Ante la difusión de campañas desinformativas y contenidos sacados de contexto en plataformas digitales y también en medios de comunicación, la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde, sostuvo que la legislación mexicana ya establece la obligación de que los medios cuenten con códigos de ética y mecanismos internos de autorregulación que permitan garantizar el derecho de las audiencias a recibir información.

Por ello, hizo un llamado a fortalecer el cumplimiento de estos mecanismos y a recuperar la figura del defensor de las audiencias, conocida como ombudsman, encargada de recibir y atender las quejas del público sobre el tratamiento de los contenidos difundidos por los medios, ya que esta herramienta podría contribuir a atender casos en los que se difunde información sin un contraste de fuentes, se presentan contenidos fuera de contexto o, incluso, se publica publicidad como si fuera información periodística, prácticas que, sostuvo la funcionaria, afectan el derecho de las audiencias a recibir información veraz y oportuna.

“Hoy ya se establece una normatividad que debe ser ajustada en el reglamento y acatada por los diferentes medios de comunicación en aras del derecho a la información. Porque todas y todos en este país, y en cualquier país del mundo, tenemos derecho a información veraz, y ningún medio de comunicación tiene el derecho de tratar de mentir a las audiencias o intentar mentirles a las audiencias”, sostuvo.

Las palabras de Alcalde se dieron luego de que Contralínea le consultara sobre la posibilidad de que el gobierno mexicano pueda impulsar estrategias adicionales para combatir la desinformación y la difusión masiva de contenidos falsos en plataformas digitales, así como el uso de herramientas de inteligencia artificial para manipular imágenes y descontextualizar información, con el objetivo de deslegitimar a gobiernos progresistas o que emanan de la clase trabajadora. Y es que como se recordará, en el contexto internacional, la derecha y la ultraderecha han ganado nuevos espacios de poder en países como Colombia, Perú, Chile y Argentina, debido, en gran parte, a una campaña desinformativa que emana de las redes sociales.

En respuesta, la consejera jurídica consideró que debe abrirse un debate sobre la responsabilidad de quienes difunden información, sin que ello implique limitar la libertad de expresión. “Hay que dar un debate permanente que habría que ver justamente también para que esto no se acerque, porque no hay ninguna intención de limitar la libertad de expresión”.

En ese sentido, Luisa María Alcalde planteó la posibilidad de analizar nuevos mecanismos de colaboración o eventuales regulaciones que fortalezcan la verificación de los contenidos y la transparencia sobre el uso de inteligencia artificial en materiales difundidos al público. Como ejemplo, recordó que en el país la legislación ya contempla instrumentos como el derecho de réplica para corregir información falsa, por lo que, dijo, también es necesario fortalecer el cumplimiento de las disposiciones vigentes. Al respecto, también explicó que una de las prioridades del gobierno es combatir la desinformación mediante la difusión de información oficial y datos verificables, antes que restringir la propagación de contenidos.

Gobierno analizará colaboración con Google, Meta y Tiktok para combatir difusión masiva de noticias falsas

En una segunda intervención, este semanario consultó a la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde, sobre la posibilidad de que el gobierno mexicano pueda impulsar algún mecanismo de colaboración con las plataformas digitales como Google, Meta y TikTok para combatir la difusión masiva de noticias falsas, particularmente aquellas impulsadas mediante redes de bots y trolls, así como establecer advertencias visibles cuando el contenido haya sido generado o manipulado con inteligencia artificial.

Como respuesta, la consejera jurídica señaló que esa posibilidad forma parte de un debate permanente; sin embargo, no descartó la posibilidad de analizar convenios específicos con los directivos de las plataformas digitales. “Este tipo de convenios específicos lo podemos analizar, o de posibles legislaciones y regulaciones, y todo en aras de poder promover la responsabilidad individual y de cada uno de los medios respecto a qué se difunde”, sostuvo.

Y agregó que, en la actualidad, “lo importante, y para eso existe este espacio, es poner en evidencia con datos duros, con datos oficiales, con datos de las propias dependencias, qué es lo que está sucediendo y cómo estos fenómenos de desinformación pasan, porque a veces no es el contenido de la nota, es el título”.

Bajo esas palabras, Luisa María precisó que la prioridad del gobierno es seguir combatiendo la desinformación mediante la difusión de información oficial y datos verificables, además de reforzar la transparencia sobre las actuaciones de las instituciones públicas. En ese sentido, sostuvo que las conferencias matutinas buscan poner a disposición de la ciudadanía información oficial para contrastar versiones y dar seguimiento a temas de interés público.

“Hay un verdadero compromiso de la presidenta de México de la transparencia. Lo público debe ser cada vez más público. Por eso existen las Mañaneras del Pueblo, para poder mantener ese sentido de publicidad absoluta. Y el pueblo de México va conociendo en este y en varios casos cómo se están dando incluso estas propias conversaciones”.