Ernesto Montero Acuña / Prensa Latina

A nueve años de adoptada en Naciones Unidas la llamada Declaración del Milenio, el planeta en crisis se distancia, cuando pretendía aproximarse, al propósito de lograr la igualdad de género en un mundo más pacífico, más próspero y más justo, basado en la carta de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

De los ocho objetivos aprobados entre el 6 y el 8 de septiembre de 2000 en Nueva York, ninguno se ha cumplido en una magnitud apreciable. Pero, de ellos, el referido a la igualdad de la mujer empeora aún más, como consecuencia de la situación económica, expandida en agosto de 2007 desde Estados Unidos.

No obstante de haberse proclamado en el segmento de alto nivel de la asamblea, con la presencia de 147 jefes de Estado y de gobierno y representantes de 191 países, las esperanzas hoy son más sombrías que entonces.

En América Latina y el Caribe, a pesar de las consecuencias, se vislumbra el pivote para el lanzamiento de un futuro más esperanzador, aunque la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) reportó, en su informe social para 2008 y en su pronóstico para 2009, que los más afectados por el desempleo en la región serán precisamente las mujeres y los jóvenes.

Si Latinoamérica lograra impedir retrocesos dramáticos en sus progresos políticos y sociales, alcanzados principalmente a partir del triunfo de la Revolución Bolivariana en Venezuela, en 1998, podrían aplicarse fórmulas exitosas de protección a la mujer, a la infancia y la adolescencia.

No en todos los países sería posible en la magnitud requerida; sin embargo, algunos analistas consideran que podrían atenuarse los daños de mayor envergadura y avanzar sobre la base de la unidad y la integración.

Lograrlo significaría, como se pretendió en la Cumbre del Milenio, progresar en: 1) el aliento a la paz, la seguridad y el desarme; 2) el desarrollo y la erradicación de la pobreza; 3) la protección del medio ambiente; 4) la promoción de los derechos humanos, la democracia y el buen gobierno; 5) la protección a las personas vulnerables; 6) la atención a las necesidades especiales de África; 7) la disminución de las enfermedades; 8) la reducción de la injusticia, la desigualdad, el terrorismo y la delincuencia; 9) el fortalecimiento de Naciones Unidas.

Esos propósitos alentaron la proclamación de los Ocho objetivos de desarrollo del milenio, una meta que se avizora imposible para 2015, como se pactó, y mucho menos en las condiciones de una crisis económica, la cual se profundiza y afecta cada una de esas intenciones.

Se avizora imposible: erradicar la pobreza extrema y el hambre; lograr la enseñanza primaria universal; promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer; reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años; mejorar la salud materna; combatir el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) /síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el paludismo y otras enfermedades; garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; y fomentar una (verdadera) asociación mundial para el desarrollo.

Analistas pronostican, por el contrario, menos comercio e inferiores precios para las materias primas; descenso en los créditos; tasas de interés desfavorables; reduc ción de las remesas; mayor desempleo; resurgimiento de las crisis de deuda externa; insolvencia y más desigualdad en los países pobres.

El Centro de Información Regional de la ONU para México, Cuba y República Dominicana refleja en un informe del exsecretario general, Kofi Annan, cómo en 2003 “algunas tendencias” de entonces indicaban que “en muchas partes del mundo no llegarán a cumplirse varios de los objetivos del milenio”.

Luego de seis años, los augurios se perfilan más desalentadores, sobre todo en el caso de la igualdad de género.

La equidad entre ambos sexos es un objetivo fundamental para el progreso del desarrollo humano, no sólo como imperativo moral, sino también como forma de promover prosperidad y bienestar para todos.

Evaluaciones de Naciones Unidas conducen a pensar que la meta de “eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes del fin de 2015”, no puede ser vista con alguna dosis de optimismo realista.

En su informe Avance de los objetivos del milenio 2005, la ONU reflejaba ya en ese año que, en el mundo, dos tercios de los habitantes analfabetos eran mujeres. La tasa de empleo femenino equivalía a dos tercios de la masculina y las mujeres sólo ocupaban el 15 por ciento de los escaños en los parlamentos nacionales.

Sólo en los países nórdicos ocupaban el 40 por ciento de los escaños, pues en los 14 siguientes rondaban el 30 por ciento, y en África Septentrional, Asia Meridional y Occidental, y Oceanía ostentaban menos del 10 por ciento.

También representaban entonces la mitad de los 40 millones de personas infectadas con VIH en el mundo y, debido a su vulnerabilidad en muchas sociedades de África, la cifra iba en aumento.

Se añadía que “sólo se podrá acabar con la pobreza si las mujeres gozan de igualdad de derechos. El mundo tiene ahora los recursos financieros y el conocimiento práctico para poner fin a la pobreza extrema”. Pero, con la crisis, las condiciones negativas han empeorado.

El progreso medido por otros indicadores en relación con el “objetivo 3” se había rezagado y los índices de empleo remunerado en el caso de la mujer apenas se habían modificado en algunas regiones desde 1990.

La representación parlamentaria se consideraba, por otra parte, un elemento clave para la potenciación de la mujer en el ejercicio del poder de decisión en igualdad con el hombre, en campos que la afectan desde la familia hasta los niveles más altos de gobierno.

Datos de la ONU también avalan que más de medio millón de madres en los llamados países en desarrollo mueren cada año en trabajo de parto o por complicaciones durante el embarazo.

Cerca de una cuarta parte de los niños residentes en estas naciones sufren desnutrición. Casi la mitad de su población carece de acceso a servicios sanitarios y más de un tercio de sus pobladores urbanos habitan en tugurios.

En ellos, casi dos tercios de las mujeres empleadas desempeñan trabajos inestables de forma independiente o de tipo familiar no remunerado.

La relatora especial de la ONU sobre el tráfico de personas ante el Consejo de Derechos Humanos, Joy Ngozi Ezeilo, informó el 12 de marzo pasado en Ginebra que el tráfico de seres humanos es una actividad criminal, la cual registra “uno de los crecimientos más rápidos” en el nivel mundial.

Durante las crisis, la actividad ilícita se acrecienta, especialmente la que daña a la mujer, a la infancia y a la juventud.

Debido a ello, de los 2.5 millones de personas víctimas de este “comercio global”, la mayoría son mujeres y niños de bajo nivel socioeconómico, traficados desde los países en vías de desarrollo hacia las naciones ricas.

Según la relatora, los estudios revelan a menudo fines de explotación sexual en el tráfico de seres humanos, aunque también tienen “otros aspectos importantes, como el trabajo forzado, la esclavitud o la extirpación de órganos” vitales.

De todo esto, son mayoritariamente víctimas las mujeres y las niñas de los países del Tercer Mundo, en su triple condición de género, nacionalidad y condición social.

Ahora, la agudización de la crisis económica potencia todo este tráfico y los niveles de explotación, gravitantes en mayor medida sobre la mujer, sin que se pueda apreciar su magnitud final.

Para ellas, los “objetivos del milenio” se tornan, así y ahora, más distantes y menos objetivos.