Daniel Noboa, quien ordenó el asalto a la embajada de México el año pasado, acaba de reelegirse de manera fraudulenta en las elecciones del domingo 13 de abril, en Ecuador. Esto al violar la ley flagrantemente, mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) cerró los ojos.

El fraude de Noboa –protegido de Trump– ha sido descarado: decretó el estado de excepción en siete provincias, donde perdió la primera vuelta, lo cual suspendió los derechos civiles de inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito y reunión. Violó la ley en el momento de silencio electoral en las cadenas gubernamentales, al emitir anuncios cuatro veces al día sobre “logros” del gobierno.

Hubo un uso abierto de recursos públicos y de funcionarios gubernamentales en el proselitismo partidista oficialista: repartieron bonos y dádivas con recursos del Estado. Y, además, violó la Constitución al no solicitar licencia para ser candidato.

A última hora, el CNE cambió de lugar 28 recintos electorales, donde Noboa perdió en febrero pasado en la primera vuelta. Y el día de las elecciones se desplegaron 45 mil militares para amedrentar a los ciudadanos.

Es declarado “ganador” con 11 puntos arriba de Luisa González, mientras que existen más de 3 mil actas inconsistentes. Miles de votos para ella desaparecieron sorpresivamente durante el conteo. Y, también, en numerosos recintos electorales, los votos para Noboa se dispararon a niveles estadísticamente imposibles.

Es un escándalo, pero su gobierno está apoyado por Washington y sus cómplices. Noboa, quien nació en Miami, Estados Unidos, autorizó el ingreso de militares de ese país a territorio ecuatoriano; les ha entregado las islas Galápagos, y piensa reabrir la base de Manta a las tropas estadunidenses para beneplácito del Comando Sur.

Ante el fraude, el movimiento Revolución Ciudadana de la candidata Luisa González desconoce los resultados y exige una investigación inmediata e independiente de todo el proceso electoral; no sólo del escrutinio final.

Pero eso sí, como relámpagos, Donald Trump, y la líder opositora ultraderechista venezolana, María Corina Machado –quien considera la victoria de Noboa como el triunfo de “las Américas”– reconocieron los resultados.

Acompañaron este coro de súbditos del imperio el presidente Lula da Silva de Brasil y Gabriel Boric de Chile, en contraste con la actitud que tuvieron ante el triunfo electoral de Nicolás Maduro en Venezuela.

En ese caso, se unieron a la campaña de la derecha mundial. Con ese tenor, exigieron de inmediato revisar “acta por acta” y cuestionaron al CNE venezolano. Mientras que, en la elección ecuatoriana, sin siquiera contar con los resultados finales, se apresuraron a besarle los pies al candidato preferido de Trump.

La Unión Europea desconoció la elección de Maduro. Sin embargo, reconoce el “triunfo” de Noboa, aunque sus observadores internacionales, para lavarse la cara, indicaron que la campaña fue “desigual” e “inequitativa” en favor del mandatario, en detrimento de la candidata izquierdista Luisa González… y tan tan. De manera similar, la Organización de Estados Americanos declara que ganó Noboa, aunque “no fue justa la contienda”.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que esperará los resultados oficiales. Asimismo, aclaró que González no había reconocido la victoria de Noboa.

Además, afirmó que no se restablecerá relaciones con Ecuador, mientras permanezca en la Presidencia la persona que ordenó la invasión a la Embajada mexicana en Quito.

El 13 de abril, la Internacional Antifascista denunció el fraude de origen y las maniobras fascistas, las cuales han marcado las elecciones presidenciales en Ecuador, perpetradas por Daniel Noboa.

“Este fraude electoral no es un simple acto de corrupción, sino la imposición violenta de un régimen neofascista, que ha sido diseñado desde el extranjero con métodos propios de las dictaduras más oscuras del siglo XX. […]  Noboa ha utilizado el aparato estatal para suprimir derechos, silenciar opositores y fabricar una victoria ilegítima, todo mientras despliega una estrategia con el apoyo de mercenarios y grupos de represión privatizada que busca gobernar mediante el miedo, la manipulación institucional y la fuerza bruta”, explica el comunicado. “Este no es un Gobierno legítimo, sino una ocupación encubierta al servicio de élites corruptas y poderes extranjeros”, recalcó.

