Los órganos de seguridad nacional del Estado mexicano dispondrán de más de 89 mil millones de pesos en 2016. Los militares –Sedena y Semar– incrementan presupuestos en 900 millones
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Los militares resultaron inmunes al “presupuesto base cero” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; incluso, al recorte presupuestal de más de 132 mil millones de pesos al gasto en la administración pública federal anunciado para 2016. Por el contrario, incrementaron el monto de los recursos que ahora disponen con respecto de los del año pasado.
En conjunto, para “preservar la seguridad nacional” cuatro dependencias dispondrán de 89 mil 45 millones 970 mil pesos. Se trata de las dos secretarías militares –Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Secretaría de Marina (Semar)–; una dependencia militar adscrita a la Presidencia de la República –el Estado Mayor Presidencial–, y el organismo de inteligencia civil del Estado mexicano –el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
De acuerdo con el documento El presupuesto público federal para la función seguridad nacional, 2015 2016, elaborado por la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados, el monto global y nominal es inferior en 3 mil 716 millones 840 mil pesos al del año pasado. Se trata de una reducción del 4.01 por ciento con respecto del de 2015, cuando se autorizaron 92 mil 762 millones 810 mil pesos.
Del informe, elaborado por el maestro en economía Reyes Tépach, investigador parlamentario, y Martha Amador Quintero, analista, se desprende que la reducción fue asumida en su totalidad por el Cisen –organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación– y por el Estado Mayor Presidencial. Las partidas para la Sedena y la Semar, incluso, se incrementaron.
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Militares al alza; civiles a la baja
La Sedena –encargada de organizar y administrar a dos de las Fuerzas Armadas Permanentes: el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana– obtuvo un incremento nominal de 629 millones 350 mil pesos. Sólo para la función de seguridad nacional (porque la Sedena recibe también recursos destinados a la seguridad pública) en 2016 dispondrá de 60 mil 245 millones 460 mil pesos.
La Sedena está encabezada desde el 1 de diciembre de 2012 por el general de división diplomado de Estado Mayor Salvador Cienfuegos Zepeda. Las dos Fuerzas Armadas que prepara y organiza tienen las misiones formales de “defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; garantizar la seguridad interior; auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas; realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y en caso de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas”.
Por su parte, a la Semar –la secretaría de Estado encargada de organizar y administrar a la Armada de México– le fue asignado un presupuesto de 24 mil 649 millones 450 mil pesos para el cumplimiento de sus labores en materia de seguridad nacional. Con respecto del año pasado, recibió un aumento nominal de 269 millones 70 mil pesos. Como la Sedena, también recibe recursos adicionales por concepto de seguridad pública.
Desde el inicio de la presente administración, el almirante diplomado de Estado Mayor Vidal Francisco Soberón Sanz es el titular de la Semar. La Armada de México tiene como misión legal “emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país; en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella derivan y los tratados internacionales”.
En contraste, al Cisen –órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación– le fue aprobado un presupuesto que, en términos nominales, es menor en 57 por ciento con respecto del de 2015. Si bien el Centro recibió el año pasado 7 mil 616 millones 130 mil pesos, para 2016 el presupuesto autorizado es de 3 mil 273 millones 200 mil pesos. La reducción fue de 4 mil 342 millones 930 mil pesos.
En su página electrónica, el Cisen se define como el “órgano de inteligencia civil al servicio del Estado Mexicano cuyo propósito es generar inteligencia estratégica, táctica y operativa que permita preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, dar sustento a la gobernabilidad y fortalecer al Estado de Derecho”. Agrega que el “papel” del centro consiste en “alertar y proponer medidas de prevención, disuasión, contención y neutralización de riesgos y amenazas que pretendan vulnerar el territorio, la soberanía, al orden constitucional, las libertades e instituciones democráticas de la población mexicana, así como el desarrollo económico, social y político del país”.
