Una denuncia ante la Corte Penal Internacional –respaldada por, al menos, 23 mil mexicanos– terminó por desesperar al presidente de México, Felipe Calderón. Su reacción mostró precisamente lo que pretende negar: una vena autoritaria que se crispa fácilmente y lo lleva a golpear la mesa. El comunicado de la Presidencia de la República del 27 de noviembre de 2011, fechado en la Residencia Oficial de Los Pinos, fue emitido para amenazar a quienes –según el mandatario– “afectan terriblemente el buen nombre de México”.
Desde su punto de vista, las argumentaciones de los abogados y ciudadanos críticos a su administración no son otra cosa que “verdaderas calumnias, acusaciones temerarias”. Y por ello, él, con el poder que le confiere estar a la cabeza de un régimen presidencialista, procederá legalmente en contra de quienes ejercen su derecho a disentir, argumentar y buscar justicia “en distintos foros e instancias nacionales e internacionales”.
Para justificar la persecución que se propone iniciar, el titular del Poder Ejecutivo dice que “México tiene una democracia vibrante, con poderes independientes y equilibrados entre sí, con instituciones de derechos humanos autónomas y un sistema de libertades y garantías y vigencia de derechos humanos como pocas naciones en desarrollo”.
El país que gobierna tal vez se percibe muy distinto desde la calle, la milpa, el taller, la fábrica. Desde que es presidente, al menos un niño muere diariamente por fuego cruzado en la supuesta guerra contra el narcotráfico; el número de desapariciones forzadas ha superado en 300 por ciento a las ocurridas durante la Guerra Sucia que emprendieron los gobiernos priístas contra los movimientos armados en las décadas de 1970 y 1980; al menos 63 defensores de derechos humanos han sido asesinados, y 75 periodistas han sido asesinados o desaparecidos.
Además, una constante caracteriza al sexenio: la impunidad. En México se investiga menos del 5 por ciento de las más de 50 mil muertes ocurridas desde que inició la actual administración. El desprecio a los daños colaterales ha sido tal que miles de deudos han iniciado sus propias investigaciones en busca de justicia. Su búsqueda no sólo no cuenta con el apoyo de las procuradurías, policías y autoridades judiciales, sino que, mayoritariamente, se realiza a pesar de ellas. Todo asesinato es calificado como un ajuste de cuentas. Y se convierte para las autoridades en un hecho que no es investigable ni por el que se deba hacer justicia.
Los datos expuestos han sido publicados en estas páginas a lo largo de 2011. La mayoría de ellos proceden de fuentes oficiales. Como una contribución al debate informado, Contralínea publica de nueva cuenta –con información actualizada– algunas de las investigaciones que revelan una realidad distinta a la expresada en el comunicado de la Presidencia de la República y que hacen visibles a las víctimas de un conflicto que, en palabras del propio presidente Felipe Calderón, “no es guerra”, pero que cuenta con más de 50 mil bajas, decenas de miles de huérfanos, miles de desaparecidos, decenas de miles de desplazados y un número indeterminado de víctimas de reclutamiento forzoso.
