Una de las instituciones públicas más opacas en materia de información y rendición de cuentas es sin duda el Banco de México (Banxico), y la razón que alude para evitar transparentar su actuación (financiamiento y gasto, elevados sueldos de directivos, altas pensiones, manejo administrativo) es su autonomía; sin embargo, aunque es cierto que no recibe fondos del presupuesto público, porque su financiamiento lo hace con los intereses que genera el fondo de las reservas internacionales del país –que ya rebasan los 180 mil millones de dólares–, este banco central debería estar abierto a la escrutinio público.
Aún más, el manejo de las reservas y sus intereses son de interés público, por lo tanto lo que generen esos 180 mil millones de dólares debería estar supervisado por algún ente regulador distinto al Banxico, por ejemplo la Auditoría Superior de la Federación, órgano de control dependiente del Congreso de la Unión, a fin de que ni el gobernador del banco central ni algún otro directivo o la propia Junta de Gobierno dispongan a su antojo de esos recursos, razón por la cual el Banxico es una de las instituciones públicas con muchos privilegios, sobre todo económicos, lo que se contrapone a las nuevas políticas públicas de austeridad de los tres poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Sólo un ejemplo que confirma el despilfarro en esa institución financiera, reportamos un dato que muestra esos excesos del gasto que hace el Banxico y que por tal razón esa institución financiera debe ser observada y vigilada permanentemente por la sociedad, para que sea parte de la austeridad a la cual están obligados los servidores públicos.
En los 8 años que Agustín Carstens dirigió el Banco de México, del 1 de enero de 2010 al 30 de noviembre de 2017 -durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto-, esa institución autónoma que resguarda las reservas internacionales de la Nación dispuso de recursos millonarios para que su gobernador realizara 72 vuelos privados en lÃneas ejecutivas, lo que se conoce como “taxi aéreo”, a razón de nueve vuelos en promedio por año, lo que significó un gasto de dinero público por 31 millones 780 mil 979.37 pesos.
Según el banco central, “dicho servicio fue utilizado para atender viajes instruidos por el doctor Agustín Guillermo Carstens Carstens (entonces gobernador del Banco de México). Es preciso señalar que en todos los vuelos realizados siempre viajó el Dr. Carstens.
Fue tan ostentosa y despilfarradora la administración de Carstens al frente del banco, que el actual gobernador Alejandro Díaz de León y la Junta de Gobierno dispusieron “no utilizar más ese servicio de transportación aérea, y por lo tanto no se renovó la contratación del mismo. Por lo anterior, desde el 1 de enero de 2018, el Banco de México ya no es beneficiario de dichos servicios.
AMLO acusa a Cárstens de promotor de moches
El mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha criticado a Carstens en distintos momentos, como cuando lo acusó de promotor de “los moches†cuando fue secretario de Hacienda y Crédito Público, porque el funcionario repartía dinero entre los diputados para que aprobaran los presupuesto por unanimidad, “como si fuera un mago de la polÃticaâ€.
Agustín Cárstens, actual gerente general del Banco de Pagos Internacionales, ha formado parte de la maquinaria de corrupción gubernamental desde varias posiciones de poder y durante distintos sexenios (panistas y priístas); las más importantes como secretario de Hacienda durante el gobierno panista de Felipe Calderón, y después como gobernador del Banco de México con el priísta Enrique Peña Nieto.
En esta columna documentamos como en 2008 –cuando Carstens ocupaba la titularidad de la Secretaría de Hacienda (cargo en el que se mantuvo del 1 de diciembre de 2006 al 9 de diciembre de 2009)– autorizó varias veces el llamado “perdón fiscalía, que no es otra cosa que un acto de impunidad para beneficiar a los amigos del gobierno.
Ejemplo de lo anterior es el caso de los empresarios Alfredo y Javier Miguel Afif, cuando éstos estaban prófugos por cuatro órdenes de aprehensión en su contra por el mismo número de créditos fiscales, por un total de 140 millones de pesos, y ambos fueron beneficiados con el “perdón del secretario Carstens y el desistimiento de la Procuraduría Fiscal.
La verdad es que no es nuevo que las autoridades fiscales sobreseyeran causas penales por cuestiones fiscales, pues siempre se utilizaba la discrecionalidad para administrar un sistema fiscal corrupto que no se utiliza para sacar adelante a la economía sino para dividir privilegios.
La misma Secretaría de Hacienda reconocía haber sobreseído otros cinco casos de evasión de impuestos entre julio de 2007 a junio de 2008; además, se archivaron nueve causas penales abiertas en 2003, 2004 y 2006.
Los empresarios privilegiados por la SHCP no se acogían a ningún programa oficial, simplemente se veían favorecidos –luego de intensas negociaciones– por la decisión discrecional del titular de la dependencia, Agustín Carstens Carstens.
Un primer sobreseimiento de expediente abierto por fraude fiscal tuvo lugar el 27 de julio de 2007. Con él se cerró una causa abierta el 11 de marzo de 2004. El segundo sobreseimiento se concretó el 4 de septiembre de 2007. También involucraba una causa penal, la cual se archivó. El caso databa del 10 de enero de 2006. En ese mismo mes, pero el día 21, se concretó el tercer sobreseimiento solicitado por la administración de Agustín Carstens. Se cerraron dos causas abiertas el 2 de julio de 2003. El cuarto sobreseimiento se concedió el 13 de noviembre de 2007. Involucraba una sola causa penal que databa del 11 de septiembre de 2006. Las cuatro causas penales involucradas en el quinto caso se sobreseyeron de la siguiente manera: una el 6 de junio de 2008, dos el 16 de junio de 2008 y la última el 27 de junio de 2008.
Así, en sólo año y medio, el gobierno de Felipe Calderón concedía cinco sobreseimientos que involucraban a nueve personas. Sumados a los nueve que ocurrieron a lo largo de todo el sexenio de Vicente Fox, el panismo en el poder perdonaba de manera discrecional a 14 empresas y, al menos, a 18 personas.
