Un reporte de inteligencia de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada devela el tráfico de indocumentados desde Ecuador hacia Sonora, que cubre una ruta alterna a la manejada por Los Zetas, pero pactada con ellos en algunos tramos, sobre todo en los más de 30 puntos de ingreso ilegal a Chiapas o Quintana Roo
Una de las redes de traficantes y tratantes de personas más extendidas de las que se tienen pocas noticias surge en Ecuador, atraviesa Centroamérica, cruza la frontera Sur de México y llega hasta la frontera Sur de Estados Unidos, frente a Arizona.
Es la plataforma para la entrada de miles de indocumentados centro y suramericanos a Estados Unidos. El tramo final de esta ruta alterna migratoria está más allá de los dominios de Los Zetas; está en los territorios de Fidel, el “gobernador del desierto”, como lo conocen los migrantes que logran alcanzar, luego de innumerables peligros y vicisitudes, las cercanías de Sonora con Arizona.
Allí manda Fidel, allí organiza y dirige de principio a fin la llegada de cientos de migrantes ilegales que suelen hospedarse en hoteles como el Oasis, en Cananea, Sonora, en espera del mejor momento para ser introducidos como turistas o bien, como pollos en alguno de los puntos fronterizos con Arizona.
Primero, en avión desde Quito hacia Panamá o algún otro país de Centroamérica; luego, en camión o coches hacia la frontera con México, y de ahí en tren u ocultos en pipas de agua, en camiones de fruta, de forraje, de leche, de madera, de gallinas, de material para construcción o de lo que sea.
El informe de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) contiene las declaraciones hechas por los testigos dentro de las investigaciones llevadas a cabo en el caso Francisco.
Testigo Marco
Originario de la provincia de Río Bamba, Ecuador, Marco menciona que su familia contactó a una mujer, Rosa Buri, la cual vive en la provincia de Canar, Ecuador. Esta persona les cobró 12 mil dólares por llevar a Marco a Nueva York, acordando un pago inicial de 4 mil dólares; el resto, para cuando se encontrara en Los Ángeles, California.
La ruta inició el 3 de diciembre. Volaron de Quito a Panamá y de ahí a Honduras, donde permanecieron unas horas en el Hotel Bolívar; posteriormente Marco fue trasladado, ya en compañía de otras personas, en una camioneta a la frontera con Guatemala; fueron alojados por 10 días en una casa ubicada por la avenida Mariscal Sucre. Después, menciona Marco, fueron trasladados hacia Huehuetenango, Guatemala; fueron llevados al domicilio de un pollero –al que le llamaban Mal Amigo– en una casa que se encontraba cerca de la terminal de autobuses de la localidad.
Una vez instalados en Huehuetenango, fueron trasladados la madrugada del 15 de diciembre al poblado Gracias a Dios, en la zona limítrofe entre Guatemala y Chiapas, donde fueron dejados en una zona montañosa. De ahí, partieron en una camioneta hacia el poblado de San Cristóbal de las Casas; después, se trasladaron, en un grupo aproximado de 80 personas, a bordo de una pipa de gasolina. Llegaron a la ciudad de México.
En ese lugar se encontraban aproximadamente 150 personas que fueron sacadas en grupos de 10 hacia Hermosillo, Sonora, para ir a la central de camiones de esa localidad el 19 de diciembre. En ese sitio, fueron abordados por Manuel, quien los guió hacia otro punto para llevarlos, horas más tarde, al hotel Oasis, en Cananea, Sonora. Estuvieron unas horas en el hotel. Recibían indicaciones para ser trasladados en grupos de 50 hacia un poblado de la frontera con Estados Unidos, donde fueron recibidos por una persona a la que le llamaban Fidel Gutiérrez, el Gobernador.
El Gobernador les explicaba lo que tenían que decir si llegaban a capturarlos del lado mexicano. Posteriormente, fueron llevados hacia una loma en donde había hielo; en ese punto, caminaron aproximadamente 15 kilómetros. Una mujer adulta fue abandonada por no aguantar la caminata.
Posteriormente, 50 personas que lograron llegar hasta Tucson, Arizona, entre ellos Marco, fueron llevados a Phoenix, donde permanecieron un día, ya que fueron trasladados a Lancaster, California. Ahí permanecieron encerrados desde el 25 de diciembre hasta el 13 de enero de 2011. Durante estos días, sufrieron maltrato sicológico y físico; además, tenían que liquidar el adeudo para quedar en libertad, con un incremento de 50 dólares por día.
El 13 de enero, un grupo de aproximadamente 80 personas fue rescatado por la Inmigration and Customs Enforcement (ICE). Algunos de ellos, como Marco, se acogieron al programa de víctimas para recibir apoyo del gobierno estadunidense.
Testigo Javier
Javier, originario de San Miguel, El Salvador, de 52 años de edad, contactó a un traficante de personas en Guatemala: Luis. Éste le cobraría 7 mil dólares por llevarlo hasta Nueva York y tenía que dar 4 mil dólares de anticipo. Fue llevado al centro de Guatemala, donde lo recibió Omar.
Éste lo llevó a un hotel en el que se unieron más personas para ser trasladadas al poblado de Huehuetenango. En este punto, se trasladaron a México: llegaron a La Mesilla, San Cristóbal de las Casas. Luego, los metieron en una pipa de gasolina (140 personas, aproximadamente) para llevarlos al Distrito Federal, en un poblado al que sólo reconoce por una iglesia: la Tres Reyes, Texcoco, Estado de México.
