La creciente violencia en el entorno social no es exclusiva de algunos sectores, recientemente se ha visto un alarmante incremento de riñas entre estudiantes de secundaria y preparatoria, quienes videograban los enfrentamientos y luego los “presumen” en Internet. La situación es tan preocupante, que las mismas autoridades de Reynosa reconocen que delitos como narcotráfico y secuestro ya se han registrado dentro de instituciones educativas de nivel básico.

Silvia Cruz / Reynosa, Tamaulipas

Los estudiantes de todos los niveles educativos en Reynosa, Tamaulipas (incluyendo escuelas primarias), están expuestos a delitos como tráfico de drogas, secuestro, violación sexual y asaltos, mismos que en muchas ocasiones son cometidos por sus compañeros de clase, reconoce un documento interno elaborado por la Secretaría de Seguridad Pública de esta frontera al que Contralínea tuvo acceso.

El citado estudio, elaborado por la Dirección de Estadística de la Secretaría de Seguridad Pública en Reynosa, está titulado “Problemática de Entorno” y es una larga lista de los problemas de delincuencia que se viven en las instituciones educativas de nivel básico en la ciudad, entre ellos algunos considerados de carácter federal, como lo es el tráfico de drogas y secuestro.

El estudio, del que Contralínea obtuvo una copia, revela que en 21 instituciones educativas de esta frontera (incluyendo primarias), existen problemas de tráfico de drogas, mientras que en 20 más se han detectado estudiantes consumidores de enervantes.

Incluso el estudio hace una mención especial a la escuela “Artículo 27 Constitucional”, ubicada en el ejido Los Cavazos, donde dice que existe un problema de “narcotráfico”.

Los niveles de delincuencia detallados en el estudio de las autoridades de Reynosa son tan preocupantes, que se menciona que en siete instituciones educativas, todas ellas de nivel primaria, existen problemas de ataques sexuales, mientras que en otras 41 se han registrado asaltos en contra de los alumnos o robos en el inmueble.

Preocupantemente, la lista también detalla que en 32 escuelas primarias y secundarias hay reportes continuos de riñas entre los alumnos e incluso en una institución se ha confiscado un arma blanca.

La situación es tan grave, que el reporte menciona que en la escuela primaria “Rodolfo Treviño Castillo”, ubicada en el ejido “La Retama”, se tiene el reporte de un secuestro que, por cierto, no es el único que se ha registrado en esta ciudad.

Esto es porque el plagio de una estudiante de preparatoria en Reynosa, por parte de cinco jóvenes cuyas edades fluctúan entre los 16 y 20 años de edad, estremeció a la opinión pública y puso al descubierto un problema que si bien no es algo nuevo, por lo menos en los últimos años ha tenido un preocupante aumento en la región: la violencia entre los estudiantes de secundaria y preparatoria.

En la denuncia asentada en el expediente 273/2009 de la Agencia Segunda del Ministerio Público Investigador, la menor Alejandra Leticia González describió cómo fue abordada afuera de la preparatoria donde cursa sus estudios, por dos jóvenes conocidas suyas que la introdujeron violentamente a una camioneta donde la esperaban Dámarys Martínez Villa y Amairani Medellín Velázquez, ambas de 20 años de edad. Dentro de la camioneta la plagiada fue amarrada y golpeada, además de que permaneció cautiva por algunas horas.

Mientras permanecía secuestrada, Alejandra escuchó los planes de sus agresoras para quitarle la vida, quemar su cadáver y arrojarlo a un terreno baldío. Las amenazas no se cumplieron gracias a que las adolescentes decidieron abandonar a su víctima en un terreno baldío cercano al puente Reynosa-Pharr, en donde pudo pedir auxilio.

Horas después del secuestro, las presuntas responsables fueron detenidas por la policía y turnadas al Juzgado Tercero de lo Penal, acusadas de robo con violencia, privación ilegal de la libertad y pandillerismo.

Repunta la violencia juvenil

La violencia es un problema que muy acentuado entre los jóvenes de la región. Thelma Polanco Cortés, agente del Ministerio Público para la atención de Conductas Antisociales cometidas por adolescentes de Reynosa, Río Bravo y Nuevo Progreso, quien dijo que desde el año 2006 a la fecha, se ha observado un incremento de adolescentes que comparecen por delitos de violencia contra sus compañeros de escuela en las oficinas de la Procuraduría.