Para el director fundador del Cisen, Jorge Carrillo Olea, “la explicación [de la disminución de recursos para la inteligencia civil] es muy simple”. En años anteriores se hizo la inversión de equipos y se requirió del aumento del presupuesto. Ahora que han sido adquiridos dichos equipos, ya no es necesaria tal asignación de recursos.
El general en retiro, exgobernador de Morelos y especialista en seguridad nacional explica: “Esta administración quiso fortalecer a ciertos órganos de inteligencia, entre ellos el Cisen, por supuesto, lógicamente comprando mucho equipo”. Sin entrar en la discusión de si era el equipo necesario o el adecuado, agrega que “satisfecho ese propósito, pareciera ser que cae el presupuesto; pero no: habría que ver, partida por partida, en dónde cayó la inversión”.
En efecto, el documento elaborado por Reyes Tépach y Martha Amador revela que la mayor parte del recorte al Cisen se ubica en el gasto de capital, es decir, el que se utiliza para la adquisición de equipo, armamento, tecnología y construcción de infraestructura. En este rubro la disminución fue del 88.96 por ciento con respecto del de 2015. Se trata de 4 mil 169 millones 790 mil pesos menos. Pero también se aprecia un recorte al gasto corriente: éste por 173 millones 140 mil pesos.
Eugenio Ímaz Gispert es el director del Cisen desde que Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia de la República.
El Estado Mayor Presidencial, por su parte, también tendrá menos recursos este año. Dispondrá de 877 millones 870 mil pesos para la realización de sus funciones. Se trata de 167 millones 60 mil pesos nominales menos que en 2015.
El actual jefe del Estado Mayor Presidencial es el general de brigada diplomado de Estado Mayor Roberto Miranda Moreno. La dependencia está definida como un “órgano técnico militar” cuya labor fundamental es la protección al presidente de la República. Se integra por elementos de las Fuerzas Armadas Permanentes: el Ejército Mexicano, la Armada de México y la Fuerza Aérea Mexicana.
Además de proteger al titular del Poder Ejecutivo, el Estado Mayor Presidencial también está a cargo de la seguridad de la familia del presidente, de los expresidentes, de los presidentes electos, de los candidatos a la Presidencia y de cualquier persona (funcionario o no) “que por su encomienda o situación, el titular del Poder Ejecutivo Federal así lo instruya”.
Concentran recursos comandancias de Sedena y Fuerzas de Semar
De la revisión del presupuesto por unidades responsables, se desprende que la mayor cantidad de recursos serán para actividades operativas. Para estas unidades no hubo siquiera recorte sino que recibieron mayores recursos nominales con relación al año pasado.
Tan sólo las Fuerzas, Regiones, Zonas y Sectores Navales de la Semar –que cubren los litorales del Golfo y del Pacífico: mar territorial y gran parte del territorio mexicano– dispondrán de 14 mil 780 millones 700 mil pesos (745 millones más que en 2015). Por su parte, la Comandancia de la I Región Militar de la Sedena, con sede en la Ciudad de México y que comprende también al Estado de México, Morelos e Hidalgo, contará con 13 mil 784 millones 570 mil pesos (79 millones 420 mil pesos más que el año pasado).
También adscrita a la Sedena, la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana recibirá en este año 12 mil 93 millones 530 mil pesos (743 millones 790 mil pesos más).
Con respecto de las Regiones Militares, cinco de ellas –además de la I– verán incrementar su presupuesto nominal para 2016. La VI Región Militar gastará 2 mil 524 millones 640 mil pesos (121 millones 170 mil pesos más). Integra a las zonas militares de Veracruz, Puebla y Tlaxcala. La XII Región Militar, desplegada en Guanajuato, Michoacán y Querétaro contará con 2 mil 106 millones 200 mil pesos (174 millones 960 mil pesos más).
