La Tribu Sioux y las demás comunidades indígenas que las apoyan ganaron una batalla; pero lejos están de ganar la guerra. El gobierno estadunidense y las trasnacionales se aprestan a despojar a los pueblos originarios
Tharanga Yakupitiyage/Inter Press Service
Nueva York, Nueva York, Estados Unidos. La decisión del ejército de Estados Unidos de suspender la construcción del oleoducto de Dakota Access, el 4 de diciembre pasado, no eliminó las dudas sobre el futuro de esa polémica obra ni sobre lo que esto representa para otros megaproyectos de infraestructura que afectan a las comunidades indígenas de América del Norte.
Tras meses de manifestaciones y varias protestas de la Tribu Sioux de la reserva de Standing Rock y de sus aliados de distintas partes del mundo, el ejército anunció que no iba a permitir que el oleoducto de más de 1 mil 886 kilómetros cruzara el lago Oahe, en el estado de Dakota del Norte.
El anuncio fue recibido con algarabía y lágrimas por quienes acamparon a lo largo de los ríos Cannonball y Missouri, en el marco del movimiento “#NoDAPL” (en referencia al Dakota Access Pipeline).
“Todo el mundo estaba muy emocionado y muy contento en el campamento”, relata Cannupa Hanska Luger, un artista de la reserva muy involucrado en el movimiento, en diálogo con Inter Press Service (IPS).
Una de las preocupaciones por el oleoducto es el riesgo de que contamine el río Missouri, la principal fuente de agua de la Tribu Sioux.
Pero la alegría por la decisión del ejército no duró mucho, apunta Luger.
“Principalmente, esto se trata de que las poblaciones nativas no están muy cómodas ni muy seguras con los decretos del gobierno. Todos nuestros tratados se han roto; en el momento, nos entusiasmos, pero luego nos aprontamos para cualquier futuro resultado o declaración”, explica a IPS.
Uno de esos acuerdos es el tratado del fuerte Laramie, de 1851, que definió el territorio sioux, donde ahora se construye el oleoducto. Aunque posteriormente les fue retirado por el tratado de 1868, el territorio sigue en disputa, pues algunos sostienen que nunca lo cedieron.
A pesar de las disputas territoriales y de la última decisión de suspender, la petrolera Energy Transfer Partners, encargada del proyecto de 3 mil 800 millones de dólares y de la que Dakota Access es subsidiaria, prometió continuar con el oleoducto.
“Estamos totalmente decididos a asegurarnos de que este proyecto vital se complete, y esperamos concluir la construcción del oleoducto sin ningún rediseño de ruta en ni alrededor del lago Oahe. Nada de lo que hizo este gobierno hoy cambia eso de ninguna manera”, reza la declaración de la compañía.
Además, muchas personas temen que el presidente electo, Donald Trump, revierta la decisión, pues prometió redirigir los miles de millones de dólares vertidos a programas climáticos de la Organización de las Naciones Unidas al fortalecimiento de la industria del gas, el petróleo y el carbón.
La integración de su gabinete también sugiere el fortalecimiento de esas industrias, como la designación del director ejecutivo de ExxonMobil, Rex Tillerson, como secretario de Estado (canciller), del fiscal general de Oklahoma, Scott Pruitt, quien combatió las políticas climáticas del presidente Barack Obama, como director de la Agencia de Protección Ambiental y de Rick Perry como secretario de Energía, quien siendo gobernador de Texas amplió el desarrollo del gas y el petróleo.
“Esta lucha no se acabó, ni cerca. De hecho, está escalando”, coincidieron varias organizaciones, como Sacred Stone, que montó uno de los campamentos de resistencia al oleoducto de Dakota Access, las que también señalaron la incertidumbre que existe en torno al próximo gobierno.
La lucha no se acabó, y no solo para ese proyecto, que sólo es uno de los muchos del sector extractivo que ponen en riesgo el acceso al agua potable de las comunidades indígenas del Continente Americano.