Destacó que son las niñas quienes más participan en riñas que, generalmente, se llevan a cabo afuera de las instituciones educativas.

“Normalmente, las cuestiones de violencia física no se dan dentro de las escuelas sino afuera con los mismos compañeros. Hemos tenido casos de violencia de hombres contra mujeres y mujeres contra mujeres; sin embargo, el año pasado se dio más la incidencia de jovencitas peleándose, los motivos más comunes son por cuestiones de novios o porque no se caen bien”, abundó.

Reconoció que la violencia entre los estudiantes no sólo se manifiesta en riñas sino en amenazas que por lo general no son tomadas en serio por los padres y maestros hasta que se vuelven reales.

“Se da la amenaza verbal o las molestias entre estudiantes pero llegan hasta ahí.

Generalmente los padres no lo toman muy en serio hasta que viene el niño o la niña violentado físicamente y tomamos conocimiento por que los padres nos informan a nosotros”, explicó.

Polanco añadió que los estudiantes de secundaria son quienes se ven involucrados en estos conflictos y aunque no tienen identificada una institución en especial (ya que la mayoría de estos problemas no se reportan a las autoridades) sí pueden asegurar que las agresiones se presentan en la mayor parte de las escuelas de la ciudad.

Las escuelas ya no son tan seguras

El tema de violencia entre los estudiantes de las escuelas de nivel básico ha preocupado tanto a las autoridades de educación a nivel nacional como a la federación.

De acuerdo al Colegiado Nacional de Desarrollo Educativo cultural del Sindicato Nacional Trabajadores de la Educación (SNTE), las instituciones educativas en el país ocupan el cuarto lugar en violencia, la cual se ha extendido entre alumnos de 10 a 19 años de edad.

A pesar de que en el programa “Escuela Segura”, se reconoce un ambiente seguro como una condición indispensable para garantizar el aprovechamiento escolar de niños y adolescentes, pareciera que nada detiene la ola de violencia que se ha desatado en el país y que se ha introducido aún a las aulas escolares.

Reynosa es la ciudad número 126 inscrita en el programa “Escuela Segura”, donde participa con 75 escuelas, pero el índice de violencia va en aumento. El Departamento de Estadística de la Secretaría Seguridad Pública Municipal informó que en el primer trimestre del año se han reportado riñas en 32 escuelas de educación básica, mientras que en 31 hay pandillerismo y en 21 existen reportes de venta de drogas.

El titular de la dependencia municipal, Carlos Leal López, reconoció que existe un gran número de llamados de auxilio procedentes de escuelas, principalmente de nivel secundaria.

Aunque no dio a conocer los nombres de las instituciones más conflictivas, mencionó que se han identificado los sectores donde se agudizan los conflictos entre los jóvenes, principalmente en las colonias Arcoiris, Aztlán, Ribereña, Petrolera y la colonia del Prado.

Por su parte, Julio González Ruíz, titular de la oficina regional de educación, negó que exista un problema de violencia en las escuelas.

“De acuerdo a la información que tengo en el nivel básico, no alcanzo a ver el problema con esta gravedad. El problema no existe, tenemos diferencias entre los mismos alumnos, porque son más de 125 mil alumnos que conviven toda la mañana o toda la tarde; tiene que haber diferencias pero tanto así como para sorprendernos de una violencia muy grande no la tengo percibida”, declaró.

Afirmó que a pesar de no tener identificado un problema de violencia, en las instituciones se han implementado programas para evitar estas situaciones en los planteles como el programa “Escuela Segura”.

“Nosotros siempre hemos hecho esfuerzos durante todos los años de estar bien atentos a que si surge un problema al interior resolverlo lo mejor posible, si los directores tienen el problema que se suscita fuera de una institución que tiene relación con alguna situación generada al interior del plantel, por supuesto que la vamos a atender y los alumnos serán sancionados conforme al reglamento de educación”, aseguró.

En muchas de las ocasiones, los problemas que se registran en los planteles educativos son “resueltos” dentro de la misma institución a través de Departamento de Orientación Educativa de cada plantel.

