Lunes 13 de septiembre

Nydia Egremy - 13 Sep 2010 a las 12:00 am

Por lo menos tres gobernadores priistas que terminan su sexenio en las próximas semanas, son sujetos a investigación en las oficinas de la Procuraduría General de la República por supuestos vínculos con el crimen organizado y su participación en proteger a cárteles de la droga y lavar dinero procedente del tráfico de drogas.
Para la integración de los respectivos expedientes judiciales, el Ministerio Público Federal cuenta con el apoyo de una coalición político-judicial integrada por los líderes nacionales del PAN, PRD, Convergencia y Grupo Día, quienes antes de que termine el año quieren ver en prisión a otro exmandatario estatal priista, después de que el fallido Mario Villanueva Nueva enfrentara a la justicia.
Se trata de una nueva modalidad de alianzas entre fuerzas políticas divergentes que, sin importar ideologías, principios morales ni códigos éticos, les ha dado buenos resultados mediáticos en contra del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en los más recientes procesos electorales, en donde la oposición le arrebató dos gubernaturas dominadas por verdaderos caciques priistas: Oaxaca y Puebla.
Esos acuerdos entre quienes parecían enemigos irreconciliables avanzan también en otros terrenos distintos al ámbito electoral. Ahora, los amarres políticos empiezan a operar en el campo judicial: se intenta llevar a juicio a mandatarios estatales bajo señalamientos de vínculos con el crimen organizado, concretamente narcotráfico, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos.
De la lista de gobernadores vigilados, destacan dos mandatarios del norte y otro del sur, a quienes testigos protegidos señalan de estar relacionados con cárteles de la droga y participar en el blanqueo de dinero sucio, para lo cual la Siedo ha pedido el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de allegarse los expedientes financieros de esos exmandatarios que en breve quedaran sin el fuero político que hasta ahora les había dado impunidad para manejarse como virreyes en sus estados.
Uno de los casos más avanzados es el proyecto de denuncia penal en poder de Oficio de papel, que analizan en el Distrito Federal las áreas jurídicas de cuatro grupos políticos: Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Acción Nacional (PAN), Convergencia y Diálogo por la Reconstrucción de México (Dia).
El propósito de dicha querella, de ser firmada por los cuatro líderes nacionales Jesús Ortega, César Nava, Luis Walton Aburto y Manuel Camacho Solís, respectivamente, es presentarla en los próximos días ante la Procuraduría General de la República (PGR) y someter a proceso penal al todavía gobernador de Durango, Ismael Alfredo Hernández Deras, quien el próximo miércoles 15 termina su gestión y ya prepara maletas para irse lo más lejos posible del país. Quienes lo conocen aseguran que ya habría comprado residencias en Norte y Suramérica y que algunos de sus familiares habrían ya viajado a Canadá.
Previsor, el equipo de prensa de Hernández Deras ha evitado que la prensa se acerque al político duranguense, que es duramente criticado al interior del estado, en donde los partidos de oposición le cuestionan las cuantiosas inversiones en obras públicas, una deuda del erario por miles de millones de pesos, la imposición a cualquier precio de su sucesor Jorge Herrera Caldera y la adquisición de bienes inmuebles por conducto de “prestanombres” que dejarían a Durango sin recursos públicos.
Como es costumbre, la sucesión en las gubernaturas se ha vuelto de máxima importancia para los funcionarios salientes, quienes buscan protegerse de cualquier indagatoria en su contra. Bajo esta lógica, el gobernador de Durango tuvo una activa participación en las elecciones pasadas, en donde su prioridad fue heredar el cargo a su subalterno Herrera Caldera, quien sabe mucho de las cuentas del gobernador al haber ocupado la Secretaría de Finanzas. Este supuesto candidato ganador espera el fallo del Tribunal Federal Electoral, en donde la coalición de las cuatro fuerzas políticas denunció múltiples irregularidades ocurridas en el proceso de elección.
