Fue hace casi tres años que, a través de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés), se dio a conocer que la compañía perforadora de pozos petroleros costa fuera Pride International, había violado la Ley del Mercado de Valores de Estados Unidos.

En 2008, uno de los principales accionistas de la firma, decidió denunciar las irregularidades en las que había incurrido la petrolera en más de ocho países, en donde se confirmó el pago de sobornos por más de 2 millones de dólares.

Ante una Corte de Distrito del Sur de Texas en Houston, Pride International tuvo que enfrentar los cargos de corrupción. Los pagos a funcionarios públicos se realizaron entre 2001 y 2006 en países con intensa actividad petrolera como México, Kazakhastan, Nigeria, Arabia Saudita, Venezuela, República del Congo y Libia.

Los pagos ilegales, según la SEC, permitieron que Pride y sus subsidiarias extendieran sus actividades de perforación y que redujeran el pago de impuestos y derechos, con lo cual obtuvieron importantes beneficios. Por esa razón, la petrolera texana, especializada en perforaciones en aguas profundas, tuvo que pagar a las autoridades bursátiles de Estados Unidos más de 50 millones de dólares en multas y sanciones. Una justicia muy práctica, en donde los particulares pagan y las finanzas públicas se benefician. Algo de esto deberían aprender las autoridades mexicanas.

En México, los sobornos se entregaron a un funcionario del servicio de Aduanas que aceleró los trámites para el ingreso de la maquinaria que necesitaba Pride para cumplir con un contrato firmado con Pemex. En el documento de la SEC, en el que se da cuenta del caso de corrupción de Pride en ocho países, se establece que un directivo de la compañía estadounidense pagó sobornos en México, uno de los cuales fue por 10 mil dólares en diciembre de 2004, lo que le permitió evadir pagos aduanales.

El exvicepresidente de Pride, Bobby Benton, fue quien conoció en México sobre el caso de los sobornos a funcionarios de Aduanas durante una inspección de rutina a un bote de suministro asignado a las plataformas marítimas. Benton también estuvo a cargo de las autorizaciones para entregar dinero a funcionarios de Petróleos de Venezuela.

En el caso de México, la SEC también menciona un segundo soborno por 15 mil dólares que se acreditó como pagos y asesorías en los números públicos que Pride exhibe a los inversionistas del mercado de valores. Así, hasta 2007, Pride buscaba la asignación de más contratos con Pemex en el segmento de plataformas petroleras; sin embargo, el caso de corrupción ante la SEC nubló el panorama para la empresa texana que ya registraba problemas de operación en las plataformas mexicanas.

En una investigación de la reportera Ana Lilia Pérez, publicada en Contralínea en noviembre 2008, se reveló, de acuerdo con documentos confidenciales de Pemex, que algunas de las plataformas que se rentaron a consorcios texanos – incluyendo a Pride – durante la gestión de Jesús Reyes Heroles, no eran aptas para operar, pues presentaban graves deficiencias desde el momento de su contratación.

De acuerdo con el reportaje y hasta 2008, de las 40 plataformas, 31 eran propiedad de los consorcios texanos Mexdrill Offshore, Noble Contracting, Nabors, Todco, Pride Drilling y su subsidiaria México Drilling, grupo económico para el cual trabajó como asesor el exdirector general de Pemex, Reyes Heroles.

Los documentos de la paraestatal petrolera, publicados por Contralínea, revelaron que la mayoría de estas plataformas presentaban fallas que contravenían las normas de seguridad y los acuerdos internacionales en la materia, como el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Solas, por sus siglas en inglés).

En algunos casos, el equipo y la infraestructura contratada y pagada por Pemex Exploración y Producción no era la que en realidad tenían las plataformas al momento en que fueron supervisadas.

Norrie Mc Vicar, presidente del Grupo Internacional de Fuerza de Trabajo Costa Afuera de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), encargado en ese momento de la supervisión y verificación del cumplimiento de las normas internacionales en las plataformas petroleras en los 148 países miembros, explicó que en una inspección a la Sonda de Campeche encontró que: “Los mismos consorcios que tenían sus plataformas en el resto de los países petroleros registraban buenas prácticas industriales, pero en el Golfo de México bajan sus estándares de calidad e incumplían con las normas internacionales de seguridad”.

Pero fue hasta diciembre de 2009 cuando la SEC inició un proceso judicial en contra de Bobby Benton y Joe Summers, altos ejecutivos de Pride, quienes pagaron sanciones civiles por 40 mil y 25 mil dólares, respectivamente. Un año después, Pride llegó a un acuerdo extrajudicial con la SEC y cubrió sanciones por más de 50 millones de dólares.

Ese convenio, sin embargo, fue sólo el inicio de la reestructuración de las operaciones de Pride. Los contratos con Pemex no llegaron tan fácilmente como sucedía durante la gestión de Reyes Heroles. Hacia finales de 2009, Pride mantenía varios equipos y plataformas (autoelevables) trabajando para Pemex.

En agosto de 2009, Pride había solicitado una extensión de 46 días para su plataforma autoelevable tipo Mat Seahawk 2505. Sin embargo, para ese momento Pride ya había regresado a Estados Unidos desde México las plataformas Seahawk 2001 y Seahawk 2005.

