Tranquilo, señor Calderón; calme a su vocero Poiré. No somos los periodistas los que negociamos con el crimen organizado ni tampoco los que hacemos pactos o treguas con narcotraficantes. Nuestra misión es investigar e informar la complicidad que hay entre las mafias de la droga y los políticos y servidores públicos que ha permitido crecer ese cáncer que ahora mata a los mexicanos.
Le recuerdo que son ustedes, los que están en el gobierno federal, los únicos que hacen treguas con asesinos y sicarios; pactan con traficantes y productores de drogas, y negocian con lavadólares y financieros protectores del crimen organizado.
¿Acaso desconoce las negociaciones que hace la Procuraduría General de la República (PGR) con delincuentes bajo el programa de “testigos protegidos”, el cual, por cierto, no ha servido para nada, porque varios de esos testigos han terminado asesinados, de tal manera que no estaban tan protegidos, y la información que proporcionaron tampoco ha servido para desarticular o exterminar banda alguna?
Es a través de esta figura legal, señor Calderón, impuesta por Estados Unidos, que el gobierno mexicano que usted dirige otorga impunidad a narcotraficantes, los libera de todos los delitos cometidos, les cambia la identidad, les proporciona vivienda (en el país o en el extranjero, según la relevancia del delator) y les paga mensualmente con dinero público a cambio de que traicionen a las bandas que pertenecen y que, supuestamente, dicha información “confidencial” sirve para desarticular organizaciones criminales.
Es así, señor Calderón, como el gobierno federal panista al que pertenece es el único responsable de negociar, pactar y hacer treguas con personas vinculadas al crimen organizado, y no como pretende acusar a los periodistas que elaboran El Diario de Juárez, a quienes además de ser víctimas, con dos reporteros asesinados y otro herido, el gobierno calderonista pretende “regañarlos” sin tener autoridad moral alguna para ello.
Testigos protegidos
Fue en la administración de Vicente Fox que se empezó a usar indiscriminadamente esta figura legal de “testigos protegidos”, mediante la cual la PGR otorga el perdón de los delitos a cambio de una supuesta colaboración para combatir a la delincuencia organizada.
Pero además de ese beneficio otorgado a mafiosos para no pisar la cárcel, el gobierno federal les concede nuevas identidades a ellos y a sus familias y, por si eso fuera poco, les otorga un pago mensual como si se tratara de un salario fijo para que los narcotraficantes no se vuelvan a preocupar de la crisis económica que vivimos todos los mexicanos.
De acuerdo con documentos oficiales de la PGR, después de aprobada la ley que permite la protección de delincuentes, en 1997 la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (ahora SIEDO) otorgó de inmediato beneficios legales a 19 mafiosos, quienes ese mismo año costaron al país 1 millón 8 mil 114 pesos; para 1998, el mismo número de “testigos protegidos” costó al erario 1 millón 168 mil 230 pesos; para 1999, la cifra de esos testigos se elevó a 30 y su gasto se mantuvo en 1 millón 146 millones 955 mil pesos, y para 2000, cuando Vicente Fox asume el poder, el número de delincuentes protegidos se redujo a 27, pero el gasto se incrementó sin explicación alguna hasta 2 millones 397 mil 621 pesos.
En el primer año de la administración foxista, 2001, los “testigos protegidos” se elevaron a 35 y, misteriosamente, el gasto se elevó considerablemente en casi un 200 por ciento, al pasar a 5 millones 823 mil 927 pesos.
En el segundo año del gobierno de Vicente Fox, 2002, las cifras de la PGR revelan que el número de “testigos protegidos” aumentó a 41 y, peor aún, el gasto para mantenerlos con fondos públicos se incrementó otra vez en más de un ciento por ciento, al pasar a 13 millones 370 mil 525 pesos.
Para el tercer año, 2003, el número de los “testigos protegidos” se redujo a 39, pero el gasto, que asegura la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada se erogó en ellos, se mantuvo en 13.3 millones de pesos.
Pero en esta información clasificada como confidencial y de seguridad nacional, la cifra que se pudo obtener para 2004 es que el número de “testigos protegidos” se elevó a 83, pero el gasto oficial para su manutención no fue proporcionado, lo que, de acuerdo con la tendencia, debe ascender a unos 30 mil pesos mensuales para cada uno de esos delincuentes que fueron beneficiados por traicionar y delatar a sus cómplices y que ahora viven en el anonimato y con la comodidad que les da ser protegidos por el gobierno de Felipe Calderón.
Un trabajo periodístico de Nancy Flores, publicado en Contralínea, da cuenta de que el 80 por ciento de las investigaciones relacionadas en contra del crimen organizado se sustentan en las declaraciones de 83 delincuentes protegidos por la PGR, que anualmente le costarían aproximadamente al erario cerca de 30 millones de pesos, etiquetados bajo la partida 3823 del Presupuesto Federal.
En su investigación, la reportera encontró que, a pesar de que en la actual administración el discurso oficial enarbola la transparencia, el presupuesto destinado para este fin se opera discrecionalmente y sin rendir cuentas a nadie, pues la PGR lo cataloga como un gasto de “seguridad nacional”.
