Nueva York, Estados Unidos. Un nuevo informe mundial que analiza la discriminación sexual en las leyes revela que, si bien en los últimos cinco años se han logrado algunos avances encomiables en el fortalecimiento de las protecciones legales para las mujeres y las niñas, el progreso sigue siendo lento, desigual y cada vez más amenazado por una creciente reacción contra los derechos de las mujeres.

La investigación de Equality Now (Igualdad Ya) identifica cómo las mujeres y las niñas continúan experimentando discriminación sistémica e interseccional en las leyes, políticas y prácticas culturales, exponiéndolas a múltiples formas de daño, a veces con poca o ninguna protección legal.

De manera alarmante, en algunos lugares, los derechos legales de las mujeres se han deteriorado significativamente, con protecciones ganadas, debilitadas o anuladas, a través de cambios legislativos regresivos, fallos judiciales y la retirada de fondos.

La Plataforma de Beijing

La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (Plataforma de Beijing) es un marco global innovador para promover los derechos de la mujer. Adoptada en 1995 por 189 países en la Cuarta Conferencia Mundial de la ONU sobre la Mujer, describe los compromisos para lograr la igualdad de género en todos los aspectos de la vida.

Es crucial que los países se comprometan a “revocar cualquier ley restante que discrimine por motivos de sexo”. El informe de Igualdad Ya, Palabras y hechos: exigir responsabilidades a los gobiernos en el proceso de examen de Beijing+30 (sexta edición),  concluye que, tres décadas después, las mujeres y las niñas siguen sufriendo discriminación en la ley, y que ningún país ha logrado la plena igualdad jurídica.

Las leyes y prácticas que limitan los derechos de las mujeres y las niñas están obstaculizando el progreso de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 sobre igualdad de género, lo que pone al mundo en peligro de no alcanzar estos objetivos fundamentales.

La coautora del informe, Antonia Kirkland, explica que “las mujeres y las niñas merecen la plena protección de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en virtud de la Plataforma de Beijing y otros compromisos internacionales de derechos humanos”.

Y prosigue que “esto requiere derogar toda la legislación discriminatoria por razón de sexo, consagrar la igualdad de género en las constituciones e introducir y hacer cumplir leyes que protejan plenamente los derechos de las mujeres y las niñas en toda su diversidad”.

Retroceso en los derechos legales de las mujeres

Algunos gobiernos están permitiendo leyes y prácticas religiosas y consuetudinarias discriminatorias por razón de sexo y género, mientras que las justificaciones religiosas, culturales y nacionalistas se utilizan cada vez más para socavar y revocar los derechos de las mujeres.

Por ejemplo, en Afganistán, restricciones draconianas han prohibido por completo a las mujeres y niñas participar en la vida pública, la educación, el trabajo y el ocio. La situación también es grave en Irán, donde han sufrido una represión sostenida y quienes se oponen a las leyes discriminatorias por razón de género han sido objeto de arresto, detención, tortura y muerte.

Tara Carey

Los legisladores de Bolivia y Uruguay están considerando proyectos de ley regresivos para debilitar las protecciones para las sobrevivientes de violencia sexual. Mientras que en Gambia, un proyecto de ley para derogar la ley que prohíbe la mutilación genital femenina amenazó con deshacer años de progreso. Afortunadamente, una fuerte oposición impidió con éxito su aprobación.

En Rusia, la “promoción” de las relaciones LGBTTT+ fue prohibida en 2022 entre todos los adultos, y a finales de 2024, bajo la rúbrica de “antipropaganda”, se adoptó una legislación para prohibir la promoción de un “estilo de vida sin hijos”. Mientras, Kirguistán y Georgia han adoptado leyes similares que restringen los derechos de la comunidad.

En Argentina, se han producido importantes recortes presupuestarios en las políticas para abordar la violencia de género, y se ha suprimido el Ministerio de la Mujer, lo que dificulta considerablemente la capacidad del Estado para proteger a las mujeres.

En los últimos 30 años, más de 60 países han liberalizado sus leyes sobre el aborto. Sin embargo, los derechos sexuales y reproductivos se enfrentan a ataques continuos. Un ejemplo de ello es Polonia, donde en 2021 se eliminó uno de los pocos motivos permitidos para acceder al aborto: el “defecto fetal”, o enfermedad incurable.

En Estados Unidos, la Corte Suprema dictaminó en 2022 que la Constitución estadunidense no contempla el derecho al aborto. En enero de 2025, el aborto estaba penalizado en 14 estados, y se están realizando esfuerzos para prohibir los viajes a otros estados para acceder a servicios de aborto.

La República Dominicana es uno de los cinco países de América Latina y el Caribe que han impuesto una prohibición total del aborto. Su Senado está a punto de aprobar un proyecto de ley que mantiene esta prohibición y reduce las penas por violencia sexual conyugal, calificándola de “actividad sexual no consentida”,  en lugar de violación.

