En México, los pueblos originarios sobreviven en la miseria, sin reconocimiento jurídico como sujetos de derecho por parte del Estado y en un ambiente de racismo generalizado. En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas –celebrado este 9 de agosto–, miles reivindican la defensa de sus territorios ante la imposición de megaproyectos

En el contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, las condiciones de no reconocimiento jurídico como sujetos de derecho por parte del Estado mexicano, la marginación y la pobreza extrema prevalecen en México para más de 25 millones de indígenas. A ello, se suma la imposición de magaproyectos en sus territorios, bajo el argumento de llevarles desarrollo a sus regiones. El abuso de autoridad y el racismo son dos de los principales flagelos que padecen desde la Conquista.

El antropólogo Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, dice a Contralínea que en el país prevalece una deuda histórica con los pueblos originarios, en términos de alcanzar una reforma constitucional los reconozca como sujetos de derecho. Es decir que los pueblos indígenas realmente puedan tener personalidad jurídica para ser también un actor importante en la gobernabilidad del país, que sean contemplados dentro de los mismos presupuesto públicos y que ellos mismos puedan ejercer el derecho a la libre determinación para realizar sus propias formas de organización social y política.

“La representación política de los pueblos; obviamente tanto en el Congreso Federal como en el Congreso Estatal. La posibilidad de que puedan ser nombradas sus autoridades en asambleas y la asamblea como un órgano de gobierno reconocido por parte de la Constitución”, expone.

Éste es, dice antropólogo, el techo jurídico que se requiere para que los pueblos puedan ser, realmente, parte del cambio que se requiere en nuestro país, “para que no haya ciudadanos de segunda y tampoco se les discrimine tanto en la forma de ejercer su gobierno, su representación política y en el ejercicio presupuestal”.

De acuerdo con la más reciente Encuesta intercensal, que data de 2015 y fue elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el país 121 millones de personas y el 21.5 por ciento se considera indígena de acuerdo con su cultura, historia y tradiciones. En tanto, el Consejo Nacional de Población (Conapo) indica que las entidades federativas con mayor población hablante de lengua indígena son Oaxaca, Yucatán, y Chiapas, las tres acumulan el 42.6 por ciento del total de hablantes.

El mismo Conapo indica que actualmente hay 68 lenguas con 364 variantes en todo el país; las principales lenguas, debido a la proporción de población hablante son el Náhuatl, Maya y Tzeltal.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica en su artículo 2 que “la nación mexicana es única e indivisible. La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”.

La diputada Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas en la Cámara de Diputados, comenta en entrevista que una primera iniciativa presentada por legisladores de la comisión es que se reforme el artículo 2, para eliminar la que dice que “somos gente de interés público y seamos sujetos de derecho público para que se nos trate como ciudadanos, como cualquier mexicano que tiene los mismos derechos en el país”.

Y es que la misma Constitución señala: “las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público”.

Indígena chinanteca, Irma Juan Carlos añade que es indispensable la consulta antes de que los diferentes niveles de gobierno deseen implementar medidas legislativas y administrativas, que puedan ser susceptibles de afectación en los pueblos indígenas; esto significa que “si el gobierno quiere realizar alguna acción, proyecto en los territorios de las comunidades indígenas, antes tiene que realizar una consulta con pertinencia cultural, como lo establecen los estándares internacionales”.

Por ello, se ha presentado una iniciativa de reforma al artículo 2 y al 73, para dar facultades al Congreso de la Unión y así emitir una ley que estaría regulando estas consultas para que los pueblos tengan derecho de opinar sobre sus territorios y su desarrollo.

Francisco López Bárcenas, investigador del Colegio de San Luis, expone que hay dos pendientes importantes en relación con los derechos de los indígenas, principalmente: la representación política, no sólo a nivel municipal sino también a nivel de congresos locales y del federal. “Ya hay posicionamientos jurídicos, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación diciendo que el derecho a la libre determinación de los pueblos se manifiesta en que ellos se puedan regir de acuerdo con sus propios sistemas normativos y fuera de los partidos políticos, ahí ya no debería haber exposición sino una implementación de este tipo.

“El otro tiene que ver con el reconocimiento de los territorios y los recursos naturales; ahí hay un debate ideológico sobre si los pueblos indígenas tienen derecho o no a los recursos naturales y esto deviene de que el artículo 27 dice que las tierras y aguas son propiedad de la nación, nada más que se hace una lectura un poco tergiversada de eso; porque sí, son propiedad de la nación, pero de una nación originaria… Los pueblos indígenas tienen derecho a los recursos naturales porque son habitantes originarios de este país. Debería reconocerse la propiedad sobre ello, lo cuál implicaría que ya no tuvieran que obtener permisos o que ya no tuvieran que tener concesiones para poder usarlos legalmente; de hecho, sería al revés: cuando el gobierno tuviera que hacer obras que son importantes para toda la población, tuviera que pactar con ellos”, añade.

