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Documentos y correos electrónicos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos sobre el fallido operativo Rápido y Furioso –acordado por las administraciones de Felipe Calderón y Barack Obama– revelan similitudes con la operación Walking Fentanyl. Aunque las agencias encargadas son distintas –en el primer caso fue la ATF y, en el segundo, la DEA–, ambas se ejecutaron a sabiendas de que ocasionarían muertes; en las dos se autorizó la violación de las leyes estadunidenses para, supuestamente, conocer las entrañas de los delitos, y se abrió la frontera estadunidense para dar paso libre tanto al tráfico de armas y como al de fentanilo. Otra característica que comparten es que fracasaron: las agencias no asestaron ningún golpe contundente a las redes criminales que operan en territorio estadunidense. En el caso del Fast and Furious, también implicó violación intencional de leyes mexicanas; además, contribuyo al incremento de la violencia mortífera en el norte del país: las armas fueron entregadas al Cártel de Sinaloa, organización a la que estaba aliado el entonces secretario de Seguridad Pública federal y brazo derecho de Calderón