El pueblo ecuatoriano tiene una larga tradición de lucha por la democracia. Hace 45 años, tras un proceso constituyente que acabó con casi una década de dictadura militar, el presidente Jaime Roldós Aguilera impulsó la democracia y la soberanía, hasta que fue asesinado en 1981 por la CIA, en un “accidente de aviación”.

Los intereses de las élites y el imperialismo no mermaron la capacidad de lucha del pueblo ecuatoriano. Recordemos que las movilizaciones en las últimas décadas han derrocado tres presidentes por someterse a Estados Unidos y al Fondo Monetario Internacional (FMI):  Abdalá Bucaram en 1997; Jamil Mahuad en el 2000; y Lucio Gutiérrez en 2005.

A la cabeza, ha estado el movimiento indígena con su principal organización: la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), fundada en 1986.

Para 1990, encabezó un levantamiento masivo, el cual paralizó el país. Cuestionó el racismo y colonialismo persistentes. También, abrió camino a una década de resistencia contra las políticas neoliberales, en coordinación con diversos sectores sociales, con quienes se funda un espacio político de articulación: el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP).

En 2008, la persistente lucha social logró una nueva Constitución que amplió los derechos y garantías sociales. Declaró al país “plurinacional”; proclamó el “buen vivir” (Sumak Kawsay); y decretó los “derechos de la naturaleza”. Sin embargo, el gobierno de Rafael Correa sólo respetó algunos aspectos del nuevo pacto social.

Amplió las garantías sociales del pueblo, pues incrementó el gasto social en salud y educación; aumentó el salario mínimo y el empleo; desarrolló proyectos de infraestructura; y tuvo una política exterior soberana frente a Estados Unidos; y mantuvo la solidaridad con los procesos de integración latinoamericana.

Sin embargo, debilitó el proceso popular al impulsar políticas extractivistas y reprimir a los pueblos indígenas. Causó división y abrió las puertas a los sectores pro-imperialistas, que lograron acceder al poder tras la elección del candidato correísta Lenín Moreno, quien traicionó el proceso y se vendió a Washington.

Éste, quien contaba con total apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrentó un gran levantamiento popular. El 9 de octubre de 2019, comenzó un paro nacional impulsado por la Conaie, gremios de trabajadores, estudiantes, vecinos y numerosas organizaciones sociales. “¡El pueblo manda!”: era el grito de batalla. Entonces,  Lenín Moreno huyó, al trasladar el gobierno de Quito a Guayaquil.

Ecuador estaba tomado por comunidades originarias, sindicatos, estudiantes, trabajadores de la salud, transportistas y pueblo en general que protestaba contra el “Paquetazo”, impuesto por el FMI. El Plan de austeridad eliminaba subsidios a los combustibles, lo que provocó que gasolina y diesel subieran al doble. Como consecuencia, aumentó el precio del transporte y de los productos.

Además, bajó el salario de los trabajadores temporales del sector público 20 por ciento, obligándolos a regalarle un día al mes al gobierno. Al personal, les reducía las vacaciones a la mitad; entre otras medidas.

Ante la gran movilización popular, el gobierno de Moreno se vio obligado a acceder a derogar el paquete de medidas, lo que puso fin a 12 días de movilizaciones que dejaron siete muertos, más de 1 mil 300 heridos, y 1 mil 52 detenidos.

En junio de 2022, el gobierno neoliberal del banquero Guillermo Lasso también enfrentaría una gran movilización impulsada por la Conaie y otras organizaciones. Demandaban 10 puntos:

1) El congelamiento de los precios de los combustible; 2) el alivio económico para los pequeños deudores del sistema bancario y financiero agobiado por las deudas; 3) precios justos para los productos del campo; 4) políticas de empleo y derechos laborales; 5) moratoria a la frontera extractiva; 6) respeto a los derechos colectivos consagrados en la Constitución; 7) evitar la privatización de los sectores estratégicos y, en especial, de la banca pública de desarrollo; 8) políticas de control de precios para los bienes de primera necesidad; 9) presupuesto para salud y educación y libre ingreso de los jóvenes al sistema universitario; y, 10) políticas públicas efectivas contra la delincuencia, el sicariato y la violencia.

