La política de soberanía energética impulsada durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador tuvo uno de sus principales ejes en la gestión de la Secretaría de Energía (Sener) –a cargo de la ahora gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García–, desde donde se diseñó una estrategia orientada a fortalecer la capacidad del Estado en la producción y distribución de electricidad y combustibles.
De acuerdo con información oficial, en ese periodo se destinaron más de 20 mil millones de dólares para ampliar y modernizar la infraestructura energética nacional, con el objetivo de incrementar la capacidad de generación eléctrica, fortalecer las redes de transmisión y distribución, así como reducir la dependencia de importaciones de combustibles y energía.
La estrategia se enmarcó en el concepto de soberanía energética, entendido como la capacidad de un país para garantizar el suministro de energía mediante infraestructura propia, empresas públicas sólidas y una menor dependencia de mercados externos, especialmente en sectores considerados estratégicos para el desarrollo económico y la seguridad nacional.
Entre los proyectos más relevantes destaca la construcción de 13 nuevas centrales de ciclo combinado, que en conjunto aportan cerca de 18 mil megawatts de capacidad de generación base al Sistema Eléctrico Nacional.
A ello se suma el desarrollo del Parque Solar Puerto Peñasco, en Sonora, considerado uno de los complejos fotovoltaicos más importantes de América Latina, así como la construcción de más de 3 mil 500 kilómetros de líneas de transmisión, la edificación y rehabilitación de 190 subestaciones eléctricas, la modernización de 20 centrales hidroeléctricas y la renovación por dos décadas de las licencias de operación de la Central Nuclear Laguna Verde.
En el sector de hidrocarburos, la política energética contempló la construcción de la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco; la rehabilitación integral del Sistema Nacional de Refinación, integrado por seis refinerías; la adquisición del 100 por ciento de la refinería Deer Park, en Texas, y la compra de 13 plantas de generación eléctrica de Iberdrola, operación con la que la CFE incrementó su participación en el mercado eléctrico nacional.
Estas acciones buscaron revertir la disminución de la capacidad instalada registrada durante años anteriores y fortalecer el papel de las empresas públicas como actores estratégicos en el sector energético mexicano.
La meta de largo plazo, de acuerdo con la planeación gubernamental, consiste en garantizar un suministro eléctrico estable para más de 130 millones de habitantes, mediante un sistema con mayor capacidad de generación, transmisión y distribución.
Con este conjunto de inversiones, la administración federal buscó fortalecer la seguridad energética del país y recuperar la capacidad del Estado para conducir un sector considerado estratégico para el desarrollo nacional.