Padres defienden a sus hijos

Uno de los obstáculos para evitar el repunte de la violencia juvenil es la negligencia de los padres de familia pues, cuando algún menor es detenido por actos de vandalismo o pandillerismo, son los mismos progenitores quienes defienden a los agresores.

“Tenemos el problema que cuando detenemos a los muchachos, los padres de familia van y los sacan de la cárcel. Además debido a la Ley de Protección a los Menores, quienes cometen este tipo de conductas no pueden permanecer más de dos horas con nosotros, por lo que en ocasiones nos encontramos con menores que son reincidentes en sus delitos”, apuntó Leal López.

Por su parte, Thelma Polanco opinó que las pocas o nulas consecuencias que los actos de los adolescentes tienen (ya sea legalmente o por parte de sus padres), hacen que los menores reincidan en estas conductas delictivas.

Aunque la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Tamaulipas comprende sanciones para los menores infractores a partir de los 14 años, la sanción que se otorga depende del delito cometido.

Sin embargo la violencia simple entre los jóvenes (riñas o golpes) no es privativa de libertad, por lo que los menores únicamente son amonestados.

Las peleas también están en internet

A pesar de no darse a conocer los nombres de las instituciones con más índice de agresiones, basta conversar con los estudiantes de secundaria para saber la violencia que viven dentro de los mismos planteles, incluso una búsqueda en el portal de Internet www.youtube.com revela decenas de videos tomados por un teléfono celular que dan testimonio de las riñas entre estudiantes de secundarias y preparatorias locales.

En estos testimonios digitales se reproducen simplemente al teclear “peleas en Reynosa”. Y es que como si fuera un espectáculo del circo romano, los protagonistas (que en su mayoría son mujeres) se golpean furiosamente mientras que un grupo de estudiantes que sirven de público las alientan en su riña en tanto que otros se limitan a grabar el conflicto en teléfonos celulares.

Uno de los videos con más de 25 mil 196 visitas está fechado el 27 de septiembre de 2007, en el que se observa a dos niñas estudiantes de la escuela secundaria “Francisco J.

Mújica” peleando afuera de la institución, mientras sus compañeros que observan se ríen.

Este es sólo uno de los miles de videos de peleas entre estudiantes que circulan por la red.

El video más reciente está fechado el 23 de marzo de este año y muestra a dos alumnas de la secundaria “Marte R. Gómez” riñendo en el campo de fútbol de ese lugar.

Es así como los alumnos de las mismas instituciones dan a conocer la realidad que se vive en sus escuelas, en un entorno donde la violencia ya no sólo es aceptada y permitida sino hasta fomentada por los propios estudiantes, sin que padres o maestros puedan hacer nada al respecto.

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RECUADRO:.

La impunidad de un secuestro.

“¿Por qué las dejaron salir?, ¿qué esperaban las autoridades?, ¿que me mataran para luego acusarlas de intento de homicidio?…”, pregunta Alejandra en una mezcla de indignación y sarcasmo al saber que las cinco jóvenes (dos de ellas mayores de edad), que el pasado 20 de marzo la secuestraron y amenazaron de muerte por más de tres horas, salieron en libertad luego de que Carlos René Silva Montemayor, agente segundo del Ministerio Público, considerara que “no había pruebas suficientes” para acusarlas.

No obstante que Dámarys Anneth Martínez Villa, Amairani Medellín Velázquez y Priscila Rodríguez Pérez, Valeria Argüello Serna y Geovana Constantino Rosas; fueran identificadas por su víctima como quienes bajo amenazas la subieron a una camioneta Ford Escape y la sometieron a golpes con el fin -según el testimonio de su víctima- de quitarle la vida y arrojar su cuerpo al canal; en la denuncia 273/1009 mencionada no se registraron los cargos de secuestro e intento de homicidio.

Y no es que la víctima no haya relatado con lujo de detalle las agresiones. De cómo durante tres horas estuvo plagiada debido a que mantenía un noviazgo con la ex pareja de una de sus captoras y cómo salvó la vida gracias al paso de una patrulla que atemorizó a sus captoras.