El 14 de junio, el gobierno de Lasso decidió secuestrar al presidente de la Conaie, Leónidas Iza, en una base militar. Esto provocó que creciera la indignación y la movilización se convirtió en un levantamiento en el cual participaron trabajadores, maestras y maestros, académicos, ambientalistas, feministas, etcétera.

En la madrugada del 15 de junio, las nacionalidades indígenas llegaron a la capital, desde distintas provincias; así empezó la toma de Quito. El 17 de junio, el gobierno declaró Estado de excepción en tres provincias ecuatorianas: Pichincha, cuya capital es Quito; Imbabura (norte) y Cotopaxi (sur).

A pesar de la intensa represión que dejó un saldo de al menos seis muertos y alrededor de 500 heridos, el gobierno tuvo que ceder y firmar acuerdos que incluyeron: la reducción del costo de los combustibles y la derogación de un decreto que promovía la actividad petrolera en la Amazonía; y el freno a concesiones mineras en áreas naturales protegidas, zonas intangibles, áreas de recarga hídrica y territorios ancestrales de pueblos indígenas.

El gobierno del banquero Lasso quedó debilitado y terminó su mandato antes de tiempo. El 16 de mayo de 2023, la Asamblea Nacional promovió un juicio político en su contra por malversación de fondos.

Por ello, ante su posible destitución, disolvió la Asamblea al día siguiente, lo que provocó la “muerte cruzada”. Esto condujo a elecciones extraordinarias en las que resultó electo presidente Daniel Noboa, quien sucedió a Lasso, el 23 de noviembre del mismo año.

Daniel Noboa pertenece a una de las familias más ricas de Ecuador. Su padre, Álvaro Noboa, fue seis veces candidato a la presidencia. De igual manera, es propietario de la Exportadora Bananera Noboa. Misma que, según el director del Servicio de Rentas Internas, Francisco Briones, tiene una deuda tributaria de 88 millones de dólares estadunidenses. También, ha sido acusada de explotación laboral.

Igualmente, la familia tiene acciones en otros rubros. Isabel Noboa, tía del actual presidente, lidera el Consorcio Nobis, la cual compró acciones de la minera canadiense Adventus Mining Corporation en 2019. Esta última empresa tiene a su cargo más de 12 proyectos mineros en cinco provincias de Ecuador.

Daniel Noboa ha abierto las puertas a la minería afectando a los territorios indígenas y favoreciendo a las trasnacionales canadienses y a su propia familia.

El 2 de julio de 2024, miles de indígenas marcharon en Quito. Esto, con el objetivo de rechazar la adjudicación de áreas mineras y petroleras en sus territorios. Exigieron el respeto a su derecho constitucional a la consulta previa, libre e informada.

Posteriormente en Quito, indígenas waorani reclamaron la suspensión de la extracción de petróleo en la Amazonia establecida en consulta popular, el 20 de agosto de 2024.

“Todo el Ecuador dijo: ya no más al extractivismo en este bloque 43”, indicó Zenaida Yasacama, vicepresidenta de la Conaie. Ante la presión popular, Noboa, anunció el despliegue de acciones por parte del Ejecutivo, con el objetivo de poner fin a la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní.

A pesar la resistencia de los pueblos y diversas organizaciones, en tan sólo un año y medio de gobierno, el retroceso generado por Noboa es enorme: aumentó el desempleo, la tasa de trabajo informal en este año es del 56 por ciento, la más alta en 17 años; se incrementó el precio del combustible; en 2024, se vivió una crisis energética durante cuatro meses, la cual provocó apagones de hasta 14 horas; y lo más padecido por la población es la explosión de la violencia criminal y de Estado.

