En los últimos días México ha sufrido continuas matanzas, balaceras. El pasado 14 de agosto, en el Acuario de Veracruz, hubo hasta granadas; el 21 del mismo mes, un tiroteo en el estadio de fútbol Territorio Santos Modelo, en Torreón, Coahuila, y un crimen terrible en el Casino Royale en Monterrey, Nuevo León, el 25 también del mismo mes: un incendio intencional que provocó la muerte de 53 personas. Estos actos buscan crear una situación de pánico y parálisis. Constituyen actos de terrorismo, de los que no había antecedentes en México hasta hace muy poco tiempo. Estos ataques coinciden con la intención del gobierno de aprobar la Ley de Seguridad Nacional que le daría amplias facultades al Ejército para intervenir en la vida social y política en todo el país, al establecer un modelo de “estado de excepción” que viola principios básicos de la Constitución.

 

Se está preparando un clima propicio para la aprobación a una legislación similar a la “Acta” o “Ley Patriótica” que promulgó el gobierno de George W Bush en Estados Unidos, luego del atentado en contra de las Torres Gemelas. Estas acciones impulsan el proceso de militarización del país, así como la imposición del gobierno y la policía federal por encima de los estados y municipios, como sucedió con el michoacanazo (sin tomar en cuenta al poder local, se detuvo a 35 presidentes municipales, que meses después fueron liberados por falta de pruebas).

 

Es la misma forma de gobierno “por decretos ejecutivos” que se implanta en Estados Unidos al imponer el mando del presidente por encima de los otros poderes: el Congreso de la Unión, los estados y los policías locales. Ese mismo modelo se está desarrollando en México. El caso más grave lo constituye la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), firmada el 23 de marzo de 2005 por los exmandatarios Vicente Fox, George W Bush y Paul Martin, al representar el Ejecutivo de los tres países saltándose olímpicamente a sus respectivos congresos. El ASPAN comprometió a Canadá, Estados Unidos y México a una integración en seguridad y energética. Así, el Ejecutivo se otorga facultades legislativas que no le competen, según la Carta Magna (artículo 89).

 

En 2002, al anunciar “las estrategias de seguridad de Estados Unidos”, Bush se adjudicó el derecho de actuar en todo el mundo para imponer la economía de mercado y garantizar la seguridad energética y atacar a quien considere una amenaza a sus intereses. El gobierno de Estados Unidos está empeñado no sólo en controlar nuestro petróleo sino también en integrar militarmente a México. Luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Washington creó el Comando Norte (el 1 de octubre de 2002).

 

Según documentos oficiales, se creó el Comando: “con el fin de proveer mando y control de los esfuerzos del Departamento de Defensa de Estados Unidos para la seguridad del territorio nacional y para coordinar el apoyo del Departamento de la Defensa a las autoridades civiles. Este organismo defiende el territorio nacional [sic] –protege a la población, el poder nacional y la libertad de acción. El Comando Norte se encuentra localizado en la base aérea Peterson, Colorado Springs, Colorado. El área de responsabilidad de Estados Unidos Comando Norte [mando combatiente unificado de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos].Incluye vías de acceso aéreo, terrestre y marítimas y abarca Estados Unidos continentales, Alaska, Canadá, México (sic) y las aguas hasta aproximadamente 500 millas náuticas. También incluye el Golfo de México y los estrechos de la Florida. Éste se consolida bajo un comando unificado de las misiones existentes que fueron ejecutadas previamente por otras organizaciones del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Esto provee unidad de comando, lo cual es crítico para realizar la misión.”

 

Esta medida busca claramente subordinar e integrar a las fuerzas de seguridad mexicanas bajo el mando unificado del Departamento Defensa de Estados Unidos. Cuando se anunció éste plan, el Ejército mexicano rechazó abiertamente su participación. El 2 de abril de 2002, el general Javier del Real Magallanes, subjefe operativo del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional de México, indicó que “el denominado Comando Norte no involucra al ejército nacional ni cambia la relación entre los dos países (BBC Mundo)”.

 

Pero Washington comenzó a considerar oficialmente a Canadá y a México no sólo como parte de su seguridad nacional, sino también de su territorio. Desde ese momento inició la integración de nuestro país a su área de seguridad, en otras palabras, propició el control militar directo de México para “salvaguardar la seguridad de Norteamérica”. En esas fechas hubo resistencia del Senado y el Ejército, y México se negó a integrarse formalmente al Comando Norte, lo que violaría nuestra Constitución y soberanía. Sin embargo, la “colaboración” se fue estrechando.

 

En 2005 aprobó el Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y continuó la insistencia de que México se uniera a “la lucha contra el terrorismo”. Pero en México no había terrorismo, y ese fue el principal argumento para evadir el compromiso de integración. Sin embargo, Washington sigue procurando sus objetivos paso a paso. Las presiones se intensificaron; en febrero de 2006, John Dimitri Negroponte, director de inteligencia de Estados Unidos, declara: “México junto con Haití se encuentra en la lista de países de alto riesgo, en cuanto a la penetración del narcotráfico y crimen organizado debido a la incapacidad del gobierno para combatir el clima de violencia e inseguridad patente en la frontera Norte, vulnerable a la penetración de terroristas”.

