Al pueblo de México
A los pueblos de la orilla del agua, Atenco
A mi madre, a mi padre y a mis hermanos
A todas las organizaciones y personas que luchan por la libertad y la justicia en nuestro país
Han pasado cuatro años desde aquella bárbara agresión del gobierno federal y el gobierno del Estado de México contra nuestro pueblo digno y rebelde de San Salvador Atenco. Desde aquellas salvajes golpizas contra hombres, mujeres y niños; del allanamiento y destrozo de nuestros hogares; el asesinato de Alexis Benhumea y Javier Cortés; el encarcelamiento de más de 200 compañeros; la humillación y violación de decenas de nuestras compañeras durante su traslado al penal; la expulsión del país de amigas chilenas, alemanas y españolas que atestiguaron y sufrieron la represión. Todo, a manos de los cuerpos policiacos estatal, federal y municipal. Todo, ordenado, dirigido y supervisado personalmente desde un lugar situado a unos metros de los hechos, por el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Todo, impulsado por la Presidencia de la República para cobrarnos la afrenta de haberle impedido arrebatarnos nuestras tierras para cerrar el negocio del sexenio: el de abrir un nuevo aeropuerto con un corredor comercial a todo lujo de varios kilómetros de largo.
Durante estos cuatro años, hemos debido luchar y resistir en condiciones sumamente adversas, pero aun así hemos logrado liberar a la mayoría de los presos, han vuelto a su casa la mayoría de los perseguidos, y lo más importante es que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) está vivo y luchando incansablemente por la libertad de los presos que faltan, pero también atento a impedir el despojo de nuestras tierras.
Hoy estamos a escasos días del desenlace jurídico de la lucha por la libertad de nuestros presos. Hemos jugado la última carta legal que tenemos para lograrlo (el amparo definitivo), y la decisión está en manos de la última instancia legal a la que podemos recurrir en México: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Quisiera equivocarme, pero todo apunta a que, en los próximos días, los ministros atenderán a una decisión de Estado: dejar en la cárcel a algunos presos políticos de Atenco. Sacarán a unos cuantos, reducirán las condenas de otros, pero la realidad es que la injusticia prevalecerá. Una decisión con la que especulan tanto el PAN (Partido Acción Nacional) como el PRI (Partido Revolucionario Institucional); tanto Calderón, como Peña Nieto, padre y creador de toda esta barbarie. Habiendo una decisión de Estado de por medio (como ocurre también en el caso del SME, Sindicato Mexicano de Electricistas), es muy difícil que la Corte no la acate. Son contados los jueces dispuestos a desacatar una orden así girada desde el poder, por temor o conveniencia, por presiones o por intereses. Basta hacer un breve recuento de su reciente actuar:
La SCJN ha dejado libre e impune a un gobernador que en cadena nacional fue evidenciado protegiendo a una red de grandes empresarios pederastas, denunciados por Lydia Cacho. El góber precioso no fue ni siquiera molestado por la Corte.
Más de 20 muertos dejó la represión en contra de la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca) en 2006. Las fotos de los sicarios de Ulises Ruiz disparando contra el pueblo de Oaxaca aparecieron en la portada de varios diarios de circulación nacional. Cuando la SCJN revisó el caso, no puso tras las rejas a ninguno de los sicarios y mucho menos ejecutó acción alguna contra el gobernador oaxaqueño.
Liberó, eso sí, a paramilitares responsables de la masacre de Acteal, entre ellos, dos asesinos confesos.
En el caso de la Guardería ABC, puso por encima la tradicional impunidad de los funcionarios que se enriquecen a costa de abaratar la calidad de los servicios que ofrecen, al profundo grito de justicia emanado del dolor por la muerte de 49 niños.
Ya una vez la Corte discutió el caso Atenco y decidió una aberración jurídica al referir que sí hubo violaciones a los derechos, pero que nadie era responsable de tales.
En nuestra patria no hay justicia. Me parece evidente que la Corte no puede sostener la aberración indefendible del “secuestro equiparado”, lo cual anularía las vergonzosas penas de hasta 112 años de cárcel para nuestros presos. Pero tienen la orden de buscar la maniobra “legal” para que algunos de nuestros compañeros aún no salgan libres. Y todo indica que eso es lo que al final decidirán, más allá de la intención honorable de algunos de los jueces de poner fin de una vez por todas a esta profunda injusticia (nuestro reconocimiento a ellos). ¿De qué se trata? De ejercer un castigo ejemplar, descomunal contra los símbolos de la lucha social. Es una forma de advertir, a los que se decidan a luchar, a qué se atienen si persisten en su intento. Saben que la situación es inestable. Tienen miedo, tratan de disuadir al pueblo de toda decisión de rebelarse, para atemorizarlo. Y por eso mismo es que creo que hay una decisión de Estado. La clase política requiere mantener la amenaza vigente, y por ahora no hay mejores candidatos para ello que los rebeldes, insumisos e incorruptibles campesinos del FPDT. Pero nosotros no lo aceptamos; queremos justicia, no más engaños de los mercaderes del derecho. No nos vamos a resignar, vamos a seguir luchando, porque en un país como el nuestro, donde se cierran las puertas de la justicia, la alternativa que nos queda es luchar y organizarnos para detener tanta impunidad.
