La política del “turismo cultural”, impulsada por el gobierno de Felipe Calderón, ha sido devastadora para el patrimonio arqueológico y natural. Bajo el argumento del “desarrollo y el empleo”, las autoridades permiten que trasnacionales se hagan de grandes superficies de tierra comunal o privada, en la península de Yucatán, con legados naturales, históricos y arqueológicos. El destino final de las zonas: convertirse en proyectos del turismo premium

Elva Mendoza/Quinta y última parte

Tan sólo en Yucatán, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tiene registro de 2 mil zonas arqueológicas, entre ellas Chichén Itzá, una de las 16 áreas abiertas al público en la entidad. Edificada en medio de la selva, la ciudad sagrada de la civilización maya sobrevive al paso del tiempo. La acción del hombre y la omisión de las autoridades encargadas de su resguardo y conservación la colocan, al igual que los 2 mil sitios arqueológicos registrados por el INAH en Yucatán, como uno de los casos más graves de devastación arqueológica en el país. Declarada Zona de Monumentos Arqueológicos en 1986, mediante decreto presidencial, Chichén Itzá es el único sitio que cuenta con dicho estatus, el resto está a merced de los especuladores, en absoluto desamparo. De acuerdo con Iván Franco, investigador del Centro INAH Yucatán, el llamado “turismo cultural y arqueológico” –que impulsa el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa en el Programa Nacional de Cultura 2007-2012, el Programa Mundo Maya, y la actual gobernadora Ivonne Ortega– es uno de los sectores más rentables en la economía global actual. El experto plantea que las empresas multinacionales y trasnacionales que invierten en la península están orientadas a la adquisición, compra y despojo de grandes superficies de tierras privadas, comunales, ejidales, con legados naturales, culturales, históricos y arqueológicos, cuyo destino es el desarrollo de proyectos dirigidos al turismo de elite, por sus altos costos. Tal como sucede con Flamingo Lakes Resort, Golf y Country Club Resort, ubicado en Costa Flamingo de Yucatán, a media hora de Mérida, el desarrollo residencial de 900 hectáreas ofrece entre sus atractivos un “área de Conservación” de 340 hectáreas con plantas exóticas, antiguas ruinas y un cenote, campo de golf, academia de tenis, centro ecuestre, gimnasio, spa, alberca y costa: “Una excelente oportunidad en el México de verdad y al bajo costo de vida de la región”, reza la publicidad. También Yucatán Country Club es un desarrollo inmobiliario de 330 hectáreas con campo de golf, que “incorpora a su trazo milenarios vestigios arqueológicos y misteriosos cenotes sagrados de la cultura maya”, según consta en su portal de internet. Franco refiere que un ejemplo de la venta y privatización de recursos naturales y arqueológicos propiedad de la nación en Quintana Roo es el desarrollo del grupo de inversionistas Maya Zama, SA de CV, que construyen un proyecto inmobiliario y de esparcimiento cercano a la zona arqueológica de Tulum. El corporativo inmobiliario conformado por grupo Dicas, de Emilio Díaz Castellanos, y Grupo Plan, del que Roberto Hernández (miembro de los consejos de administración de Citigroup, Televisa y Maseca) es accionista, ofrece entre sus atractivos Tulum y la riqueza natural de la región. Para Franco, la prioridad para el gobierno de Yucatán y el gobierno federal es la incursión de capitales estadunidenses y europeos en el desarrollo del “ecoturismo”, “turismo cultural” o “arqueoturismo”, en los municipios con monumentos arqueológicos como Chichén Itzá, Uxmal y la Ruta Pucc. En junio pasado, en conferencia de prensa, Felipe Calderón anunció el lanzamiento de la iniciativa turística Programa Mundo Maya, cuyo objetivo es “promover los centros turísticos cercanos a zonas arqueológicas” para convertir a México en uno de los cinco destinos turísticos del mundo. El programa incluye Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, herederos del legado de la civilización maya. “Vamos a dejar el terreno listo para ser una de las 10 potencias turísticas del país”, dijo la gobernadora Ivonne Ortega, el pasado primero de agosto, en el marco de su cuarto informe de gobierno, y destacó que las acciones para consolidarlo son los conciertos a nivel internacional que se han realizado en Chichén Itzá, además de la conclusión en 2012 del Museo Maya de Mérida y el Palacio de la Civilización Maya, proyectos que han sido cuestionados por expertos.

La península

Iván Franco indica que a partir de la década de 1980 existe una tendencia de compra de grandes extensiones de tierras y sitios en la península. Refiere que en el centro de Mérida, Yucatán, millonarios y jubilados estadunidenses han comprado alrededor de 300 casonas en el Centro Histórico, y el banquero Roberto Hernández ha adquirido 20 exhaciendas henequeneras que hoy son atractivos turísticos, además de que en la localidad de Xul, situada en el municipio de Oxkutzcab, Yucatán, una comunidad de 22 familias ítalo-mexicanas de chefs compraron 819 hectáreas con vestigios arqueológicos. Para Franco, el interés de los capitales extranjeros en la Riviera Maya se finca, además del turismo, en la riqueza que genera el impacto en la zona del meteorito en Chicxulub Puerto, que hace 66 millones de años probablemente extinguió a los dinosaurios y trajo al territorio iridio, metano (elementos altamente comercializables), diamantes, rodio y petróleo. “Están desplazando gente, no es un desplazamiento forzado, sino invisible pero igual de sanguinario, mata lo poco que queda de la cultura maya. Es la concesión que está haciendo el Estado mexicano a las grandes trasnacionales; les da la tierra y se está llevando entre las patas tanto al patrimonio cultural como al natural”, reflexiona Franco.