La imposición de magaproyectos

El doctor Gilberto López y Rivas, profesor-investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), resalta que la población indígena en esta administración, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, continúa con la imposición de megaproyectos en su territorio, como lo hicieran los gobiernos que le antecedieron. Destaca el Tren Maya, el Corredor Transístmico y el Proyecto Integral Morelos.

A ello, dice, se suma la presencia de la Guardia Nacional en las comunidades de los pueblos originarios, con la presencia de la Guardia Nacional. Esto último, comenta el antropólogo, contradice la promesa de campaña presidencial de “regresar a los militares a los cuarteles”.

“Si hay un talón de Aquiles en la llamada cuarta Transformación, es lo que el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional han calificado como guerra contra los pueblos”, expresa el investigador del INAH .

Cuestiona que en el país se haya llevado a cabo la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (Tmec), sin tomar en cuenta el impacto socioeconómico del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), “que provocó una rebelión indígena, y formó parte sustancial de la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), producto de un proceso de tres años que involucró a miles de personas de poblaciones afectadas… que trabajaron bajo el enunciado de libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos”.

El antropólogo Abel Barrera añade que los megaproyectos han generado un conflicto al interior de las comunidades que en lugar de fortalecer su unidad como pueblos, “de afianzar sus luchas históricas por la defensa del territorio se vulnera ese derecho porque quedan fragmentados, polarizados y la puesta en marcha de los megaproyectos tienen que respetar la decisión de los pueblos”.

Juan Carlos Flores Solís, abogado del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y en defensa del Proyecto Integral Morelos, comenta que en esta región persiste el “afán por seguir defendiendo la vida de las comunidades”, ante la intención de trazar un gasoducto en esta zona.

El 20 de febrero, tras las denuncias de lo que dejaría este megaproyecto entre las comunidades, fue asesinado el campesino campesino indígena náhuatl Samir Flores Soberanes. Tres días después el presidente presentaría la consulta para llevar a cabo la central energética.

Flores Solís, también integrante del Congreso Nacional Indígena, expone “seguimos estando en el mismo juego de los gobiernos, de los partidos políticos, cuando la alternativa está más en la autonomía de los pueblos, aterrizar el gobierno en el pueblo, como lo indica el artículo 39 de la Constitución”.

El texto constitucional dice a la letra: “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el abogado expresa que no solamente en este día podemos hablar de la situación “de cómo hemos sido avasallados, de cómo sigue la discriminación y el despojo, sino también de la propuesta de gobierno, de autonomía de los pueblos indígenas que es donde está una ventana a un mundo diferente donde realmente podamos construir otra forma de vida que nos salve de esta catástrofe. Antes no se hablaba de que los pueblos tienen que dar permiso, si no se tiene el permiso no se puede hacer el proyecto”.

Precariedad histórica

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social indica que “la precariedad en las condiciones de vida de la población indígena en México ha sido sistemáticamente mayor a la de la población no indígena. Las brechas existentes entre el bienestar de la población indígena y no indígena en 2018 es similar a las encontradas en 2008”.

En su informe La pobreza en la población indígena de México, 2008 – 2018, publicado en agosto de 2019, enfatiza que este sector del país “ha presentado históricamente situaciones acentuadas de pobreza y vulnerabilidad”.

En 2018, precisa el Coneval, el porcentaje de población indígena en situación de pobreza se situó en el 69.5 por ciento, en contraste con el 39 por ciento de la población no indígena que se encuentra en esta situación.

Señala que uno de cada cuatro personas indígenas se encuentran en situación de pobreza extrema; es decir que no cuenta con los ingresos suficientes para consumir una canasta alimentaria y presenta tres o más carencias sociales. Bajo esta condición de precariedad vive el 39.4 por ciento en las zonas rurales.

Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, comenta que pese a los programas que administra el gobierno federal para el combate a la pobreza, con estos apoyos no se están resolviendo “problemas añejos relacionados con el rezago educativo, con la falta de infraestructura hospitalaria, con empleos no remunerados, con la recuperación de la agricultura de los productores pequeños.

A ello, se suma que con la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, pues la pobreza se ha agudizado porque disminuyeron las remesas provenientes de Estados Unidos, “un gran número de familias depende de ellas, recibían un monto aproximado de 300 dólares al mes y ya no están llegando. Los que reciben, pues ya no reciben los 300, serán 100 dólares o menos porque los hijos no están trabajando de igual modo, tienen menos ingreso y otros murieron; esto vino a quebrar la economía indígena todavía más”.