Leyes explícitamente discriminatorias por razón de sexo

Países como Sudán y Yemen otorgan a los miembros masculinos de la familia una amplia autoridad sobre las mujeres de la familia y exigen legalmente que las esposas sean obedientes.

En Arabia Saudita, las mujeres deben obedecer a sus maridos de manera razonable, y los maridos tienen derecho conyugal a las relaciones sexuales. Si una esposa se niega a tener relaciones sexuales o a viajar con su marido sin una excusa legítima, esta desobediencia puede hacer que pierda su derecho a la manutención económica conyugal. Según el Banco Mundial, es sólo uno de los 45 países con diferentes normas de divorcio para mujeres y hombres.

Los maridos pueden divorciarse unilateralmente de sus esposas sin condición alguna, pero las esposas deben solicitar al tribunal un divorcio basado en la culpa dentro de criterios estrictos.

La violación conyugal también está permitida en las Bahamas y la India, mientras que en Kuwait y Libia, un violador puede escapar del castigo casándose con su víctima.

Varios países tienen leyes que restringen el acceso de las esposas a cuentas bancarias, préstamos e incluso la capacidad de beneficiarse de su propio trabajo en negocios familiares.

Por ejemplo, un marido en Camerún controla la administración de los bienes personales de su esposa y puede vender, disponer e hipotecar sus bienes comunes sin la cooperación de ella. Las esposas en Chile enfrentan una discriminación similar.

El Banco Mundial informa de que 139 países siguen careciendo de una legislación adecuada que prohíba el matrimonio infantil. Uno de ellos es Estados Unidos, que no tiene una ley federal, y 37 estados todavía lo permiten.

California permite excepciones para casar a menores sin edad mínima, mientras que estados como Misisipi imitan a países, como Bangladés, Malí, Pakistán y Tanzania, al autorizar el matrimonio de niñas más jóvenes que los niños.

La pobreza, agravada por la crisis climática y la migración forzada, está poniendo a las niñas en mayor riesgo de matrimonio infantil, ya que los padres lo ven como un mecanismo de supervivencia para aliviar la presión financiera y “proteger a sus hijas de la violencia sexual”, pese a que el matrimonio infantil facilita las relaciones sexuales no consentidas con una menor. Por ejemplo, Etiopía sufrió una grave sequía en 2022 y, en un año, las tasas de matrimonio infantil se duplicaron.

Como nota positiva, Colombia, Cuba, la República Dominicana, Sierra Leona y Zambia han introducido recientemente leyes que prohíben el matrimonio infantil de menores de 18 años, sin excepción.

A nivel mundial, las leyes y políticas discriminatorias en materia de sexo están limitando la plena participación económica y social de las mujeres, al atrapar a millones de ellas en la pobreza y la dependencia, al tiempo que aumenta su vulnerabilidad a los malos tratos. En muchos países, se niega a las mujeres la igualdad de acceso al empleo, a salarios justos, a la propiedad, a los ingresos familiares y a la herencia.

Esto contribuye a que las mujeres están sobrerrepresentadas en empleos inseguros y mal remunerados, y a que asuman la mayor parte del trabajo de cuidados remunerado y no remunerado.

En países como Kirguistán, Madagascar y Rusia, las mujeres tienen prohibido trabajar en determinados empleos. Entre los avances logrados desde 2020, se encuentra la eliminación de restricciones laborales similares en Azerbaiyán, Jordania y Omán.

Asimismo, es necesario reformar las leyes de nacionalidad sexistas, como en Bahréin, Brunei, Malasia, Mónaco, Togo, Estados Unidos y otros países. Cuando no se concede a las madres y los padres la igualdad de derechos para transmitir su nacionalidad a sus hijos, se crean graves problemas jurídicos y sociales, como la apatridia.

Aumenta el riesgo de matrimonio infantil y forzado; se crean problemas de custodia de los hijos, y las esposas pueden permanecer en matrimonios abusivos por miedo a perder su condición jurídica.

Kirkland concluye que “eliminar la discriminación sexual y de género en la ley es una responsabilidad fundamental de los gobiernos. Equality Now pide a todos los países que revisen y modifiquen o deroguen urgentemente sus leyes discriminatorias por razón de sexo, eviten la supresión de derechos legales y establezcan garantías constitucionales o legales específicas de igualdad para todas las mujeres y niñas”.

*Antonia Kirkland es directora global de Igualdad Legal y Acceso a la Justicia; Tara Carey es directora global de Medios de Comunicación. Ambas de Equqlity Now, la cual es una organización internacional de derechos humanos dedicada a proteger y promover los derechos de todas las mujeres y niñas en el mundo. Su trabajo se organiza en torno a cuatro áreas programáticas principales: lograr la igualdad jurídica, poner fin a la violencia sexual, poner fin a las prácticas nocivas y poner fin a la explotación sexual, con un enfoque transversal en los desafíos únicos que enfrentan las adolescentes

Tara Carey, Antonia Kirkland*/ Inter Press Service (IPS)**

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