Conciertos en Chichén

Chichén se extiende en un radio de 25 kilómetros cuadrados sobre la vasta selva de la península de Yucatán. El Cenote Sagrado, también conocido como Cenote de los Sacrificios o Chenkú, y las ceremonias religiosas que se realizaban en sus templos de piedra, la convirtieron en un sitio de peregrinación y ciudad cosmopolita. Descrita en los libros del Chilam Balam, la urbe formó parte central de la cultura maya que se desarrolló, al menos, en Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán, Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador. Pese a su valor, la ciudad sagrada se emplea como foro desde 1997 a pesar de que la Ley Federal de Monumentos de Zonas Arqueológicos e Históricos y la Ley General de Bienes Nacionales no lo permiten, y sin que las ganancias sean retribuidas a la zona para su conservación, o a las poblaciones colindantes para su desarrollo. En el sitio se han presentado Luciano Pavaroti, Plácido Domingo, Sarah Brightman y Elton John. El promotor de los conciertos es el Patronato de la Unidad de Servicios Culturales y Turísticos del gobierno de Yucatán (Cultur), en el que confluyen autoridades locales y empresarios del ramo turístico, órgano que, además, en 2010 compró 83 hectáreas en Chichén Itzá –de las cuales 45 corresponden a la zona con mayor concentración de vestigios– a Hans Jurgen Thies Barbachano. La transacción alcanzó los 220 millones de pesos, de los cuales 80 millones fueron liquidados, mientras que el resto se pagaría con las ganancias que se obtuvieran por usufructuar la zona. Con la compra, el gobierno estatal ostenta la propiedad de la principal área con monumentos arqueológicos en Chichén Itzá. Sin embargo, a decir del arqueólogo del INAH Francisco Pérez Ruiz, la adquisición no resuelve el conflicto, puesto que todavía hay grandes extensiones arqueológicas propiedad de la familia Barbachano. Alfredo Barrera Rubio, exdirector del Centro INAH Yucatán, señala que existe el Fondo Arqueológico aprobado en 2009 por la Cámara de Diputados por 300 millones de pesos para la compra de tierras con sitios arqueológicos, entre las que se encuentra Chichén. Sin embargo, como lo documentó este semanario (Contralínea 234), los recursos, año con año, son transferidos por las autoridades del INAH al Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural, Antropológico, Arqueológico e Histórico de México para financiar proyectos que considera “prioritarios” y no para la compra de tierras. El arqueólogo Pérez Ruiz no tiene conocimiento de en qué derivaron los recursos, y observa la compra por parte de Cultur como una oportunidad para el adecuado uso del sitio, y para la definición concluyente del uso de suelo. “Pero no sabemos. Al gobierno de Yucatán lo que le interesa es fomentar el turismo, atraer más visitantes, los hoteles, porque eso significa una mayor derrama de recursos, sin reflexionar sobre las consecuencias y los efectos que esto causa en los sitios”. Con alrededor de 1 millón 300 mil visitas anuales, de acuerdo con la Estadística de Visitantes del INAH, Chichén Itzá es la segunda zona con más afluencia del país. Los momentos críticos, dice Franco, son en marzo y en septiembre, durante el solsticio y el equinoccio, dos fenómenos arqueo astronómicos. El turismo masivo en Chichén, añade el arqueólogo de la Zona de Monumentos Francisco Pérez Ruiz, afecta las estructuras prehispánicas, aún más que el impacto de la erosión, y el clima. “Los templos no eran para que estuvieran mil gentes diarias. La piedra se erosiona rápido”. Denuncia que pese al impulso al turismo en la zona, no hay ninguna autoridad que destine recursos para investigación o proyectos de restauración. “No hay proyecto en marcha. Lo lógico sería que Chichén tuviera presupuesto fijo anual para [su] restauración y exploración. Es uno de los sitios que más ingresos deja.” Además de los problemas que representan el turismo masivo y los 1 mil vendedores ambulantes, Alfredo Barrera agrega el de la urbanización que, incontenible, se desarrolla sobre los vestigios de Chichén y las zonas arqueológicas mayas. Dzibilchaltún, de 18 kilómetros cuadrados, es una de los sitios que más padece la conurbación y el crecimiento de la urbanización en Mérida. Los vestigios son perjudicados por el crecimiento de nuevos centros de vivienda y fraccionamientos. A decir de Barrera Rubio, una parte de la solución sería que el gobierno Federal hiciera las declaratorias de zonas arqueológicas. “Se han hecho los expedientes técnicos pero no se ha logrado la declaratoria de la mayoría de los sitios”, explica. Con la declaratoria se impediría, por ejemplo, la instalación de hoteles, la colocación de anuncios y la venta de los terrenos; además, se establecerían límites y se especificarían los impactos que tendría el posible uso de las zonas. “La declaratoria es importante para la protección de los monumentos”. Agrega que la política de Yucatán debería enfocarse a diversificar las actividades productivas en la región y crear fuentes de empleo, para bajar la presión sobre las zonas con valor patrimonial. “No hay inversión para ello y, como consecuencia, desde los empresarios hasta los habitantes ven a la zonas arqueológicas [como] un lugar para obtener ingresos”. Para Iván Franco, el Estado debe crear normas para que el turismo beneficie a la nación, “no a unos cuantos”, y establecer candados a los capitales extranjeros para evitar que se apropien de tierras con arqueología y riqueza natural. Sin embargo, “el Estado alienta, en aras del desarrollo económico, la creación de fuentes de empleo y el ‘turismo sustentable’. “El panorama que se presenta en la zona arqueológica de Chichén es realmente desolador. Es un ejemplo del turismo que no se debe fomentar”, concluye Barrera Rubio.

Fuente: Revista Contralínea 246 / 14 de agosto de 2011