Función Pública abrió expediente de hijo de Bartlett desde el 1 de mayo

Función Pública abrió expediente de hijo de Bartlett desde el 1 de mayo

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que investiga la adquisición del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de ventiladores con presunto sobreprecio a favor de la empresa Cyber Robotics Solutions,  propiedad de León Manuel Bartlett, hijo del titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett.

A través de un comunicado, su titular Irma Eréndira Sandoval Ballesteros –quien padece Covid-19– indicó que desde el 1 de mayo el Órgano Interno de Control en el IMSS inició la investigación “en torno a la adquisición de ventiladores por parte de la Delegación de esa institución en el estado de Hidalgo”.

La dependencia agregó que durante el fin de semana “se realizaron ya los primeros requerimientos de información al IMSS, e incluso, la propia secretaria Sandoval Ballesteros giró un oficio al director general del Instituto [Zoé Robledo Aburto] para contar con mayores elementos para resolver este caso con celeridad”.

Afirmó que en caso de encontrar responsabilidades, no sólo se va a castigar a los funcionarios, “sino a los actores que especulan contra el Estado y el interés público, por lo que, de ser necesario, se dará vista penal, para lo que se espera la colaboración de las fiscalías General de la República y Especializada en Combate a la Corrupción”.

Sandoval Ballesteros agradeció “las aportaciones de los medios de comunicación y de la sociedad en general que quiera participar, pues resultan importantes para el desarrollo de la investigación. Ante el esfuerzo que está realizando el gobierno de México para hacer más eficaz el gasto público, resulta necesario poner énfasis en que las compras para atender la situación de emergencia sanitaria generada por la Covid-19 sean transparentes y se lleven a cabo en las mejores condiciones posibles para el Estado”.

El comunicado precisó que durante la actual contingencia por el coronavirus SARS-CoV-2, para la Función Pública “es una prioridad que las actuaciones de las dependencias y entidades, además de legales, sean morales y no se alejen de la ética pública de la cuarta transformación. Asimismo, que el desempeño se ajuste a los criterios de razonabilidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y austeridad republicana”.

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