En grupos reducidos de aproximadamente cinco personas, fueron trasladados a la central de autobuses para viajar a Hermosillo, donde Manuel los condujo al hotel Oasis. En este lugar, había aproximadamente 250 personas.
Al día siguiente, un grupo de 50 personas fue llevado a un poblado que se encuentra aproximadamente a una hora de la línea fronteriza de México y Estados Unidos, donde los metieron a una casa de aplanado rústico, propiedad de una persona a la que le llamaban Fidel Gutiérrez.
Éste los trasladó en un camión tipo militar a un punto desolado en la montaña, donde caminaron aproximadamente 15 kilómetros. Llegaron a Tucson, Arizona, para ser trasladados en grupos de 25 personas hasta Phoenix, donde salieron en grupos de ocho personas hacia Lancaster, California. Ahí fueron encerrados por varios días, sometidos a maltratos físicos por no pagar a tiempo el resto del dinero.
Javier señaló que el trato debía cerrarse con un llamado telefónico a un sujeto apodado el Profe (cuyo número era de Campeche); debía avisar que ya había depositado el dinero en la cuenta de Ana Juan Pérez. Asimismo, reconoció en fotografías, proporcionadas por el personal de la ICE, a Jesús Herrera Rodríguez, quien servía como guía en el grupo de inmigrantes, así como a Yesenia Sánchez Duarte y a Socorro Aros Gallegos, quienes organizaban a las personas que llegaban al Oasis.
Al ser rescatado por personal de la ICE el 13 de enero de 2011, proporcionó los números telefónicos 59967948, 58998363, 55700124, y 45034443, todos con la clave lada 00502, que se utiliza en el grupo de inmigrantes que recluta Luis, en Huehuetenango, Guatemala.
Señores Zetas, ya basta…
En su informe sobre la situación del tráfico y trata de personas en México, la Diócesis de Saltillo, Coahuila (Sexto informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes en tránsito por México, 2010), advierte que en las anteriores ediciones del documento se señalaba la gravedad de estos delitos, cuya solución se complicaba cada vez más por la corrupción de los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y de los policías municipales y estatales vinculados con Los Zetas.
El texto advierte que “en este tiempo de reiterada denuncia de la sociedad civil que apoya a las personas migrantes, la situación de crueldad y deshumanización del camino ha empeorado.
“Los municipios de tránsito migratorio han sido completamente cooptados por el crimen organizado; las instituciones federales, estatales y municipales están involucradas en el delito del secuestro, y la violencia con la que éste se ejecuta perjudica cada día más a la empobrecida población centroamericana.”
Asimismo, dice, el silencio en el que permanece el gobierno y el miedo infundido a la mayor parte de la población mexicana han sido factores que propician la impunidad y dificultan la tarea del acceso a la justicia.
El informe recuerda que, en la entrega de 2009, “denunciamos que el delito de secuestro lo comete el grupo del crimen organizado conocido popularmente como Los Zetas, que ahora es ya un cártel que opera, sobre todo, en la región de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, lugares en donde se enfrenta con gran frecuencia contra sus cárteles adversarios y contra el Ejército Mexicano”.
Asimismo, indica, “hicimos notar la clara colusión entre los agentes federales del INM y la Policía Federal y este grupo del crimen organizado, pues los testimonios, en su mayoría, han constatado que estos elementos han tenido pleno conocimiento de que las personas migrantes viajan en las distintas camionetas en calidad de secuestradas e, incluso, que los han visto dentro de las casas de seguridad donde las mantenían privadas de su libertad, sin que hayan hecho absolutamente nada por rescatarlas”.
El gran silencio
En México, el Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos (Cefprodhac) operaba en Reynosa, Tamaulipas, como uno de las escasas instancias dedicadas a los migrantes indocumentados.
Las estadísticas del Cefprodhac indicaban, hasta 2009, que en esa zona se cometieron, al menos, 123 asesinatos contra migrantes dos años atrás. De esas 123 víctimas, 90 eran hombres y 33, mujeres.
La organización no gubernamental indicaba que 102 fueron identificados; en 21 casos, fue imposible saber quiénes eran. Sólo por dichos de algunos sobrevivientes o por algún documento, fue posible saber la nacionalidad de algunos. Los datos del Cefprodhac han sido recabados con base en denuncias y en las estadísticas del gobierno estatal.
El conteo de esta organización abarcaba de 1993 a 2009. El Cefprodhac dejó de laborar en octubre de 2010, aparentemente por falta de recursos. Sus estadísticas de 2009 son las más “recientes” sobre la migración. Los datos indicaban, entre otros aspectos, que en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, se registraron 61 asesinatos; en Matamoros, 24, y Nuevo Laredo, 19. A estas cifras hay que sumar la masacre de 72 indocumentados de agosto de 2010.
En total, el desaparecido Cefprodhac documentó, en 16 años de labor, el asesinato de, al menos, 3 mil 382 migrantes indocumentados; 2005 y 2006 fueron los años más graves en agresiones y muerte de migrantes: registraron 320 y 312 asesinatos, respectivamente, durante la administración de Vicente Fox.
En el actual gobierno, 2008 ha sido el más sangriento, con 202 ataques y asesinatos registrados. En 2009, el Cefprodhac registró 98 asesinatos. Se desconoce la cifra de 2010. La ejecución de los 72 migrantes podría constituir la mitad o una tercera parte de los crímenes cometidos en Tamaulipas y en toda la franja fronteriza durante un año.