Un ejemplo es la mina de uranio en la nación navajo, en el sudoeste de Estados Unidos.
Durante la Guerra Fría, el gobierno estadunidense extrajo uranio de la reserva navajo, donde reside la mayor población indígena del país. Según la EPA, más de 30 millones de toneladas de mineral de uranio se extrajeron de tierras navajas o de sus alrededores.
“Si no son problemas hermanos, son primos”, comenta el director ejecutivo de la organización DigDeep, George McGraw, a propósito del caso Dakota Access y la mina de uranio.
“Los sioux, al igual que los navajos, han luchado por mantener el acceso al agua para la mayoría de su población, en general, y llegar y amenazar de esa forma tan significativa sus recursos, como el río, es un crimen más que grosero”, opina.
Las décadas de extracción de uranio contribuyeron a una crisis hídrica que dejó a aproximadamente 40 por ciento de los hogares navajos sin agua corriente.
La contaminación del agua se agravó sólo porque no se limpiaron las minas, apunta McGraw. Hay más de 500 minas abandonadas con distintos grados de radiactividad que llegan a 25 veces el valor considerado seguro.
La exposición a esa radiactividad derivó en un alarmante y elevado número de casos de cáncer en una población que la comunidad médica había considerado que tenía “inmunidad contra el cáncer”.
Por tratados y por ley, Estados Unidos es responsable de proteger la salud de la nación navajo. Pero McGraw señaló las obligaciones incumplidas en ese caso, al igual que con los sioux.
El último acuerdo entre la nación navajo y el gobierno estadunidense para limpiar 16 minas de uranio abandonadas, no logró mejorar la disponibilidad hídrica, pues las minas de carbón existentes en la reserva también suponen un riesgo para las fuentes de agua potable.
McGraw también señala que los proyectos extractivos a menudo ocurren en tierras indígenas.
“El mundo indígena es invisible para el resto del mundo”, coincide Rudolph Ryser, del Centro de Estudios Indígenas del Mundo. “Eso facilita que desarrolladores, corporaciones y gobiernos presionen para realizar proyectos de desarrollo para su beneficio a expensas de las naciones indígenas, y pasa desde hace tiempo”, añade.
Ryser menciona la expansión del oleoducto Trans Mountain en Canadá, aprobado hace poco por el primer ministro Justin Trudeau. La iniciativa creará cañerías gemelas que aumentarán la capacidad de transporte de 300 mil a 890 mil barriles al día.
Algunas de las primeras naciones se opusieron fuertemente al proyecto, esgrimiendo la posibilidad de derrames. La petrolera Kinder Morgan sólo consiguió apoyo de una tercera parte de los 120 pueblos indígenas consultados.
Además, la provincia canadiense de Alberta también aprobó otros tres proyectos en las arenas bituminosas, entre los que está Saleski, de la empresa Husky Energy, la misma responsable del derrame de otro oleoducto en el río Saskatchewan, en julio.
Unos 250 mil litros se filtraron e impactaron en numerosas ciudades, así como en el territorio de la nación cree James Smith. Cinco muestras de agua revelaron concentraciones de toxinas perjudiciales para el consumo humano.
El movimiento contra el oleoducto de Dakota Access fue importante porque reunió a muchas tribus, pero Ryser señala que mientras sigan existiendo proyectos extrativos, la “lucha no está terminada”.
“La solidaridad creada entre las comunidades indígenas en Standing Rock sienta un precedente de que fuimos y decidimos que teníamos que ayudarnos los unos a los otros”, coincide Luger.
“Y como la mayor parte de la extracción de recursos ocurre en o cerca de la frontera con tierras indígenas, también sabemos que nos preparamos para trabajar hacia el futuro y para ayudarnos entre nosotros a escala nacional y también internacional”, destaca.
Tharanga Yakupitiyage/Inter Press Service
[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: ARTÍCULO]
Contralínea 522 / del 15 al 21 de Enero 2017