El Colectivo de Geografía Crítica ha presentado un mapa de casos de abusos de fuerzas militares y policiales, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, como es el terrible caso de cuatro niños afroecuatorianos en Las Malvinas, Guayaquil, quienes fueron detenidos y desaparecidos por militares –después de la movilización y exigencia de sus familiares, se encontraron sus restos calcinados en un pantano–.

La mayoría de los abusos son contra personas empobrecidas y población afroecuatoriana. El colectivo denuncia que “en tan sólo un año de gobierno de Noboa ha habido más gente desaparecida que en 20 años de democracia.”

Este 2025 ha sido el año más brutal de la historia de Ecuador. Por primera vez, se sitúa como el país más violento de América Latina, con un asesinato cada hora.

Gran parte de esta situación se vive en la región de la Costa y está asociada al narcotráfico. No es casual ese apabullante aumento de la violencia durante la presidencia de una persona que ha sido señalada por investigaciones periodísticas como copartícipe del trasiego de drogas.

Daniel Noboa es copropietario, junto con su hermano, de la firma Lanfranco Holdings SA. De acuerdo con la investigación de la Agencia Pública de Brasil: “[Es] una empresa offshore con sede en Panamá, un paraíso fiscal, según los datos publicados hasta 2021, por los Pandora Papers. Esta empresa es a la vez la principal accionista de Noboa Trading, una empresa exportadora de banano encontrada traficando cocaína a Europa en contenedores de bananos en tres ocasiones: en 2020, 2022 y 2024, esta última cuando Noboa era ya presidente. En total se han incautado casi 600 kilos de cocaína en contenedores de Noboa Trading” (Wambra Medio Comunitario).

Diversas organizaciones sociales, académicos y activistas han manifestado su preocupación por la permanencia de una persona que maneja al país como dueño de hacienda, e incluso ha prometido a las élites reducir el salario mínimo, “para darles un respiro”,

Noboa pertenece a una familia que  ha detentado el poder económico durante décadas. Actualmente, adquiere más poder político, que se suma a la ultraderecha internacional antiderechos, fascista y neocolonial.

A los pocos días de su elección fraudulenta, Noboa comenzó una persecución política hacia un centenar de personas: desde miembros de la Revolución Ciudadana hasta periodistas. De igual manera, se ha emprendido un rabioso ataque a Leónidas Iza, presidente de la Conaie.

Ante dicho panorama la organización indígena ha declarado que “…desde la Conaie reafirmamos los principios históricos de lucha del Movimiento Indígena y nuestro Proyecto Político como herramienta fundamental para enfrentar, con firmeza y dignidad, esta ola de derechización que atraviesa la sociedad, y para resistir todo intento de regresión de derechos colectivos, profundización del extractivismo en territorios indígenas y campesinos, privatización de lo público, concesión de los recursos estratégicos del Estado y afectación a la soberanía nacional. […] Llamamos a los pueblos, nacionalidades y sectores populares a mantenerse en alerta, fortalecer los espacios organizativos y priorizar la unidad en la defensa de nuestros derechos y territorios. ¡Nos pueden quitar todo, menos la posibilidad de indignarnos ante la realidad y luchar con todas nuestras fuerzas por nuestros derechos!” (Consejo de Gobierno de la Conaie).

Es claro que en Ecuador hay un pueblo empeñado en defender sus derechos “gobierne quien gobierne” Su movimiento debe llevar a un nuevo sistema político, en el cual las personas manden y el gobierno esté controlado por la sociedad; no por la oligarquía y las potencias extranjeras.

Grande es la tradición de lucha. Y, ante los retos actuales, en un Ecuador en vilo debido a las políticas neoliberales y el sometimiento a Washington, la gente combatirá hasta la victoria por el derecho a decidir y a dirigir al país de acuerdo a los intereses comunes, de cara a un futuro de soberanía, justicia y paz. Cuentan con la confianza, solidaridad y apoyo de las y los mexicanos.

Pablo Moctezuma Barragán*

*Doctor en estudios urbanos, politólogo, historiador y militante social

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