El 11 de marzo entró en vigencia el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) con la ratificación de nueve de los 12 países miembros que lo integran. La región se perfila como un nuevo polo de desarrollo económico mundial. Una de las claves de su exitosa política económica ha sido el haber destinado mayores recursos financieros al gasto social. Desde ahora, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) reconoce el desempeño de las economías de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela en su lucha contra la pobreza y el desempleo.
La Unasur es ahora la quinta potencia económica mundial, tiene 361 millones de habitantes y una superficie superior a los 17 millones de kilómetros cuadrados; posee 27 por ciento del agua dulce del mundo, con 8 millones de kilómetros cuadrados de bosques, y es también la región que más alimentos produce y exporta. Se calcula que sus reservas de hidrocarburos son para 100 años. A ello se agrega algo no menos importante: el 95 por ciento de sus habitantes tiene una historia común y valores compartidos. Al Tratado sólo le falta ser ratificado por Brasil, Colombia y Paraguay, que ya han desempeñado un papel preponderante dentro de la Unión. De hecho, el organismo será presidido este primer año por Colombia.
Para entender los alcances regionales de la Unasur, es conveniente referirse a sus principios rectores, magníficamente resumidos en el preámbulo del Tratado, en el que las partes establecen que:
Apoyadas en la historia compartida y solidaria de nuestras naciones multiétnicas, plurilingües y multiculturales, que han luchado por la emancipación y la unidad suramericana, honrando el pensamiento de quienes forjaron nuestra independencia y libertad a favor de esa unión y la construcción de un futuro común, afirman su determinación de construir una identidad y ciudadanía suramericanas y desarrollar un espacio regional integrado en lo político, económico, social, cultural, ambiental, energético y de infraestructura, para contribuir al fortalecimiento de la unidad de América Latina y el Caribe.
Seguras de que la integración es un paso decisivo hacia el fortalecimiento del multilateralismo y la vigencia del derecho en las relaciones internacionales para lograr un mundo multipolar, equilibrado y justo en el que prime la igualdad soberana de los Estados y una cultura de paz en un mundo libre de armas nucleares y de destrucción masiva.
Ratifican que la integración y la unión suramericanas se fundan en los principios rectores de irrestricto respeto a la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial de los Estados; autodeterminación de los pueblos; solidaridad; cooperación; paz; democracia; participación ciudadana y pluralismo; derechos humanos universales, indivisibles e interdependientes; reducción de las asimetrías y armonía con la naturaleza para un desarrollo sostenible.
Con esa sólida base ideológica, desde la firma del Tratado en Brasilia, en 2008, esta Unión ha producido resultados específicos para el desarrollo y la paz de la región. En ese mismo año, la Unasur se avocó a defender el proceso de cambio democrático en Bolivia ante las intentonas separatistas de los prefectos y líderes opositores de las llamadas cinco regiones de la “media luna”. Movimiento en el que se detectó la intervención del embajador estadunidense en ese país andino, Philip Goldberg, quien finalmente fue expulsado por el presidente Morales en septiembre de 2008. Ello se logró sin la intervención de la anquilosada Organización de Estados Americanos. También en 2008, en julio, los 12 países adoptaron una postura común de rechazo a la Directiva de Retorno de la Unión Europea, mediante la cual se pretendía sancionar a empleadores de inmigrantes irregulares. En cuanto a asuntos de seguridad regional, para 2009 los países miembros ya habían creado el Consejo de Defensa Suramericano.
A partir de ahora, una de las principales tareas a la que deberá dedicarse la Unasur es la impostergable entrada en funcionamiento del Banco del Sur, que tiene también aprobado su Tratado desde 2009 y que apenas ha sido ratificado por dos de sus siete miembros. También, la integración suramericana debe ser alcanzada a través de un proceso innovador, que incluya todos los logros y los avances del Mercado Común del Sur y la Comunidad Andina de Naciones, entre otros.
Por su parte, la Cepal reconoce desde ahora los buenos resultados de las economías locales y sus alentadoras perspectivas. Una de las claves ha sido destinar mayores recursos al gasto social. Alicia Barcena, secretaria ejecutiva del organismo, declaró a la publicación Finanzas & Desarrollo (marzo de 2011), del Fondo Monetario Internacional, que la pobreza en la región se encuentra en el nivel más bajo en 30 años, a pesar de la crisis económica. Ello porque el gasto social subió de 12.2 por ciento del producto interno bruto (PIB) en el periodo 1990-1991 al 18 por ciento del PIB en 2007-2008. Además, dentro del gasto público global, los programas sociales crecieron de 45 a 65 por ciento. Por último, afirma la Cepal, “el empleo también ha sido clave a la hora de medir las mejoras en los índices de reducción de la pobreza”, y que “a diferencia de las naciones desarrolladas, donde la crisis financiera ha golpeado duramente el mercado laboral, especialmente en Estados Unidos y España, en muchos países latinoamericanos se registró un incremento del empleo en el sector formal de la economía”. La Cepal tiene razón: la clave reside en destinar mayores recursos al gasto social.
*Doctor en derecho de la cooperación internacional por la Universidad de Toulouse I, Francia
