Tuvieron que pasar casi dos años para que la autoridad chiapaneca correspondiente reconociera que no tenía delitos que imputar a estos detenidos. Sin embargo, la obstinación por tenerlos encarcelados los ha alejado de sus familias por 21 meses, lo que debilitó las bases de éstas y el tejido social de sus comunidades. Luego de que pasaran un mes bajo arraigo y alrededor de un año y siete meses en el Centro de Readaptación 14 El Amate, ubicado en el municipio de Cintalapa, Chiapas, durante febrero pasado se logró la libertad de 10 campesinos que habían sido detenidos en el marco de una protesta social, el 4 de julio de 2010.
Felicitamos a Santos Salas, Priscilio Morales, Tereso Morales, Miguel Roblero, Juan López, Hipólito Ramírez, Marvel Zunun, Pedro Raymundo, Emmanuel Pérez y Eberneo Velázquez, que han tenido el temple y la paciencia para lograr su libertad y soportar casi dos años de injusta prisión. Y requerimos urgentemente al gobierno de Chiapas que revise y rectifique aquellos procesos (de un número considerable), cuya connotación es política o social y no criminal. Entre éstos, el de los campesinos Roberto Ramírez, Darinel Roblero y Salistro Roblero, quienes siguen presos en El Amate, ya que sus casos han llevado otro proceso legal, a pesar de que fueron detenidos bajo los mismos cargos y contexto que los ahora liberados, por lo que estaría fuera de toda lógica una resolución distinta.
Las 10 personas que hoy se presentan libres de cargos se suman a tantos otros injustamente detenidos y sin voz para reclamar justicia. La criminalización de los movimientos populares en ningún caso puede representar una solución, ya que sólo profundiza el daño a las comunidades y establece un círculo vicioso de movilización y represión. El gobierno está para escuchar y atender las demandas del pueblo, no para callarlas a golpes. El compromiso con los derechos humanos debe ser universal –no selectivo– y priorizar a quienes se encuentran entre los grupos más vulnerables.
Desde el momento en que se realizaron las aprehensiones, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos ha denunciado, gracias a espacios en medios comprometidos con la verdad, como el presente, las graves violaciones a los derechos humanos de las cuales víctimas dichas personas, además de las evidencias de tortura y criminalización de la protesta social en Chiapas. También que se ha promovido la atención de las demandas de distintas comunidades afectadas, por la exclusión y desatención de sus necesidades básicas (vivienda, agua potable y accesos a otros recursos básicos). En este semanario se han presentado dos artículos al respecto: “Chiapas: organizarse es conspirar; manifestarse, motín” (6 de marzo de 2011) y “El tapón del Grijalva” (10 de abril de 2011).
¿Es suficiente una ley de amnistía?
Ante las incesantes denuncias que las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos hemos hecho al respecto, en la actualidad los legisladores están debatiendo la promulgación de una ley de amnistía, con el fin de otorgar libertad a los presos políticos y de conciencia. Sin embargo, ésta, como hasta ahora se plantea, beneficiaría sólo a presos del orden federal y abre la posibilidad de ser utilizada como una herramienta política, más que de justicia, al brindar beneficios también a aquellos que, como parte del Estado, son responsables de violaciones a derechos humanos e incluso crímenes de lesa humanidad.
Si bien será bienvenido cualquier instrumento que permita restablecer algo de justicia para quienes han sido indebidamente encarcelados, es necesario enfatizar algunos señalamientos, con el fin de evitar que, en lugar de resultar una ley a favor de estos presos, termine por ser –como ha sucedido– una ley hueca, sin motivos reales de justicia y a modo para la manipulación y la toma de foto.
Primero: el término amnistía implica la idea de una tregua y, por ende, de enfrentamiento y misericordia con el enemigo. También implica un cierto reconocimiento por parte del gobierno de un uso abusivo de la autoridad, lo cual no resuelve de fondo el problema (justamente el de la criminalización de la protesta social, al hacer enemigo del Estadoa todo el que no está de acuerdo con éste).
Segundo: un luchador social puede ser acusado de cualquier delito tipificado. No sólo la criminalización de los movimientos sociales, sino las prácticas de culpabilización, ya integradas a las venas del aparato judicial (el presunto culpable o la máxima no escrita de acusar al detenido del mayor número de crímenes posibles) conllevan a la potencialidad de que cualquier caso pueda tratarse desde el ámbito político. ¿Cuál sería el criterio que la comisión de la verdad –que se propone en dicha ley– utilice para identificar a quienes realmente lo son y a quienes no? ¿Será a través de la opinión pública o se liberará, por ejemplo, sólo a aquellos que cuenten con el apoyo o la denuncia de las organizaciones no gubernamentales internacionales? Cabe advertir que esta ley de amnistía, con el fin de promover una imagen de “tolerancia” ante los medios y la opinión internacional, podría dar sólo atención a los casos que el gobierno considerara estratégicos y, como siempre, aquellos con menos recursos para hacerse oír seguirán siendo silenciados.
Los legisladores, al menos los realmente comprometidos, deben de estar conscientes de que el problema no radica sólo en liberar a quien no debe estar preso, sino en la práctica instaurada en el seno de nuestro sistema jurídico. Como se sabe, no funciona con una intención de aplicar la justicia sino de culpabilizar al detenido, al sospechoso y al “enemigo”. Al tomar en cuenta que el Estado suele hacer del luchador social uno de éstos, mientras no haya un cambio de fondo al interior y de la concepción desde el Estado de lo que significa la lucha social, así como del respeto y valor de los derechos sociales, en tanto la lucha de algunos legisladores comprometidos no se extienda a estas profundidades, los resultados siempre serán parciales y en extremo manipulables.
La amnistía puede ser un gran paso, pero se requiere de una restitución profunda. Deben de revisarse las leyes en materia de delincuencia organizada y derogar aberraciones legales como el arraigo. También brindar protección real y reconocimiento a las organizaciones no gubernamentales y a luchadores sociales, que de acuerdo con las organizaciones de las Naciones Unidas y la de los Estados Americanos, deben considerarse como defensores de derechos humanos.
*Integrante del área de de difusión de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, AC