De obtener el triunfo definitivo, a Herrera Caldera le espera un gobierno complicado, pues tendrá que explicar a los duranguenses los manejos de miles de millones de pesos que la oposición asegura fueron malversados, además de que la dependencia a su cargo servía de lavadero de recursos procedentes del tráfico de drogas. Los señalamientos tendrán que ser probados por la autoridad federal, si quiere proceder en contra de un gobernador priista y su equipo de colaboradores más cercano.
Mientras en Durango hay un revuelo por la violencia generada por bandas del crimen organizado que se disputan ese territorio estratégico por la distribución de estupefacientes hacia los estados del norte del país, en la PGR ya se prepara el expediente para acusar al gobernador priista saliente por diversos delitos relacionados con la delincuencia organizada, narcotráfico, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Éste sería el segundo proceso penal contra un gobernador priista por supuestos vínculos con el narcotráfico, concretamente con el cártel del Pacífico que comanda el intocable Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo.
El caso de Hernández Deras recuerda al recién extraditado exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, quien hace varios años, días antes de concluir su gestión, huyó del estado para tratar de eludir la justicia, pero meses más tarde fue capturado y encarcelado por sus nexos con el narcotráfico. Después de purgar su condena en penales de máxima seguridad en México, Villanueva fue enviado a Estados Unidos, donde enfrenta procesos penales por los mismos delitos.
En abono a ese trabajo investigativo de la PGR, los dirigentes nacionales de cuatro fuerzas políticas han decidido que su alianza en contra del PRI vaya más allá de las simples contiendas electorales y puedan poner en jaque al Revolucionario Institucional mediante procedimientos jurídico-penales que sometan a caciques y mandatarios acostumbrados a robar el erario en medio de la impunidad, negligencia y omisión de los órganos de control.
Esta nueva denuncia penal en contra de Hernández Deras y varios de sus excolaboradores, entre otros Víctor Sánchez Sariñana, Jorge Sarabia Castrillón y Abraham Moreno García, se preparó en las oficinas estatales del PAN, PRD, Convergencia y grupo Dia. Los dirigentes locales se han reunido por los menos en dos ocasiones con el procurador General de la República y con el secretario de Gobernación, ante quienes han denunciado el escandaloso enriquecimiento del gobernador de Durango y sus presuntos vínculos con cárteles de la droga. Una vez concluido su trabajo de integrar la acusación, la enviaron a las oficinas nacionales de los partidos para su aprobación y firma.
Igual que a este gobernador duranguense, por lo menos de otros dos mandatarios estatales tienen listos sus expedientes judiciales para proceder en su contra, siempre y cuando los tiempos políticos de las coaliciones les alcance al PAN, al PRD, a Convergencia y al Día en su cruzada de todos contra el PRI.
Guerra de Calderón impide reforma hacendaria
No es gratuito que en los últimos meses de la administración de Felipe Calderón el debate de los partidos políticos se centre en los impuestos, en los ingresos que necesita el Estado mexicano para operar y, por supuesto, en la necesidad de la economía mexicana de generar crecimiento y empleo. La crisis política y social que vive México también se relaciona directamente con la baja recaudación tributaria, con la dependencia de los ingresos petroleros, pero sobre todo con la falta de cohesión social.
Este es el saldo sobre la economía que ha dejado la “guerra” de Felipe Calderón contra el narcotráfico. La cohesión social se relaciona con la equidad en un país, la inclusión, el bienestar, la igualdad de oportunidades, las relaciones laborales equitativas y a garantizar el acceso a la educación, la salud y la vivienda.
El gobierno calderonista está fallando en muchas de ellas y hablar en el Congreso de una reforma hacendaria parecería una ofensa para la población de escasos recursos, mientras que las grandes empresas los interpretarían como un desafío en la recta final para decidir la Presidencia de la República en 2012.
Por ello, ninguno de los dos partidos dominantes, PRI y PAN, propuso un cambio de fondo, ninguno presentó un proyecto para alcanzar la Reforma Fiscal Tributaria. Tal vez saben que las condiciones no están dadas, al menos no para sus intereses políticos.
