Salomé Almaraz Reyes*

Antes de terminar su sexenio al frente de la Presidencia de la República, Felipe Calderón Hinojosa comenzó lo que hasta hoy día conforman las llamadas “grandes reformas estructurales”, las cuales, en el trasfondo, no son más que la consolidación de medidas tecnocráticas que van en detrimento de los derechos sociales resguardados tanto en instrumentos internacionales como en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La reforma laboral, aprobada a la salida de Calderón, fue sólo el principio del detrimento en la garantía y protección de los derechos laborales de los y las trabajadoras en nuestro país. Estos cambios se han profundizado con la administración de Enrique Peña Nieto, quien desde su toma de protesta ha impulsado una serie de cambios que solamente tienen un efecto: reducir prestaciones y elevar impuestos. Recordemos que la reforma hacendaria, en su principio más profundo, buscaba el aumento al impuesto al valor agregado en medicina y alimentos, afectando el ingreso de las y los trabajadores y significando un duro golpe a los sectores en situación de pobreza y pobreza extrema, medida que se justificaba necesaria para el gobierno federal, mucho más teniendo en cuenta que con la reforma energética se perderían ingresos por la renta petrolera.

En sí misma, toda la política fiscal y legislativa propuesta y realizada sólo busca como meta el financiamiento de capitales externos y reducir el bienestar y la garantía de derechos. ¿Cómo se pretende lograr esto? “Actualizando” el cuadro de beneficios que debe brindar un Estado, es decir, reducirlo para disfrazar el abandono que el Estado mexicano tiene en materia de obligaciones hacia los derechos sociales.

Amparándose en la Recomendación sobre los Pisos de Protección Social 2012 (R202) establecida por la Organización Internacional del Trabajo, el actual gobierno federal busca efectuar una reforma que en su discurso asevera el supuesto contrapeso social con la propuesta de la ejecución de la seguridad social universal; propuesta que en realidad limitaba estos derechos, ya que lo que se discute hoy día en las cámaras del Legislativo distan mucho de la universalidad de la seguridad social. Las reformas contemplan solamente dos de estos derechos: seguro de desempleo y pensión universal.

Empero, por la manera en que funciona, el seguro de desempleo sólo será accesible para aquellas personas que coticen en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las cuales deberán conformar una subcuenta con el 1.5 por ciento que aportará la Federación y 3 puntos porcentuales del 5 por ciento del salario que aporta el patrón al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Además, la o el trabajador sólo podrá generar el fondo mixto para el seguro de desempleo una vez que haya cotizado 3 años (mientras que los trabajadores temporales deben tener 6 meses ininterrumpidos en un periodo de 12 meses), y únicamente se podrá disponer de él si demuestran 45 días de desempleo para, finalmente, sólo contar de 3 a 6 mensualidades, las que una vez agotadas ya no le permitirán acceder a este seguro.

La actual reforma no tiene la intención de generar programas o recursos que permitan la garantía de estos derechos. Con la propuesta de que sea financiada con la partida del Infonavit, el Estado mexicano está delegando la responsabilidad de generar y asignar recursos a los propios trabajadores, lo cual a su vez pone en riesgo su fondo de vivienda.

En materia del derecho a la vivienda, esto representa un golpe más al ya lastimado sistema de vivienda social con lo cual el Estado mexicano incumple obligaciones de garantizar y respetar, pues lleva a cabo medidas que restringe a las y los trabajadores su capacidad de acceso al derecho a una vivienda digna.

En un país que restringe el derecho a la salud con la limitante que significa la atención dentro del Seguro Popular con sus 284 intervenciones; que niega derechos laborales gracias a la desregulación laboral con los nuevos tipos de contratación como el outsourcing (subcontratación) y se presenta como salarialmente barato, se aúna este “piso básico” para la protección social, el cual limita el goce de derechos sociales y delega la responsabilidad de su garantía y goce en los trabajadores, quienes deberán solventar ellos mismos estos seguros. Esta medida sólo se une a una serie de reformas que han provocado el descalabro en la garantía de los derechos a la salud y a la vivienda y a los derechos laborales.

*Coordinadora del Área de Investigación del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC

Contralínea 382 / 20 de Abril al 26 de Abril