 

Antes de comenzar el gobierno de Felipe Calderón, en octubre de 2006 la administración Bush “mandó a Karen Tandy, administradora general de la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas (DEA), y a David Gaddis, jefe de la DEA, a reunirse con el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, yel embajador de México en el Reino Unido, Eduardo Medina Mora, para preparar el inicio de la “guerra”, que arrancó el 12 de diciembre de 2006, en Michoacán.

 

También en octubre de ese año se discutió el Plan México 2030, en el que el futuro gobierno planteó claramente el objetivo de la integración militar y la entrega de los recursos nacionales al vecino del Norte. Ya en 2007 se dio otro paso para la implementación de la ASPAN y la integración militar al acordarse la Iniciativa Mérida o Plan México, entre Bush y Calderón. El 22 de octubre de 2007 se anunció un financiamiento de 1 mil 400 millones de dólares bajo el concepto de “cooperación bilateral”. La iniciativa Mérida implica la integración del aparato de inteligencia mexicano a las agencias estadunidenses, que son quienes proporcionan los equipos de espionaje, armamento y mandan “capacitadores” que más bien son supervisores. Toda la información que compete a la seguridad interna de México se comparte sin límites con las agencias de seguridad de Estados Unidos. Precisamente con el mismo país que ha sido el que nos ha invadido tantas veces a lo largo de los siglos XIX y XX, que nos robó más de la mitad del territorio y que es el principal peligro para la soberanía nacional.

 

Casualmente el ascenso de matanzas y crímenes en México (en Michoacán, Tijuana, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, Nuevo León, Guerrero) ha crecido a partir de que Fox y Calderón firmaron la integración en materia de seguridad y energética con George W Bush. Y desde el momento en que muy agresivamente Estados Unidos presiona a México para obligarlo a unirse a su “lucha contra el terrorismo”, ayudar en sus guerras imperiales e implementar medidas fascistas que nieguen las garantías individuales. A la colaboración de Fox, siguió el abierto sometimiento de Calderón (quien ante el presidente Barack Obama habló de “corresponsabilidad”).

 

En 2008 se intensificó el baño de sangre y coincide con la intención abierta de Calderón de privatizar Petróleos Mexicanos, al buscar crear un clima de pánico entre la población para ayudar a justificar la injerencia estadunidense en un México “ingobernable”: impulsar la militarización y medidas fascistas de control sobre la población para cerrar el paso al movimiento democrático que busca transformar nuestro país en un México soberano, en el que podamos vivir en bienestar, paz y seguridad. Un punto de quiebre fue el bombazo en Morelia durante el grito de Independencia del 15 de septiembre de 2008. En ese momento ya se podía hablar de “terrorismo” en México, pues el blanco fue la población civil.

 

A la semana siguiente, el lunes 23 de septiembre en una cena con la Foreign Policy Association, en Nueva York, Felipe Calderón señaló que “si Estados Unidos y México quieren ganar la guerra, deben trabajar juntos. Al día siguiente en la Organización de las Naciones Unidas habló del terrorismo e indicó que en el mundo actual hay desafíos que no reconocen fronteras. Así dio otro paso para la integración y subordinación militar de México ante Estados Unidos.

 

En el pasado México ha sido un país con una política propia que era capaz de oponerse a Washington: se negó a romper relaciones con Cuba, promovió el Tratado de Tlatelolco contra la proliferación de armas nucleares, se rehusó a colaborar en las invasiones a Corea y a la República Dominicana. Hoy, ante la situación mundial y de Latinoamérica, los planes geoestratégicos de Estados Unidos incluyen necesariamente el control total de México. Estados Unidos está en decadencia económica, en una crisis sin salida por lo que le urge imponerse por la vía militar. Su salida es la guerra y ahora luego de Irak y Afganistán, se lanzan contra Libia a través de laOrganización del Tratado Atlántico Norte, bombardean Pakistán y amenazan a Yemen, Siria e Irán.

 

Para sus planes de guerra necesitan, como nunca antes, adueñarse de nuestro espacio geoestratégico y de nuestro petróleo (Fox nos convirtió en el segundo proveedor de Estados Unidos), riquezas y población como plataforma para su lucha por la hegemonía mundial. En julio de 2008, luego de 58 años, Estados Unidos puso a funcionar la IV Flota Naval –que había actuado de 1943 a 1950 en el marco de la Segunda Guerra Mundial– que cuenta con armas nucleares, para enfrentar la oposición de Venezuela, Bolivia, Cuba, en Latinoamérica y aspira a implementar bases militares en México. En Colombia ya tiene siete bases.

