Ha pasado un año desde que el Senado de la República aprobó el dictamen de la nueva Ley de Seguridad Nacional con la que se le prometió a la población civil regular la discrecionalidad con la que Felipe Calderón ha ordenado la participación de las fuerzas armadas, en particular de los miembros del Ejército, en las labores de combate al narcotráfico.

Los senadores la aprobaron al cuarto para las doce y en abril del año pasado la entregaron a la Cámara de Diputados apenas 24 horas antes de que concluyera el periodo legislativo. Se dio, entonces, un deslinde y omisión de responsabilidades políticas ante un tema espinoso para el Congreso, para el Jefe del Ejecutivo, para los senadores y, sobre todo, urgente para los mexicanos que han padecido la violencia, la anarquía y el abuso de poder que ha caracterizado a la guerra contra el narcotráfico y la incursión del Ejército en las calles.

Ahora la iniciativa se encuentra prácticamente congelada en la Cámara de Diputados. Concluyeron las elecciones intermedias, se redefinió el nuevo mapa político del país y Felipe Calderón comenzó a liberar sus últimas cartas en una etapa en la que prácticamente se consolida un sexenio perdido y con grandes bajas para el país.

Es cierto que al político michoacano no le favoreció el entorno internacional, pero tampoco él ha hecho algo para remediar las cosas y, por el contrario, las acciones de gobierno han empeorado todo lo que sucede en el país en los terrenos económico, político y social. Su gobierno coincidió con la crisis económica más profunda de las últimas décadas; también con la disyuntiva que le planteó el gobierno de Estados Unidos y que él de forma irresponsable y sumisa aceptó sin condiciones: ser el dirigente de una guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado que forma parte de las prácticas extraterritoriales que se dictan desde Washington para controlar a la región.

Calderón pactó así entregar su gobierno a los designios de Washington y hoy está pagando las consecuencias, pero nunca como lo han hecho los miles de mexicanos muertos, heridos, secuestrados, amenazados, despojados de sus bienes y en medio del terror en el que el gobierno calderonista ha convertido al país y ha sometido a los más de 100 millones de mexicanos.

Por eso la Ley de Seguridad Nacional es importante su definitiva aprobación en la Cámara de Diputados y que dé algo de luz al final del túnel. Sin límites que los frene en su actuación hostil hacia la población, ni el Ejército ni el gobierno de Estados Unidos -si es que acaso sus intenciones pudieran ser consideradas legítimas- pueden proteger a la población. Así, en medio del caos generalizado, se ha presentado esta guerra contra el narcotráfico y la delincuencia.

El problema ahora es que Calderón se encuentra en un callejón sin salida: necesita legitimar y compartir con el Congreso la responsabilidad de la difícil etapa por la que atraviesa el país. Este sería el objetivo de la Ley de Seguridad Nacional en la que se reconoce que la capacidad de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública han sido rebasadas, por lo que el Ejército “temporalmente” debe participar en auxilio de las mismas, pero que su funcionamiento debe darse en el marco del Estado de Derecho y por ello debe estar debidamente sustentada en su participación legal y regulada.

La nueva Ley de Seguridad Nacional tendría que definir con claridad la participación de las fuerzas armadas en materia de seguridad interior, lo que le ofrecería certidumbre jurídica y operatividad a su intervención, a favor de los ciudadanos.

Será entonces el Consejo de Seguridad Nacional el que revise una solicitud expresa de las autoridades para que se declare que la seguridad interior en su zona de atención está siendo afectada. No sería el Jefe del Ejecutivo el que tomara de manera unilateral esta decisión y a veces con sesgos políticos, partidistas y electorales.

Además, esta legislación contempla el procedimiento para juzgar a los miembros de las fuerzas armadas que cometan excesos, uno de los puntos más sensibles y controversiales, pues desde hace varios años algunos militares son responsables de las muertes de civiles inocentes y hasta ahora sus familias siguen esperando justicia.

Por eso, justo ahora que el país se enfrenta a nuevas amenazas que podrían en el peor de los casos configurarse en manifestaciones de terrorismo -resultado del clima de violencia-, parece que Calderón no encuentra el camino para dar un paso atrás y ordenar la casa.