La noticia ahora es que, de acuerdo con Compranet, las filiales de Pride Drilling que operan en México: Pride Central America, L.L.C. y Pride Internacional de México, así como Pride Drilling L.L.C, han sido sancionados por Pemex. La multa en noviembre para Pride Central America ascendió a sólo 75 mil 439.5 pesos e incluyó una pequeña inhabilitación por tres meses que terminaron en febrero pasado. La sanción fue impuesta por el área de responsabilidades del Órgano Interno de Control de Pemex Exploración y Producción. La presentación de información falsa (que relacionaban a la empresa con un socio en común) fue la causa de la inhabilitación.

Los hechos de corrupción en varios de sus principales mercados, sobre todo por el accidente en el Golfo de México de la petrolera británica BP, colocaron a las perforadoras especializadas en aguas profundas en una difícil situación. Por ello, las fusiones, adquisiciones y hasta quiebras no se han hecho esperar.

Así, Pride, en medio de otro litigio impulsado por los inversionistas del mercado de valores por considerar que se verán afectados, recibió la oferta de la petrolera británica Ensco para adquirir el total de sus activos en 7 mil 300 millones de dólares. Con esta operación se crearía la segunda compañía global petrolera especializada en perforación costa fuera que, evidentemente, buscaría contratos con Pemex una vez que se liberen las licitaciones para esta región bajo el esquema de contratos incentivados, con riesgo compartido pero también con ganancias crecientes.

Así, Ensco y Pride podrían llegar a controlar más de 71 pozos en los que se incluirían 21 en aguas profundas. Mientras tanto, México aplica sanciones irrisorias y ridículas a gigantes petroleros que con prácticas de corrupción ponen en riesgo la seguridad de los mexicanos y a su principal industria.

Fallo histórico

Si la corrupción en México alcanza ya niveles alarmantes, más preocupante es cuando ésta invade como cáncer las áreas o sectores encargados de la impartición de justicia.

Por ejemplo, es muy grave cuando en el Poder Ejecutivo se desvían recursos públicos sin que haya sanción para funcionarios. O que en otro poder, el Legislativo, se gasten sin control fondos del erario, y diputados y senadores se ufanen de ello. Pero más grave aún es, que en el Poder Judicial haya corrupción, pues aquí jueces, magistrados y ministros juegan con la libertad y la vida de las personas, de tal manera que aceptar sobornos ha cambio de inclinar fallos de la justicia, es un verdadero acto criminal. Esto explica porque las cárceles están llenas de personas con escasos recursos económicos, mientras que los ricos nunca pisan las cárceles.

Por es un respiro de justicia lo ocurrido el pasado 14 de abril, cuando los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal revocaron la sentencia por daño moral dictada por la jueza 54, Yassmín Alonso Tolamatl, quien en enero pasado condenó injustificablemente a los periodistas de Contralínea a no publicar “nunca más” información relacionada con las contrataciones entre Pemex y el consorcio Blue Marine Technology Group. También, a pagar indemnizaciones a sus accionistas, con el argumento de que los contratos de la paraestatal no son asuntos de “interés público”.

Pero ¿qué llevó a la jueza Alsono Tolamatl ha dar un fallo en ese sentido y con esos absurdos argumentos? ¿Entenderá esa jueza el daño que causa al dejar de impartir justicia y beneficiar intencionalmente a poderosos grupos económicos que se enriquecen ilícitamente con dinero público?

Pues fue por unanimidad de votos cuando los magistrados de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), José Luis Castillo Lavín, Alicia Pérez de la Fuente y Martha Lucía Elizondo Télles, revocaron la sentencia que el pasado 3 de enero la titular del Juzgado 54, Yassmín Alonso Tolamatl, dictó en contra de los periodistas de Contralínea en el juicio promovido por los contratistas de Petróleos Mexicanos (Pemex), Antonio Juan Marcos Issa, Alfredo Reynoso Durand y Juan Reynoso Durand.

Los propietarios de las empresas navieras Arrendadora Ocean Mexicana (AOM), Blue Marine Technology y Subtec demandaron por daño moral a los reporteros Nancy Flores, Ana Lilia Pérez y Miguel Badillo, y al caricaturista David Manrique, debido a que los periodistas documentaron las irregularidades en sus contrataciones con Pemex, que después fueron confirmadas por los dos órganos de fiscalización del país: la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación.

En el juicio ordinario civil 492/2009, que inició en septiembre de 2009, los empresarios acusaron que las publicaciones periodísticas les habrían provocado supuesto “daño a su persona, a su imagen, honor y decoro”, así como “daño a la imagen, honor y decoro de sus empresas”.

Sin que las empresas privadas acreditaran en qué consistía tal daño y sin que aportaran una sola prueba que desmintiera las investigaciones periodísticas publicadas por Contralínea, el 3 de enero la jueza 54 condenó a los periodistas por el “uso abusivo de su libertad de expresión” y porque, según su consideración, la información relacionada con el uso de recursos del gobierno federal vía contrataciones “no es de interés público”.

Al resolver la impugnación que los periodistas hicieron a dicha sentencia, los magistrados determinaron que “la parte actora Arrendadora Ocean Mexicana, Blue Marine Technology, Subtec, Antonio Juan Marcos Issa, Alfredo Reynoso Durand y Juan Reynoso Durand no acreditó su acción de daño moral”; en cambio, “la demandada justificó su excepción excluyente de dicha responsabilidad civil”. Así, se absolvió a los cuatro periodistas y se anuló la arbitrariedad de una jueza que viola la Constitución y que deberá pagar por ello.

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