 

Estados Unidos haría cualquier cosa para crear el clima en el que nos incluya en “la lucha contra el terrorismo” que le serviría de pretexto para intensificar su guerra por el imperio mundial. Así se las gastan, recordemos que Estados Unidos se caracteriza por realizar autoatentados con el objeto de iniciar las guerras que le convienen como sucedió con el hundimiento del acorazado Maine en Cuba, para iniciar la guerra contra España; las explosiones de minas en el Golfo de Tonkin en Vietnam, para escalar la intervención en ese país; el hundimiento del Potrero del Llano y el Faja de Oro en el Golfo de México para obligar al gobierno mexicano a integrarnos a la Segunda Guerra Mundial; y la caída de las Torres Gemelas en Nueva York dio pie a las guerras de Afganistan e Irak, que necesitaba para salir de la crisis del 2001.

 

En las últimas semanas se anunciaron públicamente hechos que aunque eran ya sabidos, no se les ha prestado atención. El escándalo lo detonó el artículo de Ginger Thompson, corresponsal del New York Times, el pasado 7 de agosto, quien revela la presencia en México de agentes de la Agencia Central de Inteligencia, la DEA y del Pentágono “en retiro” en una base militar en el Norte. Antes, el 10 de mayo pasado el director de la Iniciativa Mérida, el militar estadunidense Keith Mines anuncia la apertura de una base militar en Puebla, disfrazada como “Academia de Formación Policial”.

 

Es ahora cuando se pone atención al crimen de la integración militar con Estados Unidos cuando comenzó desde el 23 de marzo de 2005, en que Vicente Fox firmó con George W Bush el ASPAN y se intensificó con Obama en 2009 al aceptarse la apertura de la Oficina Binacional de Inteligencia, en Reforma 265, y la integración a las maniobras militares “Unitas” con la armada de Estados Unidos. La integración militar Estados Unidos-México se realiza luego de culminar la integración económica a través del TLCAN y la integración política que significó la subordinación de los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón a las políticas de Washington, a nivel nacional e internacional. Ahora para fines prácticos ya estamos integrados en el Comando Norte. A fines de agosto pasado nuevamente The New York Times da a conocer la implementación de la Operación Boomerang en la que actúan fuerzas militares mexicanas en coordinación con el Comando Norte, para la seguridad norteamericana. Pero aclaran que “no son operaciones conjuntas” (sic).

 

Ya el 10 de mayo pasado se había anunciado la apertura en Los Encinos, San Salvador Chachapa, Puebla, de una “Academia de Formación Policial”, inaugurada por Keith Mines, un militar con 22 años de servicio y que viene de Afganistán, quien declara en la inauguración que en esa instalación en un terreno que era reserva ecológica que ahí actuarían directamente la Oficina Federal de Investigación, el Servicio Secreto de los Estados Unidos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Servicio de Investigación Criminal Naval y otras agencias. Ya sobrevuelan los cielos mexicanos los “drones” o aviones no tripulados y ya se anunciaron las “aduanas internas”, es decir, aduanas de Estados Unidos en territorio mexicano.

 

Vivimos de lleno un sistema neocolonialista en el que las riquezas de México están al servicio de las grandes corporaciones extranjeras. Ya se dio la concesión de tres campos maduros en Tabasco a empresas privadas que se adueñaran de porciones de territorio nacional que abarcan una superficie total de 312 kilómetros cuadrados, con una reserva de 207 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente, y se preparan para entregar otros campos maduros de la región Norte, Chicontepec y aguas profundas. En abierta violación a la Constitución.

 

En las últimas décadas, Washington impulsa políticas a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para desmantelar la soberanía económica y política de México. El TLCAN, significó la subordinación económica de México; el ASPAN, la subordinación política. El neoliberalismo lleva gradualmente a la desintegración de México, en beneficio de Estados Unidos. En éste contexto, la “guerra” contra las drogas –que inició el expresidente, Richard Nixon hace 40 años– es un pretexto para intervenir en los demás países, como lo demuestran Colombia y México y las extensiones de las redes criminales una consecuencia del neoliberalismo y la globalización salvaje que sufrimos. El aumento de la criminalidad se dispara en un primer momento en 1995, con la firma del TLCAN; y las matanzas, a partir de la firma de la ASPAN en 2005.

 

Han sido el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional los que conducen a México al desastre. Hace falta una fuerza que recupere el proyecto nacional, la soberanía y los derechos del pueblo. En éstos momentos la tarea central es derrotar al PRIAN y a sus aliados (Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México, cúpula del  Partido de la Revolución Democrática).

 

La promoción del voto nulo y la abstención, como se vio en el Estado de México, sólo ayuda al PRIAN. La crítica a “todos los políticos” y el desencanto y desmoralización solo ayuda a éste. Hoy la alternativa para acabar con el PRIAN la representa el Movimiento de Regeneración Nacional y Andrés Manuel López Obrador. Luego de la derrota del PRIAN será necesario que el pueblo implante las profundas transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales necesarias para el México del siglo XXI; la primera de todas, recuperar el pleno poderío económico, político y militar. Es responsabilidad social de todos los mexicanos entender ésta situación y buscar la solución al problema y amenazas que sufrimos y luchar para recuperar la soberanía y derechos. Esa es la condición necesaria para lograr el desarrollo, el bienestar y sobre todo la paz que anhelamos.