En 1978, el gobierno federal aprobó la primera nacionalización de autos en México y desde entonces han pasado 33 años, 14 decretos o acuerdos y el problema de los autos ilegales en el país no se resuelve, no avanza.
Víctor Castillo
Como el mitológico Sísifo que eternamente rodaba la piedra hacia arriba y antes de alcanzar la colina rodaba hacia abajo, en Tamaulipas se vuelve a nuevamente al mismo problema.
Hasta antes de esta reforma a la Ley de Tránsito en el Estado, el problema siempre se enfocaba a resolverlo desde dos visiones, la primera de carácter económica.
Tanto la federación como los municipios reciben un porcentaje del dinero recaudado por la nacionalización de vehículos. Fagocitar esos recursos siempre ha sido rápido pero poco claro, pues no es común rendir cuentas en este rubro. Con la nacionalización también se logran simpatías políticas. Durante muchos años este tipo de decisiones tenía por objetivo superior el interés partidista antes que el económico.
En ambos sentidos, las autoridades siempre han pensado que desaparecer el problema de los autos ilegales se acaba con una nacionalización. Pero, ¿y la frontera, esa franja porosa al tráfico de mercancías de cualquier tipo?
La internación de autos ilegales tiene muchos años realizándose por las aduanas mexicanas y persiste porque no se han dado soluciones de fondo. Se atacan las consecuencias pero no sus causas. La Ley de Tránsito de Tamaulipas ataca las consecuencias, nada más.
Esta ley señala que agentes de tránsito o policías pueden detener al conductor de un auto ilegal por no contar con papelería que le acredite como dueño, que no traiga placas o éstas sean del vecino país. Nada de esto ocurría desde hace muchos años, pero el pretexto ha cambiado. Lo que se quiere lograr –aparte de lo económico– es aminorar la amenaza a la seguridad social que representan miles de carros sin conocerse a quiénes pertenecen.
Los pecados de los autos ilegales son muchos: su período de vida es muy corto, son chatarra, no pueden ser asegurados, son contaminantes, no son sujetos de responsabilidad en caso de accidentes, no pagan impuestos, deterioran el medio ambiente, muchos modelos ni refacciones pueden conseguir y otras más, pero a todas ellas se antepone con sencillez que son más baratos. Ni hablar, es la única posibilidad de que, por ejemplo, un obrero pueda acceder a uno y en Tamaulipas hay miles de trabajadores. Se trata de una necesidad antes que un lujo.
Si bien es cierto que la reforma toca un punto trascendente en Tamaulipas, que es la seguridad, del otro lado están los miles de propietarios de autos que no estarán dispuestos a pagar 15 mil pesos por nacionalizar su carro y, además, los miles de autos que seguirán ingresando ilegalmente por las aduanas. ¿Qué va a pasar entonces? En el papel la reforma luce impecable, pero en la realidad la cosa cambia.
Seguramente lo que se acordó en sesiones y análisis maratónicos de nuestros legisladores; en conferencias, estudios y proyectos se disolverá gradualmente porque ahí en las calles, donde el brazo de las leyes a veces no alcanza, sí está el modesto agente de tránsito o el policía que te pide con suavidad: “Yo te doy la mano, pero tú dices de a cómo”.
