Que la única visión del gobierno de facto es la del uso de la violencia, queda confirmada con los discursos tanto de Felipe Calderón como del secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, en la ceremonia de clausura y apertura de cursos del sistema educativo castrense. Esto es muy preocupante, toda vez que la experiencia histórica, a lo largo y ancho de América Latina, ha demostrado que seguir ese camino resulta contraproducente e inviable. Lo que sólo se consigue es acrecentar los sufrimientos de la población, afectar de manera grave la economía regional y lesionar el tejido social con más profundidad y mayores costos, como el mismo incremento de la violencia, en un absurdo círculo vicioso sin fin ni retorno.
Para el inquilino de Los Pinos no hay otra salida que el uso de las armas, indiscriminadamente, pues “así como los soldados plantan cara y se baten en combate con el enemigo, ciudadanos o militares debieran hacer lo mismo, cada quien en su trinchera”. Con semejante visión del mundo y de la política, vamos a terminar viéndonos como enemigos todos y cada uno de los mexicanos. Quizá eso es lo que quiere la oligarquía, pues “a río revuelto ganancia de pescadores”. No hay otra explicación al creciente interés de Calderón de querer que cada ciudadano se bata contra un enemigo intangible, que quieren personificar en las bandas del crimen organizado. Lo mismo que hizo George W Bush para justificar su política económica altamente favorable a la plutocracia: crear el fantasma del terrorismo que luego alimentó por conducto de la Agencia Central de Inteligencia.
Por su parte, el secretario de la Defensa reiteró la necesidad de que las Fuerzas Armadas cuenten con fuero especial, para superar lo que llamó “estado de indefinición”, “que de prolongarse puede generar confusiones e incertidumbre entre mandos y tropa, e incluso entre la propia ciudadanía”. No hay bases de ninguna índole para hacer tal advertencia. El Ejército y la Armada tienen muy claro su papel en la Constitución, y por ésta deben regir su actuación.
La Revolución Mexicana fue expedita en cuanto al imperativo de acabar con los fueros medievales que aún subsistían en el porfiriato; sería un gravísimo retroceso histórico revivirlos ahora, en pleno siglo XXI. No tardaría mucho el alto clero católico en pedir lo mismo, a fin de asegurar la “libertad” que tanto reclama para justificar su hegemonía y control sobre los fieles mexicanos, como antes de las Leyes de Reforma.
Galván Galván asegura que “enfrentamos con responsabilidad, determinación y sin pacto ni tregua alguna a los enemigos de todos”. Llevamos un lustro con lo mismo y la situación de violencia e inseguridad está peor cada día. La oligarquía y sus empleados de la burocracia dorada no quieren entender que los “enemigos de todos” son las condiciones que propician y favorecen la descomposición del tejido social; que si actuaran con firmeza, decisión y patriotismo, sin mezquindad ni egoísmos absurdos, no habría necesidad de usar la fuerza desmedida del Estado en contra de la población.
Es obvia la intención de Calderón de justificar a toda costa la creación de un Estado militarizado, con el que la camarilla estaría a salvo de las presiones sociales para que se ponga fin a tanto abuso de la elite y a la ausencia de democracia, cuyas consecuencias son el motor del justo descontento del pueblo afectado.
Galván Galván alega que “nada es fácil en esta lucha [contra el crimen organizado]. Nada y para nadie. Entre más persista la violencia, más imperiosa se torna su erradicación”. En efecto, pero no será con más violencia como se podrá lograr tal objetivo inexcusable. Esto está más que comprobado desde tiempos bíblicos. ¿Por qué entonces el empeño en querer que el Estado se base en las Fuerzas Armadas y no en el derecho? Porque el grupo en el poder sabe que su sustento está en las tropas, no en la ley. Aceptarlo jurídicamente –como sería el caso de aprobarse la Ley de Seguridad Nacional que propone Calderón– sería abrirle la puerta a la negra noche de la dictadura militar por la que ya pasaron las naciones de América del Sur.
Es preciso reiterar, cuantas veces sea necesario, que los enemigos del pueblo de México son la pobreza, la marginación, el desempleo, la falta de oportunidades para millones de jóvenes sin futuro. No invertir en educación de calidad pública y laica, y hacerlo en la compra de armamento cada vez más caro y sofisticado, cancelaría por mucho tiempo la viabilidad para llegar a ser un país progresista. Aún estamos a tiempo de evitarlo, si cerramos filas en torno a la defensa de las instituciones democráticas.
El Poder Legislativo tiene la enorme responsabilidad de salvaguardar lo poco que nos queda como nación que avanzó a costa de la sangre de millones de compatriotas que dieron su vida por un mejor futuro para todos los mexicanos. Es hora de que piensen en México, no sólo en sus intereses.
*Periodista