Ni sus declaraciones, ni el hecho de haber encontrado a las acusadas poco después de haber arrojado a su víctima en una carretera, fueron relevantes para el ministerio público para tomarlas como pruebas.

“Supuestamente denunciamos y quedó asentado que ellas iban a ir por secuestro, robo con violencia, intento de homicidio y pandillerismo, eso fue lo que nos dijeron a nosotros pero a la mera hora las soltaron por falta de pruebas”, dijo María Santos González, madre de Alejandra.

“Pedimos una explicación de porqué habían salido libres y el agente del Ministerio Público, Carlos René Silva Montemayor, nos dijo que no habíamos llevado facturas del celular, del radio y salieron libres bajo fianza”, denunció.

La indignación de la víctima y su familia comenzó el mismo día en que levantaron la querella en las oficinas de la Secretaría Seguridad Pública de Reynosa, donde recibieron amenazas de muerte: “Recibimos amenazas allí en la policía, la mamá de Dámarys nos amenazó de muerte a mí y a mi hija, que si su hija se quedaba encerrada nos iba a matar”.

La intranquilidad se convirtió en indignación cuando a los pocos días vieron cómo las detenidas salían en libertad, incluyendo las dos mayores de edad.

Mientras tanto, Alejandra intenta recuperarse de las se cuelas que le causó el secuestro, físicas (un esguince de cuello y múltiples contusiones en el cuerpo), además de psicológicas.

Entrevistada en la seguridad de su vivienda, la adolescente se conmueve cada vez que relata su amarga experiencia, que en voz propia repite no se la desea a nadie. Acompañada de su familia y con voz pausada relata las horas que vivió bajo amarrada bajo la sábana donde sus captoras la mantuvieron y cómo varias ocasiones fingió estar inconsciente para que sus victimarias -que nunca había visto- le dejaran de propinar la golpiza de su vida.

“Se está haciendo pend… todavía está consciente -recuerda haber escuchado-, eran muchas, no podía defenderme y estaba amarrada. Fue cuando escuché que me iban a tirar al canal, con una piedra amarrada para que no flotara”.

Sin embargo, lo que desata las lágrimas de Alejandra es recordar que en medio de su cautividad, su mayor preocupación era sus padres. “Si me tiraban al canal, ¿dónde iban a buscar mi cuerpo?, ¿qué les iban a entregar a mis papás?, yo no sabía qué hacer, si luchaba por mi vida, me iban a matar a golpes”.

Y continúa: “Sabía que me iban a matar, pero de perdida quería hablarles a mis papás, lo único que quería era despedirme de ellos”.

Con lágrimas en su rostro continúa con su denuncia.

“No se me hace justo, ¿cómo una persona va a quitarte la vida?, si yo nunca busqué problemas, no soy pleitista, si me hubieran matado ¿quién iba a decir lo que pasó, qué cuerpo iban a tener, quién se imaginaría que fueron ellas, si yo tampoco me lo imaginé? No sabía que tenía enemigas, ni si quiera las conocía”, indicó.

Ante la agresión que ha trastocado la tranquilidad de su vida y de su familia, Alejandra sólo pide la empatía de las autoridades.

“Es inevitable. Cuando estoy en la escuela y veo el lugar de donde me subieron, inmediatamente me viene a la mente todo lo que pasó. No es justo que les hayan dado libertad”, dice mientras su voz se ahoga en un sollozo.

Por su parte, la madre de Alejandra señaló que desde que vivieron esta pesadilla no han podido dejar atrás el miedo de sufrir otra agresión, por lo que ante la poca respuesta que ha tenido por parte de las autoridades, decidió recurrir a los medios de comunicación.

“No tengo palabras, fueron unas horas eternas. No entiendo porqué las autoridades hicieron eso. Nunca había sufrido tanto, y lo único que pido es justicia, nada más justicia”, exige.

Con la súplica, más que la exigencia de justicia, la familia continúa apelando la decisión del juez del Tercero de lo Penal, quien les concedió 25 días después del fallo para comprobar la propiedad de los aparatos de comunicación robados y de los siete mil pesos de los que fue despojada la víctima y que procedían de una beca de excelencia que otorga el Gobierno del Estado.

Mientras tanto el caso ya ha sido turnado al Tribunal Estatal de Justicia.