Después de nueve meses, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó que el exgobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, y el entonces director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Juan Molinar Horcasitas, estuvieron involucrados en la eventual violación de garantías por la tragedia de la Guardería ABC, en Hermosillo, de la mencionada entidad.
Con ellos se involucra a 16 servidores públicos, ocho del IMSS, cuatro del gobierno de Sonora e igual número del municipio citado. En la tragedia, como se recordará, murieron 49 bebés y 75 resultaron heridos, algunos de los cuales no tendrán una vida útil y digna como sus padres deseaban.
En la mayoría de las guarderías del IMSS, se asegura, hay un desorden generalizado. De ellas, 99 por ciento infringe las normas establecidas; únicamente 14 de 1 mil 480 cumplen con los requisitos exigidos; el 49 por ciento no cuenta con las medidas de protección adecuadas, y sólo 407 (el 27.5 por ciento) tienen el visto bueno de los bomberos en caso de accidente.
Lo anterior muestra, nuevamente, el desastre que es otorgar asuntos fundamentales de la nación a los particulares. Dicha práctica, llamada en este caso subrogación y la cual va de 1983 a la fecha, es una situación irregular e incluso ilegal.
Las anteriores conclusiones, dadas a conocer por Rosario Mota y Carlos Rozón, deberán ser evaluadas por el ministro Fernando Franco, aunque éste fue integrante del Consejo Técnico del Seguro Social de 2000 a 2006, ya que era subsecretario del Trabajo y participaba en el Consejo Técnico del Instituto. Por lo tanto, seguramente no podrá atender convenientemente el asunto. Otro que está impedido de participar es el ministro Sergio Valls, quien fue director jurídico (1993-1999) del multimencionado IMSS.
Así pues, hay conflicto de intereses para hacer un trabajo pulcro, independiente, eficiente y expedito. Pero si así fuera, se sabe: el proyecto que dictaminará la Corte no tendrá efectos judiciales. Conoceremos oficialmente quiénes son los responsables de la peor tragedia de niños en el país, aunque continuará la impunidad y la clase política seguirá como el anuncio de un güisqui: tan campante. No sólo en la política, sino en asuntos donde la ciudadanía ha sido agraviada y desdeñada. ¿Saldrán desplegados de los abajofirmantes para exigir que se acabe con la arbitrariedad y la prepotencia y se diga “No a la impunidad”? Lo dudamos.
Los angustiados padres de los infantes caídos en desgracia avalaron el dictamen oficial. Uno de ellos dijo: “El informe es valioso, trae nombres de autoridades donde menciona situaciones y hechos que hemos venido haciendo públicos: negligencias, irregularidades, incumplimientos en medidas de protección civil” (Reforma, 2 de marzo de 2010). La voz popular se escucha tarde, en privado y sin consecuencias.
Bien, pero en ningún caso se mencionan a los familiares de Margarita Zavala ni a los de Eduardo Bours, quienes manejaban la trágicamente famosa estancia ABC, y fueron asimismo responsables directos del terrible suceso. Quizá porque no son burócratas. Aunque no habría que olvidar algo: tanto peca el que mata la vaca como el que le detiene la pata.
Los mexicanos tienen la experiencia de una clase política que jamás recibe condenas, más bien premios, luego de un tiempo para tranquilizar las aguas.
Allí está como ejemplo la embajada del Reino Unido a Eduardo Medina Mora, quien fracasó en la Procuraduría General de la República y ahora encabeza la segunda representación diplomática mejor pagada del país: 113 mil dólares mensuales (“El largo y sinuoso camino de la transparencia”, de José Antonio Gurrea, Cuadernos de El Financiero).
Y el mismísimo Juan Molinar, quien lejos de irse a la banca luego de la quemazón en la Guardería ABC cayó para arriba, pues llegó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En esta importante secretaría, lejos de cumplir sus funciones, va a España intentando conseguir inversiones y lo único que se le ocurre es satanizar y satirizar a Brasil, porque a su entender lo trascendente en el gigante suramericano son la zamba y la delincuencia organizada.
Molinar Horcasitas, por cierto, dijo que la comisión de magistrados malinterpretó la ley y que no renunciará a su encargo burocrático, algo que muestra claramente la nula importancia que le concede al Poder Judicial.
Eduardo Bours –quien ahora se dedica de tiempo completo a su empresa Bachoco, la cual ha sido acusada reiteradamente de que en sus camiones llevan, aparte de blanquillos, otra sustancia que algunos confunden con talco, pero de efectos impulsadores sin límite– afirmó que hizo muy bien su trabajo y duerme tranquilo.
Gonzalo N Santos, el viejo y extinto cacique de San Luis Potosí, decía que la moral era un árbol que daba moras o servía para una chingada. Luego de 80 años, el cínico aforismo pareciera el dogma de la clase política (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).
Frente a ese terrible panorama, los grillos se quejan: no hay participación ciudadana, el pueblo ya no le cree a nadie, la inconformidad y la rebeldía aumentan, algo que hizo ver Carlos Montemayor, hoy tan recordado pero no escuchado ni mucho menos leído a plenitud.
