Guillermo J. R. Garduño Valero*
Durante la Guerra Fría el problema central consistía en determinar cómo seríamos, si socialistas o capitalistas; pero al concluir este periodo el problema central es: ¿seremos?…
John Saxe Fernández
Al concluir la Segunda Guerra Mundial, la victoria aliada planteaba la necesidad del advenimiento de una nueva era presidida por la eliminación del temor a la guerra, el inicio del desarrollo económico y la creación de un nuevo orden social presididos por la coexistencia de modos de vida. A fin de cuentas se había triunfado contra los Estados fascistas y la promesa miraba en torno a la reconstrucción inmediata de una sociedad destruida por al guerra, de nuevas naciones que reclamaban un espacio dentro de ese nuevo orden. Y bajo esas condiciones se crearía la Organización de Naciones Unidas, a partir de la carta de San Francisco.
Sin embargo, más allá de las buenas intenciones, el mundo miraba aún con horror el holocausto judío y de minorías producido por los nazis, la intolerancia de las purgas estalinistas, la destrucción de las ciudades y el final atómico con el que concluyó la segunda conflagración mundial. Bajo esta idea surge la nueva visión de la seguridad nacional, que viene a sustituir la idea dominante desde el siglo XVI de la “razón de Estado”, que anteponía todo interés al juicio dominante de los que gobernaban.
En este sentido, el concepto es construido por Estados Unidos y rápidamente se extiende a toda su área de influencia hasta abarcar, incluso, las regiones del mundo soviético al concluir la etapa de Stalin. Pese a ello, el concepto no es abordado en todos los casos de la misma manera y con igual significado, de ahí que podamos distinguir que este concepto posee una enorme variedad de contenidos que van desde la protección de un régimen político, pasando por la idea de seguridad del Estado, hasta el ámbito de la defensa de la sociedad y las posibilidades de su desarrollo.
Un concepto con significados tan distintos genera, a su vez, posiciones contradictorias. De esta manera, quienes lo enfocaron como la defensa de un régimen político se consagraron a la tarea de crear una estructura de inteligencia como sensor para combatir a los que consideraban sus enemigos, incluyendo dentro de esta línea a los disidentes: en México, el caso de la Dirección Federal de Seguridad, creada por Manuel Ávila Camacho y su entonces secretario de Gobernación Miguel Alemán. Éstos fueron testigos de las múltiples atrocidades cometidas por este aparato contra sujetos que hoy tendríamos que analizar si constituían o no un peligro real para la estabilidad del sistema imperante, dominado entonces por la figura presidencial sexenal y el partido oficial.
Esta visión de los aparatos de inteligencia fue una transferencia de la Guerra Fría entre las potencias al interior de las naciones y se extendió al mundo creando la nueva intolerancia e imposibilidad de renovación. Desde el fin de la Guerra Fría en 1991, los conflictos ya no pueden ser analizados bajo esa óptica reduccionista y es entonces cuando se genera una nueva visión que recupera la problemática que la había creado originalmente. Se pasó de la idea de la defensa del orden a la de la necesidad de construcción de un orden social justo. Y esta diferencia central no es tan sólo la introducción del adjetivo justo, sino la condición necesaria, aunque no suficiente, para iniciar el ciclo de la seguridad nacional.
Se establece la parte del reconocimiento de las debilidades internas y de las amenazas externas como base para valorar y derivar un diagnóstico, y a partir de él establecer la agenda y las prioridades nacionales. Estas últimas se conformarían de lo que la sociedad determine, por lo que la creación de un proyecto nacional tiene como fundamento la existencia de una sociedad democrática, participativa e informada, en lugar de una sociedad dividida entre opciones partidarias, con representaciones corporativas y bajo un conciliábulo de notables. En síntesis, el proyecto nacional es la expresión de los valores, aspiraciones y compromisos de la nación frente a su presente y su futuro, reconociendo sus raíces, pero con vistas de garantizar un futuro diferente y promisorio para sí y las generaciones futuras.
La existencia de ese proyecto nacional debe atravesar por un ámbito de tres condiciones que serían sus medios de posibilidad: la legitimidad que supone el reconocimiento e identificación de los gobernados con relación a las decisiones que asuman sus gobernantes y que deben de tener como fundamento al proyecto de nación; la legalidad, como condición de que el ámbito institucional encuentre una legislación que corresponda con sus márgenes de actuación y regule la participación del campo social del poder nacional; y la gobernabilidad, entendida como capacidad de gestión, lo que supone la correcta aplicación de recursos y la eliminación de la corrupción en los diferentes niveles del ejercicio público.
Como consecuencia de lo anterior, se supone la formulación de un Plan Nacional de Desarrollo que contenga las aspiraciones e intereses nacionales y los traduzca en una voluntad nacional que represente la capacidad de generar decisiones derivadas del consenso democrático, donde las minorías tienen expresión, y las mayorías capacidad incluyente, pues no se persigue la idea del pensamiento único, propio de las dictaduras, de ahí la diferencia entre planeación, que supone acuerdo, y compromiso y planificación, que suponían centralización extrema y fijación a la sociedad de metas y objetivos que terminaron siendo inalcanzables.
El riesgo estriba en que en el momento actual la inexistencia de esta idea de seguridad nacional en México nos puede conducir al extremo contrario, que es la inseguridad nacional, donde terminaríamos debilitando nuestras fortalezas internas y renunciando a las oportunidades externas, un ámbito donde la inexistencia de un proyecto nacional es sustituido por un enfrentamiento irreconciliable entre posiciones, donde la clase política y los partidos sustituyen la voluntad nacional, y terminan creando cada uno de ellos bastiones feudales para el ejercicio de su dominio. Lo anterior supone caer en la ilegalidad, la ilegitimidad y la ingobernabilidad en el caso extremo, imposibilitando la alternativa de la planeación democrática.
Fijemos ahora como punto de partida nuestro momento actual, donde el próximo año cumpliremos nuestro bicentenario, y preguntémonos: entre los extremos mencionados del binomio seguridad-inseguridad nacional, a cuál nos estamos aproximando y cuáles serán los costos y consecuencias para nosotros y las generaciones futuras; cuáles serán los costos y consecuencias de que la clase política, en sus distintas variedades partidarias, hayan sustituido el gobernar con la gente por el gobernar sobre la gente, de acuerdo con su muy peculiar y particular visión de la nación._ *Catedrático de la UAM Iztapalapa especialista en seguridad nacional y fuerzas armadas; doctor en sociología por la UNAM, y experto en América Latina por la Universidad de Pittsburgh.
