias en México y se aprobó el 1 de mayo de 2019.

La Nueva Reforma Laboral no sólo fortaleció el derecho a la contratación colectiva, sino también estableció el voto libre, directo y secreto como único método para elegir dirigencias sindicales.

Con ello, se buscó impulsar la democracia interna, ausente en muchos sindicatos charros acostumbrados a métodos arcaicos, como la votación a mano alzada, la aclamación o los congresos de delegados, donde unas cuantas decenas sustituían la voluntad de miles.

De cara a la negociación que deberá realizarse en julio del próximo año, y en cumplimiento del artículo 34.7 del tratado –que impone una revisión profunda a los seis años de su vigencia–, se vuelve necesario evaluar con imparcialidad los logros reales que el Capítulo Laboral ha reportado a la clase trabajadora en México.

Si bien se aprobaron leyes que prohibieron prácticas lesivas a la seguridad social y los derechos de millones de empleados subcontratados bajo el esquema de outsourcing, esta figura no ha desaparecido del todo y se ha disfrazado de “empresas de servicios especializadas”.

La reforma constitucional de 2019, que se aprobó como requisito indispensable para la entrada en vigor del T-MEC, tampoco erradicó la subcontratación ni incorporó a las empresas públicas como Pemex y la CFE, ni a las dependencias de gobierno. Además, no resultó la mejor vía para legitimar contratos colectivos ni eliminar los llamados contratos de protección, operados por sindicatos blancos.

A la fecha, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) ha carecido de presupuesto, personal y estructura para supervisar la contratación colectiva.

Se calcula que 500 mil contratos se han cancelado y, en muchos casos, los sindicatos han denunciado trabas burocráticas y procesos lentos de revisión en este nuevo órgano creado para legitimar la Reforma Laboral.

En cinco años de aplicación del Capítulo Laboral, se han registrado 37 quejas y seis paneles por desacuerdos. El CFCRL ha sido señalado recientemente por solapar violaciones a la libertad sindical de trabajadores de la empresa ATENTO.

Esto evidencia deficiencias en la supervisión de elecciones sindicales, incluso después de implementar el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR).

Una radiografía objetiva de los beneficios laborales muestra que, en materia de subcontratación, la situación no ha mejorado.

Antes del T-MEC había más de 5 millones de trabajadores sin acceso a seguridad social, vivienda o jubilación.  En 2023, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reportó cifras similares bajo el esquema de “Servicios Especializados”, utilizado en actividades como limpieza, que además alienta la evasión fiscal.

Otro indicador negativo es la persistencia de la informalidad laboral. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, en el primer trimestre de 2024 el 54.3 por ciento de la población trabajaba en la informalidad.

Mientras, sólo el 47.7 por ciento contaba con empleo formal. Esto significa que tras la Reforma Laboral, 26 millones 990 mil 654 mexicanos tienen empleo formal (16 millones 300 mil hombres y 10 millones 600 mil mujeres), frente a 32 millones en la informalidad (18 millones 700 mil hombres y 13 millones 300 mil mujeres).

Ante este panorama, la consulta pública abierta por la Secretaría de Economía debe traducirse en resultados claros y difundidos, para que el análisis permita identificar fallas y proponer soluciones que fortalezcan la justicia laboral y eliminen definitivamente el outsourcing, hoy disfrazado bajo nuevos esquemas.

También debe ponerse a debate la falta de información sobre la Reforma Laboral y sus alcances, pues el desconocimiento generalizado en el país dificulta su aplicación. Varias de las quejas en torno al Capítulo Laboral provienen de inercias que obstaculizan una verdadera democracia sindical.

En la renegociación del T-MEC, debe buscarse que el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) se aplique en igualdad de condiciones. Esto incluye la defensa de migrantes mexicanos en Estados Unidos y Canadá.

La convocatoria de la Secretaría de Economía, en el terreno laboral, sólo será útil si resulta incluyente y se refleja en propuestas firmes ante los socios comerciales. En México, aún queda mucho camino por recorrer.

Martín Esparza Flores*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

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