Si se aprueba la Ley de Seguridad tal como está, entonces el Ejército tendría que respetar esta legislación y reducir sus actividades al mandato de dicha ley. Esta legislación promueve la coordinación entre las fuerzas federales y las autoridades civiles, bajo el mando de una entidad responsable, y fija las directrices de operación y una temporalidad para que las fuerzas armadas participen en tareas de seguridad pública.

También se regula la intervención de los municipios, los gobiernos y congresos estatales en la solicitud de despliegue de la fuerza militar, así como del Senado en la revisión de la legalidad de la declaratoria que haga el Ejecutivo federal, con lo que se asegura el respeto al pacto federal y el control constitucional sobre esta decisión de Estado.

El presidente Calderón, tal vez sin consultarlo con el secretario de la Defensa, también se comprometió a apoyar una reforma al Código de Justicia Militar para que los integrantes de las fuerzas armadas que cometan violaciones graves a los derechos humanos, sean juzgados por las autoridades civiles. Así se daría cumplimiento a la sentencia emitida en noviembre pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La respuesta del Ejército

Esta afirmación va más allá de una simple inferencia. El general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa, le hizo saber a su jefe Felipe Calderón, a través del exsecretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, que si se aprobaba tal cual esta nueva Ley de Seguridad Nacional, entonces tendría que olvidarse del apoyo del Ejército. La amenaza sucedió en el peor momento.

Si bien las fracciones del PRI, PAN, PRD en la Cámara de Senadores desecharon la propuesta original de fijar en un decreto la fecha en que los militares deben regresar a los cuarteles, sí determinaron que el tema forme parte de la Ley de Seguridad Nacional propuesta por Felipe Calderón.

Se hablaba de un plazo de 18 meses, lo que molestó a la Secretaría de la Defensa Nacional al sentirse vulnerable con ese tiempo. Sería tanto, pensaron los dirigentes del Ejército, como darle un margen de acción a las organizaciones de narcotraficantes. También se eliminó la propuesta que pretendía otorgar facultades extraordinarias a las fuerzas armadas y se incluyó que en todo momento la actuación del Ejército será con pleno respeto a los derechos humanos de la ciudadanía.

También se suprimieron las facultades extraordinarias que el presidente pretendía otorgar al Ejército, como la de realizar investigaciones y tener acceso a los averiguaciones previas en casos de delincuencia organizada.

En general, el mensaje de los senadores a la iniciativa calderonista para congraciarse con el Ejército fue que el combate al crimen organizado no debe realizarse a costa de violar derechos humanos de la ciudadanía. Por eso se descartaron los “toques de queda o la suspensión de garantías individuales”.

En la Cámara de Diputados, Josefina Vázquez Mota, la líder panista, ha dicho que esta legislación no está congelada y que se busca, en cambio, analizarla de manera cuidadosa para evitar problemas posteriores. Pareciera, en cambio, una dilación ordenada desde Los Pinos para ganar tiempo y seguir contando con el apoyo incondicional del Ejército.

Una prueba de lo anterior es cuando el todavía secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, le dijo a los dirigentes de los partidos políticos que dicha Ley de Seguridad Nacional se aprobaría inmediatamente, pero no contaban con el malestar del secretario de la Defensa, quien se reunió urgentemente en Los Pinos y dejó en claro que si se aprobaba una ley que pusiera en riesgo la actuación de las fuerzas armadas en su lucha contra el crimen organizado, se deja vulnerable al país y a su soberanía nacional.

Es decir, el general Galván advirtió que el Ejército no permitiría que ante la incapacidad y corrupción de los cuerpos policiales civiles, las fuerzas armadas fueran utilizadas para hacer un trabajo que constitucionalmente no les corresponde y a la hora de actuar en las calles ahora se les pretendiera juzgar en tribunales civiles en donde jueces corruptos los enviarían a prisión por hacer un trabajo que no les corresponde.

Por eso la Ley se detuvo a última hora en la Cámara de Diputados, cuando Calderón le dio instrucciones a Vásquez Mota se frenarla para no disgustar al Ejército, en donde Calderón se siente más a gusto y sobre todo seguro.

Lo que sigue en el país es más violencia y más violaciones a los derechos humanos, no solo del crimen organizado y el narcotráfico, sino también de las fuerzas armadas que desconocen cómo hacer el trabajo de policías y disparan a todo lo que se mueve. Impunidad, violencia y terror es lo que sigue.