No cesan las embestidas contra editores y periodistas, sobre todo en los municipios en los que histórica y jurídicamente se origina la forma de gobierno republicano, representativo y popular, y base geopolítica del federalismo mexicano al ser la división territorial y organización política y administrativa del Estado federal (principios que buscan anular la propuesta calderonista de una policía única para dar paso al Estado unitario o Estado centralista, con o sin el golpe de Estado militar que se gesta en el militarismo de facto y al margen del artículo 29 constitucional). Varios periódicos del Norte (Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, con el ataque al diario Noroeste) y en la capital del país (la agresión a la reportera Bertha Teresa Ramírez) han padecido esas embestidas que, al aparecer, no serán las últimas en la violencia generalizada que aprovechan las pandillas fundamentalistas y el clero político. Esa ofensiva llega a los homicidios, cuya tendencia cuantitativa y cualitativa ha aumentado desde hace 10 años, con el ascenso de la derecha panista-yunquista a la sombra y protección del foxismo y el calderonismo.
Tan grave es que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) enviaron, del 9 al 24 del pasado agosto, a los relatores para la Libertad de Expresión Catalina Botero y Frank La Rue. Sólo Calderón se negó a recibirlos, porque su apretada agenda para estar en su computadora chateando con su esposa no le dejó tiempo para la entrevista. Los funcionarios cumplían con su tarea diplomática de escuchar su punto de vista. Esto no fue necesario ya que los relatores recabaron información durante 15 días, más los agravios, entre homicidios y desaparecidos que ha sufrido la comunidad periodística y que una carta abierta, dirigida a ellos y suscrita por el Frente Nacional de Periodistas por la Libertad de Expresión (La Jornada, 24 de agosto de 2010), sintetizó.
Los relatores recogieron miles de testimonios de la aterradora situación que a diario viven los sobrevivientes del trabajo periodístico en México, expuestos a los abusos de gobernantes de todos los niveles. Incluyendo que de cada 10 delitos contra periodistas, dos ocurren en la capital del país, como informó el ombudsman del Distrito Federal, Luis González Placencia (La Jornada, 24 de agosto de 2010). El expediente que integraron los relatores es como para que, a la brevedad, la ONU y la OEA emitan sendos documentos que reprueben el gobierno de Calderón (y al foxismo), ya que desde 2000, “México es el país más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo”. En un reporte preliminar de 24 páginas, que entregaron al gobierno federal por Oficialía de Partes (porque los funcionarios de Calderón y él mismo se negaron a recibirlo, en abierto desprecio a la OEA y la ONU, reflejando su altanería ante la prensa mexicana), están las conclusiones que habrán de completarse y publicarse en breve.
Calderón odia a los periodistas hasta imponer inquisiciones administrativas a los medios de comunicación, para que no informen (está harto de las “cantaletas” contra su militarismo-policiaco, le refregó a la prensa de manera altanera), y arrogante, no recibió a los relatores de la ONU y la OEA, pues sabe que su informe final es suficiente para recibir una muy dura reprobación por su mal gobierno que ha permitido, por omisiones o con intención, que los periodistas sean, con cientos de miles de mexicanos más, víctimas de ataques gubernamentales y de las delincuencias. En particular, contra los reporteros: oídos, ojos y lengua de la prensa que han de investigar para informar a la opinión pública de la nación y el resto del mundo de todo lo que acontece en el país.
La carta abierta a Catalina Botero y Frank La Rue, suscrita por el Frente Nacional de Periodistas por la Libertad de Expresión, es una atenta misiva para confirmar que, “en los tres años siete meses del gobierno del presidente Felipe Calderón, la prensa enfrenta uno de los periodos más críticos: se multiplicaron en forma alarmante las agresiones violentas contra periodistas en el contexto de su guerra contra el narcotráfico”.