Me encuentro ahora en esta embajada en México de la República Bolivariana de Venezuela, pidiendo asilo político después de cuatro años de incesante persecución política en mi contra, de no poder salir a la calle ni ver a mis seres queridos, de no poder volver a mi casa ni a mi pueblo. Cuatro años que han sido de amedrentamiento, pero también de indoblegable resistencia. Tengo varias órdenes de aprehensión en mi contra, todos los amparos que he solicitado han sido rechazados por el Poder Judicial. Para mí, no hay más opciones, menos ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está a punto de cometer otra brutal injusticia.
Los cargos por los que a mí me persiguen son los mismos y en los mismos hechos que los de mi papá. Y frente a esta decisión de Estado de dejarlo preso, me he visto orillada a tomar esta decisión: el asilo político, para continuar la lucha desde fuera, pero con más fuerza y en mejores condiciones. He logrado evitar ser encarcelada cuatro años, y por supuesto que si no han logrado apresarme, menos aún lograrán que me entregue por delitos que no cometí.
Es al pueblo de Venezuela y a su presidente a quienes pido ayuda, porque he sido testigo de su alto espíritu de solidaridad hacia los pueblos que sufren injusticia. Muestra de ello son todos los programas que otorga el pueblo venezolano con médicos, profesores, petróleo barato, operaciones de la vista a cientos de miles de pobres en nuestra América, combatiendo al imperio yanqui y al capitalismo depredador con gran fortaleza y dignidad.
Me voy, pero no me rindo. Y desde aquí quiero agradecer al pueblo humilde que me ha protegido y resguardado todos estos años; no tengo con qué pagarles más que con mi lucha y mi fuerza.
Quiero que lo sepa mi pueblo, Atenco, a quien tanto amo y admiro por su valentía, con quien tengo muchos proyectos y espero regresar pronto para concretarlos, junto a mis compañeros. Quiero que lo sepa mi padre y mi madre y toda mi familia, también que lo sepan mis hermanos de lucha de todos los rincones de mi patria que es México:
Si sigo de pie es por todos ustedes, y aunque mañana esté lejos, cuéntenme entre las filas de los que resisten y luchan por un país mejor, por un México sin despotismo político, sin la corrupción, explotación y despojo que hemos sufrido por años, y que ya no estamos dispuestos a tolerar.
Y quiero que lo tengan siempre bien presente: ¡Venceremos! Ahora más que nunca, es momento de unirnos, de pelar juntos contra el enemigo común. Mineros de Cananea, de Pasta de Conchos, pueblo de La Parota y Copala, trabajadores del SME, maestros de la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación), estudiantes universitarios, padres de la Guardería ABC, de los muertos y las muertas de Ciudad Juárez, familiares de los miles de inocentes asesinados por esta llamada “guerra” contra el narcotráfico; pueblo pobre y trabajador, sin prestaciones, ni buenos salarios, sobreexplotados y humillados, a ustedes me dirijo con todo mi respeto. Tenemos que estar juntos; tenemos que acabar de una vez con tanto despojo y represión, tanto de Felipe Calderón como de quien aspira a ser su sucesor, Enrique Peña Nieto.
Que también lo escuche fuerte y claro el Estado. No pudieron con Atenco y no podrán conmigo. Sigo y seguiré de pie, resistiendo, porque la saña de los de arriba jamás podrá marchitar la rebeldía sembrada y regada por años en la tierra de nuestra nación. Ni sus jueces ni sus medios mentirosos, ni su cárcel ni su persecución. ¡Nada detendrá nuestro camino a la justicia y la libertad! En la trinchera que nos toque estar, estaremos con la frente y nuestro puño en alto.
Ni la embajada de la República Bolivariana de Venezuela, ni el Presidente Chávez, ni por supuesto los millones de venezolanos y venezolanas, tienen nada que ver con lo que afirmo. Ellos tienen su lucha propia, la cual admiro y siento como propia, pero nada han tenido que ver con mi decisión de entrar a esta embajada y pedir asilo, lo cual ha sido decisión mía, exclusivamente.
No estoy dispuesta a permanecer más tiempo escondida, acosada, maniatada. Ya son más de cuatro años así, y la situación no tiene visos de cambiar. Mi única alternativa para recuperar la libertad por ahora es acogerme al asilo político por parte de un gobierno realmente democrático y del pueblo; de un pueblo solidario con la rebeldía de sus hermanos de otras tierras. Quiero mi libertad para seguir luchando, para seguir estudiando, para seguir viviendo. Por eso he decidido pedirle al pueblo de Venezuela, a su presidente, comandante Hugo Chávez, que me acojan en su territorio mientras logro recuperar mi derecho a seguir luchando en mi propio país.
Que el mundo entero voltee a mirar lo que sucede en México. Que observe atentamente lo que está por ocurrir en estos días: que la mayor instancia de justicia de nuestro país es incapaz de plantar cara ante una decisión de Estado, aun cuando éste cometa la más burda y lacerante de las injusticias.
América del Valle