Por segunda ocasión en más de tres décadas, el gobierno de Calderón prefirió no enviar una propuesta de miscelánea fiscal. El PRI, por su parte, se engarza en un debate fácil y políticamente rentable: reducir la tasa del IVA de 16 a 15 por ciento, muy poco para lo que necesita la población.
Tras bambalinas, no obstante, se teje con los organismos multilaterales una parte del cambio fiscal que México necesita. Desde hace más de una década el gobierno mexicano recibe financiamientos de la banca de desarrollo internacional para apuntalar su sistema fiscal.
En 2002, el Proyecto de Desarrollo Institucional para la Administración Tributaria, que se concentró en el desarrollo de una plataforma tecnológica para mejorar la recaudación fiscal a cargo de las firmas Oracle y People Soft, representó un costo superior a los 82 millones de dólares. El financiamiento lo otorgó el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). En ese momento, el gobierno mexicano se comprometió a aportar 30 millones de dólares al firmar en marzo de 2003 un contrato de mandato con Nacional Financiera, con la intervención del SAT, a fin de administrar el préstamo y supervisar la ejecución del proyecto.
El contrato se hizo efectivo a partir del 28 de marzo de 2003 y el gobierno mexicano se comprometió a que se aplicaría del 28 de marzo de 2003 al 31 de diciembre de 2006, fecha límite del compromiso. La fecha pactada para el desembolso fue el 30 de junio de 2007, con un periodo de gracia de 5 años y un vencimiento a 15 años. Los resultados de ese crédito, del proyecto que encabezó Oracle, siguen siendo sumamente cuestionables y la información sobre sus resultados se guarda celosamente en el Servicio de Administración Tributaria y en la Secretaría de Hacienda.
Ahora, en medio de las discusiones para definir el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, se da a conocer que la Secretaría de Hacienda firmó con el Banco Interamericano de Desarrollo un crédito por mil millones de dólares para apoyar al gobierno federal en su proceso de reformas fiscales para fortalecer la sostenibilidad de sus finanzas públicas, recuperar el crecimiento potencial de mediano plazo y mejorar la eficacia y eficiencia de la gestión presupuestaria.
México obtiene este crédito luego de que Ernesto Cordero fue nombrado gobernador del BID por México y presidente de la Asamblea. El secretario de Hacienda asumió esas posiciones durante la Asamblea de BID que tuvo lugar en Cancún un año después de que el presidente de ese organismo multilateral, Luis Alberto Moreno, enfrentó una de sus mayores crisis antes las pérdidas por mil millones de dólares en las que incurrió ese organismo multilateral por sus inversiones en instrumentos hipotecarios subprime. Esas minusvalías provocaron que gobiernos como el de Estados Unidos y Brasil cuestionaran la gestión de Moreno y el papel del BID.
A través de un amplio reporte de la Oficina General de Auditoría (GAO), el gobierno de Washington aseguró que la administración del BID no estaba logrando los resultados adecuados mientras el gobierno brasileño criticó la metodología para decidir a qué países, cuándo y cómo autorizar créditos.
México, sin embargo, dio su total apoyo a Moreno y ahora obtiene un financiamiento por mil millones de dólares que México tendrá que sumar a su endeudamiento.
El financiamiento, aseguran documentos del BID, se destinará íntegramente a fortalecer el sistema fiscal mexicano. Se trata de una negociación que se inició hace más de un año. Así, el desembolso de la primera operación se pactó en base a las medidas anticíclicas y de fortalecimiento de la sostenibilidad fiscal adoptadas durante el cuarto trimestre de 2009 e incorporadas en el Presupuesto de la Federación de 2010 y a la instrumentadas y consolidadas de las mismas a inicios de 2010.
Es cierto que para 2011 se espera que la recaudación tributaria respecto del Producto Interno Bruto supere el 10 por ciento, una de las relaciones más altas en la presente década; sin embargo, se trata de un indicador claramente insuficiente para satisfacer las necesidades de la economía y puede considerarse un pobre resultado para comprometerse a la firma de un financiamiento de mil millones de dólares que, paradójicamente, se otorga cuando la discusión fiscal de fondo se pospone una vez más.
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