Para la VIII Región Militar, con sus tres zonas militares desplegadas en Oaxaca, se han dispuesto 1 mil 839 millones 520 mil pesos (45 millones 800 mil pesos más). La II Región Militar, desplegada a través de cinco zonas militares en Sonora, Baja California y Baja California Sur, contará con 1 mil 831 millones 400 mil pesos (2 millones 730 mil pesos más). Y a la Comandancia de la IV Región Militar, que con sus tres zonas militares está desplegada en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, se le asignaron 1 mil 315 millones (170 mil pesos más que el año pasado).
El doctor en sociología Guillermo Garduño, especialista en fuerzas armadas y seguridad nacional, señala que la asignación de recursos en las regiones militares se realiza “sin fijar tareas; a unas más a otras menos, pero son de más de 2 mil millones en algunas de ellas. No se establece qué tipo de conflictos van a abordar. Por lo tanto, qué hipótesis de guerra tienen ante sí. No nos advierte sobre nuestras vulnerabilidades en el ambiente, que sería el elemento principal para justificar cualquier gasto. Sigue estableciéndose la concentración del mando, particularmente en la Región I, donde priva la jerarquía”.
Gastan sueldos, prestaciones y equipo de oficina 88 por ciento
Otro aspecto a destacarse es que la mayoría de los casi 90 mil millones de pesos que dispondrán las cinco dependencias encargadas de preservar la seguridad nacional se irán al gasto corriente.
El documento señala que de los 89 mil 45 millones 970 mil pesos, el 87.19 por ciento (77 mil 639 millones 280 mil pesos) se destinarán a gasto corriente: “servicios personales (sueldos, prestaciones de seguridad social), gasto de operación para que las organizaciones operen adecuadamente (papelería y equipos de cómputo); subsidios (ayudas de carácter social y recursos para los fondos de pensiones y jubilaciones)”. Y sólo el 12.81 por ciento (11 mil 406 millones 700 mil pesos) se erogará en gasto de capital: “gasto de inversión, necesario para la modernización de las actividades que conforman esta función, e incluye la adquisición de armamento, medios de comunicación móvil, tecnologías para el desempeño de las funciones del Ejército y Armada, construcción de infraestructura, entre otros rubros”.
Que la mayor parte de los recursos se destinen al gasto corriente es señalado en el documento como “uno de los problemas más importantes que enfrenta el gasto en seguridad nacional”.
Para el doctor Guillermo Garduño, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana y conferencista en el Colegio de la Defensa y el Centro de Estudios Superiores Navales, saber que el 87.12 por ciento se destina a gasto corriente “sencillamente es decir que se gasta en elementos que no van a ser recuperables bajo ninguna situación”. Y que sólo se destine el 12.88 por ciento en gasto de capital, “significa nada en las condiciones actuales”.
A través del análisis de la estructura del presupuesto se puede concluir que “se sigue manejando la seguridad nacional como la defensa del régimen, del presidente de la República, del partido oficial, de la partidocracia y del inmovilismo”.
El investigador considera que, incluso, se advierte una confusión conceptual entre seguridad nacional y seguridad pública. “Y colocar precisamente en el sistema de prioridades a nivel interno el narcotráfico, el crimen organizado, los grupos armados, el terrorismo, la corrupción y los movimientos sociales sólo contribuirá a que se criminalice a los movimientos sociales, lo cual está ocurriendo efectivamente en el país”.
Guillermo Garduño señala que a través del análisis del presupuesto destinado a la seguridad nacional se puede observar que “la Secretaría de Hacienda incluso miente en el momento que dijo que iba a hacer una reformulación del presupuesto desde cero. Si hubiera sido así, debió haber contemplado este enorme gasto que es inútil bajo las condiciones actuales con los actores que actualmente está jugando”.
La solución sería “la construcción de una doctrina de seguridad nacional. Y ésta es una tarea de todos. Y es una tarea más civil que militar. Y, segundo, tiene que crearse un órgano fiscalizador del aparato. O definitivamente después va a ser incontrolable. O ya es incontrolable”, concluye Guillermo Garduño.
Zósimo Camacho
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: SEGURIDAD]
Contralínea 483 / del 11 al 16 de Abril, 2016
