Tras el llamado “error de diciembre” de 1994 –considerado el inicio de una de las peores crisis financieras recientes del país– el priísta Ernesto Zedillo Ponce de León endosó la multimillonaria deuda de los bancos a los mexicanos, misma que, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, se terminará de pagar hasta 2042.

Al respecto, el máximo órgano de fiscalización de México estimó que, “al considerar sólo el pago de intereses, el saldo de la deuda podría aumentar a 2 billones 564 mil 472.3 millones de pesos al cierre del año 2042”. 

En 1996, Zedillo aseguró en su Segundo informe de gobierno que el costo del rescate ascendería a sólo 180 mil millones de pesos. De acuerdo con su mensaje, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 1996, el doctor en economía afirmó que los apoyos canalizados a través del sistema bancario “no son para respaldar a los accionistas de los bancos. Son para proteger la integridad de los recursos depositados por las personas, las familias y las empresas en la banca, así como para auxiliar a los deudores a fin de que participen y contribuyan en la recuperación de la economía. Por eso, se han comprometido recursos fiscales, estimados a precios de 1996 en más de 180 mil millones de pesos, que se irán erogando a lo largo de varios años”.

Ahora, como si no tuviera memoria de sus propios actos, el expresidente de la República (diciembre de 1994-noviembre de 2000) pretende dar lecciones de economía y manejo de crisis al tiempo que se lanza en contra de los programas sociales y el Estado de bienestar, cuando en su propia crisis –en los hechos– eligió rescatar a los dueños de los bancos apenas privatizados en el gobierno anterior, de Carlos Salinas. Es decir, hizo pública una deuda que era de la iniciativa privada y con ello comprometió las finanzas de siete sexenios posteriores (Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña, Andrés Manuel López Obrador y los próximos tres mandatos federales). 

En su el informe especial Infraestructura financiada con ingresos futuros, la Auditoría Superior señalaba desde 2017 que “el importe de compromisos del IPAB corresponde a los pagos programados de intereses de acuerdo con los ingresos de las cuotas que recibirá el instituto en los próximos 25 años, por 1 billón 243 mil 265.7 millones de pesos y de recursos fiscales que el gobierno federal transfiere al IPAB, por 421 mil 754.7 millones de pesos”.

Para la ASF, esas obligaciones de pago futuras de los esquemas financieros representan riesgos para las finanzas del actual y los próximos sexenios, pues “podrían reducir los márgenes de acción del gobierno federal, así como de las entidades federativas, para atender otras necesidades de gasto; este riesgo puede incrementarse si se adicionan también los compromisos de pago del IPAB (1 billón 665 mil 18.4 millones de pesos) … lo que necesariamente incidirá en mayores presiones sobre las finanzas públicas”.

Y de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, al segundo trimestre de 2022 esta deuda que heredó Zedillo casi alcanzó los 930 mil millones de pesos: “el monto de los pasivos netos del Instituto [IPAB] a precios corrientes, pasó de 919 mil 669 millones de pesos en diciembre de 2021 a 929 mil 696 millones de pesos en junio de 2022, presentando un incremento en términos nominales de 1.09 por ciento y una disminución de 2.83 por ciento en términos reales, considerando qué durante ese periodo, la inflación acumulada fue de 4.04 por ciento”.

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